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Sinaloa atribuye 13 muertes en prisiones a salud y suicidios sin esclarecer
La Secretaría de Seguridad Pública estatal da explicaciones preliminares sobre los fallecimientos de internos en 2026, la mayoría en El Castillo y Culiacán, mientras la Fiscalía no ha determinado judicialmente las causas.
Autoridades de Sinaloa reportan 13 internos fallecidos en centros penitenciarios durante 2026, atribuidos de forma preliminar a enfermedades o presuntos suicidios. Los casos se concentran en El Castillo, en Mazatlán, y en el penal de Culiacán. La Fiscalía General del Estado no ha esclarecido judicialmente las causas, lo que deja abierta la pregunta sobre las condiciones de custodia y la calidad de
Trece muertes y una explicación preliminar
A lo largo de 2026, los centros penitenciarios de Sinaloa han registrado 13 fallecimientos de personas privadas de la libertad. La Secretaría de Seguridad Pública estatal los atribuye de forma preliminar a enfermedades o presuntos suicidios, sin que las autoridades judiciales hayan esclarecido las causas. El caso más reciente ocurrió la noche del lunes en el reclusorio de El Castillo, en Mazatlán, donde un interno fue localizado muerto en su celda; la dependencia informó que existe la posibilidad de que se trate de un nuevo suicidio.
La cifra no es menor para una entidad que opera varios recintos con poblaciones numerosas. La acumulación de 13 decesos en un año, explicados con las mismas dos categorías —salud y presunto suicidio—, plantea una pregunta pública sobre qué se sabe realmente de cada caso y qué se ha investigado. La autoridad penitenciaria ofrece una hipótesis inicial; la Fiscalía General del Estado, que intervino desde el primer fallecimiento con peritos y forenses, no ha comunicado conclusiones judiciales.
Un patrón que se repite
El primer caso documentado fue el domingo 1 de febrero, en el módulo 17 del centro penitenciario de Culiacán: un interno fue encontrado colgado de los barrotes de su celda, lo que motivó la suspensión de visitas familiares mientras se realizaban las diligencias. Cinco días después, en el mismo penal, Fabián Alonso “N” murió por una insuficiencia cardiaca mientras era atendido en el área médica. En abril, Carlos Alberto “N” fue hallado colgado en su celda durante una revisión posterior a la visita.
En mayo se reportaron dos defunciones más en fechas distintas: una en Culiacán, dictaminada de forma provisional como suicidio, y otra en El Castillo, donde un interno se desvaneció durante un juego de beisbol y falleció presuntamente por infarto. En junio se registraron otros tres decesos, dos en El Castillo y uno en el centro de reclusión de Goros Dos, en Ahome, correspondiente a Mercedes “N”, quien presuntamente murió durante su traslado a un hospital.
En octubre, la Secretaría de Seguridad Pública informó del fallecimiento de Fabián “N” en el penal de Culiacán por un posible problema cardiaco, y cuatro días después reportó otra muerte por la misma causa en Goros Dos. Ese mismo mes dio a conocer que dos internos de El Castillo habían muerto: uno hospitalizado por tuberculosis y diabetes, y otro que presuntamente se quitó la vida.
Los registros públicos disponibles describen los decesos con fórmulas breves —"presuntamente", "posible", "se habría quitado la vida"— que no equivalen a una determinación forense ni a una resolución judicial. Esa diferencia importa: una hipótesis administrativa no es lo mismo que una causa establecida tras investigación ministerial.
La lectura
El patrón tiene varias aristas. Primero, la concentración de casos en El Castillo y en el penal de Culiacán sugiere que las condiciones de esos recintos —atención médica, supervisión, protocolos de prevención de suicidios— merecen revisión pública. Según lo reportado, varios internos murieron por problemas cardiacos o durante traslados hospitalarios, lo que apunta a posibles fallas en la detección y atención oportuna de padecimientos.
Segundo, la categoría "presunto suicidio" aparece de manera recurrente sin que se conozcan resultados de las investigaciones. Cuando una muerte en custodia se explica con una etiqueta preliminar y no con una determinación judicial, la rendición de cuentas queda incompleta y se dificulta distinguir entre un hecho lamentable y una posible negligencia institucional.
Tercero, el marco de derechos humanos es relevante: el Estado tiene el deber de proteger la vida e integridad de las personas bajo su custodia. Cada deceso en prisión exige una investigación diligente, independiente y con acceso a la información para las familias. La evidencia disponible no permite afirmar que las autoridades hayan ocultado información ni que exista una conducta deliberada; tampoco permite descartarlo, porque las causas judiciales no se han hecho públicas.
La Fiscalía General del Estado, que inició diligencias desde febrero, no ha dado a conocer avances sustantivos sobre los 13 casos. La Secretaría de Seguridad Pública, por su parte, ha informado los fallecimientos sin detallar Protocolos de actuación, medidas disciplinarias o cambios en la operación de los penales.
Qué sigue
Queda por esclarecer cuántas de las 13 muertes cuentan con una causa forense formal, cuántas derivaron en carpetas de investigación y en qué estado se encuentran. También falta conocer si las familias han tenido acceso a los expedientes y si existe un registro público sistematizado de decesos en custodia en Sinaloa.
La pregunta central no es solo cuántos murieron, sino bajo qué condiciones y con qué respuesta institucional. Sin esa información, la explicación oficial de salud y presuntos suicidios seguirá siendo una hipótesis inicial, no una rendición de cuentas.