SEGURIDAD · MEDIUM
INEGI: 1 de cada 4 empresas en México fue víctima de delito en 2025
El INEGI revela que 3 millones de delitos afectaron al sector productivo el año pasado. La extorsión telefónica lidera la lista de ilícitos, mientras que la inseguridad percibida supera el 71%.
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del INEGI expone una crisis silenciosa: 1.4 millones de unidades económicas sufrieron al menos un delito en 2025. Con 3 millones de ilícitos registrados, la extorsión telefónica se consolida como la principal amenaza, seguida del robo hormiga. La percepción de inseguridad es crítica en estados como Baja California y Querétaro, evidenciando que la violencia no solo daña balances, sino que paraliza la actividad comercial y desalienta la inversión en gran parte del territorio nacional.
La seguridad empresarial en México ha cruzado un umbral crítico. Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pintan un panorama desolador para el sector productivo: una de cada cuatro empresas en el país fue víctima de al menos un delito durante 2025. Esta cifra, que equivale a 1.4 millones de unidades económicas, no es solo un dato estadístico; es el reflejo de un entorno donde la ilegalidad se ha normalizado como un costo operativo más para los negocios mexicanos.
La medición oficial, levantada tras entrevistar a más de 36,000 establecimientos distribuidos en todo el territorio nacional, reveló que se cometieron aproximadamente 3 millones de delitos contra el sector productivo. Este volumen de violencia económica tiene implicaciones directas en la estabilidad macroeconómica, la confianza de los inversionistas y la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que son las más vulnerables ante estos shocks.
La extorsión se consolida como la amenaza número uno, siendo la modalidad más frecuente de los ilícitos reportados. A diferencia de los asaltos a mano armada que ocurren en la vía pública, la extorsión, en su mayoría telefónica, ataca la estructura operativa del negocio desde la distancia. Este tipo de delito genera un clima de terror psicológico y financiero, obligando a las empresas a destinar recursos a la protección o, en casos extremos, a cerrar operaciones. La naturaleza digital y anónima de muchas de estas amenazas dificulta la investigación y la persecución penal, dejando a los empresarios en una posición de indefensión.
Junto a la extorsión, el robo hormiga y el asalto o robo de bienes completan el trío de delitos más recurrentes. El robo hormiga, caracterizado por su frecuencia y bajo monto individual, erosiona silenciosamente la rentabilidad de comercios y cadenas de distribución. No se trata de un delito menor; su acumulación diaria representa pérdidas millonarias para el sector y fomenta la desconfianza entre proveedores, distribuidores y clientes. Estos ilícitos no solo afectan el balance general, sino que también impactan la cadena de suministro, elevando los precios finales para el consumidor y reduciendo la competitividad del producto nacional.
Más allá de las cifras frías, la percepción de inseguridad entre los comerciantes es alarmante. Más del 71% de los encuestados considera inseguro el estado donde opera su negocio. Esta percepción no es abstracta; se traduce en decisiones de negocio concretas: reducción de horarios, cierre de sucursales, inversión en seguridad privada costosa o, en el peor de los casos, la deslocalización de capitales hacia países con mayor certeza jurídica. La inseguridad percibida actúa como un impuesto invisible que penaliza la actividad económica legítima.
El mapa de la inseguridad empresarial no es homogéneo. El reporte del INEGI destaca tasas críticas en entidades como Baja California y Querétaro. En Baja California, la proximidad con la frontera y la presencia de organizaciones criminales transnacionales han convertido a estados como Tijuana y Mexicali en zonas de alto riesgo para el comercio y la logística. Por su parte, Querétaro, tradicionalmente considerado un estado seguro y con fuerte atractivo industrial, muestra ahora grietas significativas en su tejido de seguridad empresarial, lo que podría alterar su posición como hub de manufactura y servicios.
Estos datos de la ENVE 2026 llegan en un momento de tensión económica global. Para México, que busca atraer inversión extranjera directa bajo la narrativa del *nearshoring*, la seguridad empresarial es un factor determinante. Un entorno inseguro disuade la inversión a largo plazo. Los inversionistas no solo buscan mano de obra calificada y cercanía al mercado estadounidense; buscan certeza jurídica y protección de sus activos. Si las empresas mexicanas operan bajo la amenaza constante de extorsión y robo, la rentabilidad de las operaciones se ve comprometida, y la sostenibilidad del modelo de crecimiento basado en la relocalización industrial se pone en riesgo.
El gobierno federal y los gobiernos estatales enfrentan un desafío urgente. Las estrategias tradicionales de seguridad, centradas en la confrontación armada, han demostrado ser insuficientes para proteger el tejido económico. Se requieren políticas integrales que incluyan la desarticulación de las redes de extorsión, la mejora en la respuesta policial ante delitos patrimoniales y la creación de canales efectivos de denuncia que protejan a las víctimas de represalias. Sin una mejora tangible en la seguridad empresarial, los datos de la ENVE seguirán siendo un termómetro de la crisis de gobernabilidad en México.
Lo que observaremos a continuación es la respuesta política y operativa ante estos hallazgos. ¿Se implementarán medidas específicas para proteger al sector productivo? ¿O la extorsión y el robo seguirán siendo considerados "costos del negocio"? La capacidad del Estado para revertir esta tendencia definirá no solo la seguridad ciudadana, sino la viabilidad económica de México en los próximos años.