Tabasco reporta 12 policías dados de baja por abuso de autoridad e investiga otro caso

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, Alejandro Leal López, confirmó que alrededor de 12 elementos de la corporación han sido dados de baja por abuso de autoridad en lo que va del año, y que se investiga una nueva denuncia por agresión a un joven en un retén de Villahermosa. La cifra, enunciada por el propio responsable de la policía estatal, convierte una denuncia dispersa en un dato institucional: la corporación reconoce que la conducta irregular de sus elementos no es un episodio aislado.

“En lo que va del año, si no traigo mal el dato, alrededor de 12 elementos por ese tipo de situaciones. No voy a permitir abusos de autoridad, no voy a permitir actos de corrupción”, declaró Leal López. La frase tiene dos capas. Por un lado, ofrece un número verificable —aunque el propio funcionario lo matiza con un “si no traigo mal el dato”— sobre separaciones del cargo vinculadas a abuso de autoridad. Por otro, fija una postura pública frente a un problema que suele resolverse en expedientes internos sin difusión.

El anuncio no llegó solo. Cuestionado sobre la denuncia reciente por la agresión a un joven en un retén de Villahermosa, el titular de la SSPC señaló que el caso se canalizó a Asuntos Internos de la corporación, área que llevará las indagatorias, y que se mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE). Según expuso, de acuerdo con los resultados se procederá conforme a la ley con la separación del cargo de quien o quienes resulten responsables, ya sean policías o mandos medios, y no descartó una sanción penal si así lo determina la Fiscalía.

La investigación anunciada abarca a posibles mandos medios, no solo a los elementos en campo. “Si es necesario, claro que lo vamos a hacer. No vamos a tolerar ningún abuso de autoridad por ningún elemento”, puntualizó Leal López. En términos institucionales, esa referencia importa: en casos de abuso policial, la responsabilidad de mando suele ser el punto más difícil de acreditar y el que define si una depuración es real o solo un ajuste de personal operativo.

La lectura

El hecho central es que la propia SSPC cuantifica las bajas por abuso de autoridad mientras, al mismo tiempo, informa de un caso nuevo bajo investigación. Esa combinación admite dos lecturas que no se excluyen. La primera: existe una política de separación de elementos que incurren en conductas sancionables, y el funcionario la presenta como evidencia de que no hay tolerancia interna. La segunda: el flujo de casos sugiere que las prácticas de abuso no se han interrumpido, y que la respuesta institucional llega después de que la conducta ocurrió y, en este caso, después de que el episodio se hizo visible.

El dato de 12 bajas es verificable solo si la SSPC precisa expedientes, fechas, causas y niveles jerárquicos involucrados. Hasta ahora la evidencia disponible es la declaración del titular, no un desglose documental. La diferencia importa para distinguir entre denuncia, investigación, imputación y sentencia: una baja administrativa no equivale a una resolución penal, y un expediente abierto ante Asuntos Internos no anticipa responsabilidad.

El contexto que ofreció Leal López añade otro elemento. Lamentó que haya personas que busquen “empañar la imagen de la institución” difundiendo videos de operativos realizados años atrás, y pidió a la ciudadanía no dejarse “malinformar” en redes sociales. También dijo que se da seguimiento a investigaciones por la aparición de mantas con acusaciones contra personal de la corporación y otras autoridades, y rechazó los señalamientos.

Ese señalamiento de desinformación convive con un riesgo periodístico evidente: no toda crítica a la corporación es una campaña, ni todo video reciente acredita un abuso. La evidencia disponible no permite determinar cuántos de los materiales difundidos corresponden a esta administración ni cuántos son antiguos. Falta ese desglose para sostener una conclusión sobre la manipulación que describe el funcionario.

Qué sigue

La ruta institucional anunciada es concreta en su forma: Asuntos Internos investiga, la Fiscalía estatal actúa en su ámbito y la SSPC promete separar del cargo a los responsables, sean elementos o mandos. Lo que falta es el resultado. El expediente por la agresión al joven en Villahermosa debe traducirse en una resolución con nombre, cargo y sanción, o en una explicación pública de por qué no se acreditó la conducta. Sin ese paso, la promesa de “no encubrimiento” queda en el terreno de la declaración.

También queda pendiente la trazabilidad de las 12 bajas ya anunciadas: cuántas fueron por abuso de autoridad directa, cuántas por omisión de mando, en qué fechas ocurrieron y si alguna derivó en carpeta de investigación. La transparencia sobre esos puntos permitiría evaluar si la cifra refleja una depuración sistemática o una suma de casos dispersos.

Por lo pronto, el mensaje público de la SSPC es que la institución reconoce el problema y se compromete a sancionarlo. El indicador será el siguiente caso que se haga público y la velocidad con que la investigación se convierta, si corresponde, en una baja o una consignación.