Sheinbaum confirma que México sabía de la orden de captura contra juez detenido en Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles que su gobierno tenía conocimiento de la orden de aprehensión emitida por Estados Unidos contra el juez mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia a principios de noviembre por presuntamente recibir un soborno de dos millones de dólares para liberar a Andrew Clark, segundo al mando de la organización criminal encabezada por el ex deportista olímpico canadiense Ryan Wedding.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reconoció que se sabía de "una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos" y que el juzgador había salido de México antes de ser detenido en Colombia. La confirmación presidencial sitúa el caso en el terreno de la cooperación judicial binacional y abre preguntas sobre el momento en que las autoridades mexicanas conocieron la investigación y qué acciones se tomaron.

Benítez Alcántara fue aprehendido en una acción coordinada con autoridades estadounidenses, que buscan extraditarlo por nueve cargos federales por presuntamente utilizar su cargo para favorecer a uno de los principales operadores de Wedding. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el hombre de 49 años habría recibido dos millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación de Clark el 24 de febrero de 2025.

El narcotraficante canadiense fue detenido nuevamente días después y extraditado a Estados Unidos, donde su proceso penal continúa pendiente. Benítez Alcántara aprovechó su cargo en Ciudad de México, donde tenía a su cargo procedimientos de extradición, para favorecer al presunto narcotraficante canadiense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Benítez Alcántara, de ser declarado culpable, podría recibir una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada cargo. Esta es la primera cuantificación de la posible sanción y subraya la gravedad de las acusaciones.

El Tribunal de Disciplina Judicial informó que el juzgador ya contaba con cuatro procedimientos administrativos por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, y anunció una nueva investigación tras la detención en Colombia. La existencia de cuatro procedimientos previos sugiere que el comportamiento del juez estaba bajo escrutinio interno antes de su detención, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles judiciales.

La defensa de Benítez Alcántara ha negado las acusaciones y busca evitar la extradición al aseverar que cualquier acción a raíz de sus resoluciones debe ser juzgada por las autoridades mexicanas. Este argumento podría alargar el proceso en Colombia y retrasar una eventual entrega a Estados Unidos.

Sheinbaum delegó al Gabinete de Seguridad y al Poder Judicial informar mayores detalles sobre el caso, lo que sugiere que la información disponible hasta ahora es fragmentaria y que podrían surgir nuevos elementos en los próximos días.

La lectura

El caso de Benítez Alcántara expone una falla en la cadena de controles judiciales: un juez con cuatro procedimientos administrativos previos pudo presuntamente recibir un soborno millonario y liberar a un operador de alto perfil. La confirmación de que México conocía la orden de aprehensión estadounidense desde antes de la detención en Colombia sugiere que la cooperación con Washington funcionó, pero también plantea dudas sobre la oportunidad de las acciones internas. La respuesta institucional ha sido delegar la información a áreas técnicas, lo que refleja cautela, pero no aclara si existió una investigación paralela en México ni por qué no se actuó antes.

Qué sigue

La defensa del juez buscará frenar su extradición a Estados Unidos, mientras el Tribunal de Disciplina Judicial sustancia una nueva investigación administrativa. El Departamento de Justicia estadounidense continuará el proceso penal por nueve cargos federales. Queda por esclarecer si las autoridades mexicanas abrieron su propia investigación, en qué fecha exacta se recibió la orden de aprehensión y por qué el juez pudo salir del país. El Gabinete de Seguridad y el Poder Judicial deberán informar los detalles que la presidenta dejó pendientes. La cooperación binacional en materia judicial y la integridad del sistema de extradiciones quedan bajo escrutinio.