Ley Mariana Lima entra en vigor en Edomex: obliga a investigar con perspectiva de género

La Ley Mariana Lima Buendía ya está vigente en el Estado de México. El decreto 362, aprobado por unanimidad en el Congreso mexiquense el 10 de septiembre y publicado en la Gaceta del Gobierno el 25 de septiembre, entró en vigor al día siguiente. La reforma obliga a la Fiscalía estatal a investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género y debida diligencia, bajo el protocolo de feminicidio, y establece sanciones para los servidores públicos que incurran en corrupción, omisiones, negligencia u obstaculicen las investigaciones y la administración de justicia.

El significado público del hecho es doble. Por un lado, convierte en obligación legal los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó en la sentencia del caso Mariana Lima, emitida el 25 de marzo de 2015. Por otro, responde a un patrón documentado: la muerte de Mariana Lima Buendía fue presentada inicialmente como suicidio y su madre, Irinea Buendía Cortés, tuvo que llevar el caso hasta el máximo tribunal para que se reabriera la investigación con perspectiva de género. Once años después de aquella resolución, esos criterios se traducen en ley estatal.

La reforma modifica el artículo 50 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México para que la Fiscalía no cierre anticipadamente una investigación ni descarte la posibilidad de un feminicidio sin agotar las líneas correspondientes. La disposición incluye expresamente suicidios, accidentes y homicidios. No implica que toda muerte violenta deba clasificarse automáticamente como feminicidio: la obligación consiste en investigar con perspectiva de género, reunir pruebas y determinar si existieron razones de género o circunstancias que permitan acreditar ese delito.

Pablo Navarrete Gutiérrez, abogado y defensor de derechos humanos que acompañó a Irinea Buendía en la construcción de la reforma, explicó que la intención es hacer explícita la responsabilidad de la Fiscalía. "Yo le planteé a doña Irinea la idea de que hiciéramos de una sentencia una ley", recordó. El planteamiento surgió después de que la madre de Mariana recorrió distintas entidades del país para difundir los alcances de la resolución judicial y encontraron que numerosas fiscalías desconocían sus obligaciones o no aplicaban los protocolos correspondientes.

La iniciativa fue presentada por la diputada Jennifer Nathalie González López, de Morena, y aprobada por unanimidad, lo que sugiere un consenso político amplio sobre la obligación de investigar con perspectiva de género. El respaldo unánime no garantiza por sí mismo la aplicación efectiva de la norma, pero reduce el margen para que la reforma sea revertida o ignorada sin costo político.

La lectura

El caso de Mariana Lima muestra por qué la diferencia entre investigar y descartar importa. Su muerte fue archivada inicialmente como suicidio, pero su madre no aceptó esa explicación y durante años exigió que las autoridades revisaran el expediente. La sentencia de la SCJN permitió reabrir el caso y estableció tres obligaciones fundamentales: investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas con perspectiva de género; sancionar a los servidores públicos que incurran en omisiones, negligencias o actos que obstaculicen la justicia, y reparar el daño causado a las víctimas e impulsar cambios institucionales para evitar que esas conductas se repitan.

Navarrete advirtió que uno de los problemas más graves es que las investigaciones pueden comenzar con una explicación que después se convierte en una barrera para conocer la verdad. Cuando una muerte se clasifica de manera precipitada como suicidio o accidente, sin revisar adecuadamente las circunstancias, se corre el riesgo de dejar sin investigar posibles indicios de violencia de género. Como ejemplo de la dimensión del fenómeno, citó cifras que muestran que los suicidios de mujeres pasaron de 921 en 2010 a mil 769 en 2025, un incremento de 92.1 por ciento; en ese periodo se acumularon 21 mil 510 casos. "No sabemos cuántos feminicidios podrían estar ocultos detrás de aparentes suicidios, precisamente porque no siempre se investiga adecuadamente la muerte violenta de las mujeres", planteó. El señalamiento, aclaró, no supone que todos los suicidios sean feminicidios, sino que las autoridades deben investigar las circunstancias de cada caso y no descartar de antemano ninguna línea.

La reforma también plantea una pregunta para las instituciones: cuántas muertes de mujeres pudieron ser investigadas de manera deficiente y cuántos casos fueron descartados sin agotar las líneas de investigación. La perspectiva de género, explicó Navarrete, debe estar presente desde el inicio de la investigación y no aparecer solamente cuando las familias consiguen presionar para que se revise un expediente.

Qué sigue

El reto ahora es llevar la ley a las fiscalías: traducirla en investigaciones distintas, atención digna a las familias y sanciones efectivas para los funcionarios que, desde las instituciones, impidan el acceso a la justicia. Navarrete sostuvo que el resultado representa un avance importante, pero no resuelve por sí mismo el problema. La intención declarada es que el Estado de México se convierta en el punto de partida de un cambio nacional.

Queda por esclarecer cómo se implementará la norma en la práctica: qué protocolos operativos adoptará la Fiscalía mexiquense, cómo se capacitará al personal y qué mecanismos de supervisión existirán para que las sanciones a funcionarios no queden en el papel. La evidencia disponible no permite determinar todavía si la reforma cambiará el curso de investigaciones concretas ni cuántos casos podrían reabrirse. Esos elementos faltan para sostener una lectura sobre su impacto real.