SEGURIDAD · MEDIUM
Veracruz, penúltimo en justicia: alerta por calidad de sentencias
El World Justice Project 2025 coloca a Veracruz en el lugar 30 de 32 en impartición de justicia. Un abogado del Proyecto Inocencia vincula el dato con sentencias revocadas y desconfianza ciudadana.
Veracruz ocupa el lugar 30 de 32 en impartición de justicia según el World Justice Project 2025, con deficiencias en materia penal y civil. Tomás Mundo, fundador del Proyecto Inocencia, atribuye el rezago a decisiones judiciales de baja calidad y a la prioridad de cifras sobre garantías. El caso de Marlen Esmeralda Esquivel, condenada a 80 años y luego absuelta, ilustra el patrón.
Veracruz ocupa el lugar 30 de 32 entidades en impartición de justicia, según el informe 2025 del World Justice Project, un dato que el abogado Tomás Mundo, fundador del Proyecto Inocencia en el estado, presentó como una señal de alarma sobre la calidad de las decisiones judiciales y la confianza ciudadana en los tribunales.
El diagnóstico coloca a Veracruz entre las dos últimas entidades del país en materia penal y civil, con una diferencia de décimas respecto al lugar 31. “En materia penal y en materia civil nos pone como los últimos en impartir justicia en esas dos materias del país, los últimos. Estamos en el lugar 30 de 32, donde la reglita del 31 estamos a décimas”, dijo Mundo en entrevista.
La afirmación no se limita a una estadística. El abogado litigante sostiene que el problema central es la calidad de las resoluciones, no su volumen. “Marina Gascón lo llama el síndrome de los números. Presumen números, presumen sentencias condenatorias, presumen vinculaciones a proceso, pero lo que no presumen es la calidad de las decisiones. Ese es el problema central”, señaló.
El caso que ilustra el patrón
La advertencia de Mundo se apoya en un expediente que su organización ha seguido de cerca. Marlen Esmeralda Esquivel Ríos denunció en junio de 2021 el robo de un tractocamión y la desaparición de su conductor en la zona de Rinconada, Veracruz. Cuatro años después, un juez de enjuiciamiento la condenó a 80 años de prisión por el secuestro agravado de Gustavo N., un hombre cuyo cuerpo fue localizado sin vida el 8 de junio de 2021 en Casa Blanca, municipio de Puente Nacional.
La Fiscalía de Veracruz presentó la sentencia como ejemplar, pero una Sala Penal la revocó cinco meses después al concluir que las pruebas no sostenían jurídicamente la responsabilidad de la denunciante. La Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz ordenó su libertad. El caso incluyó el testimonio de un policía ministerial que acompañó a Esquivel en la búsqueda del vehículo y escuchó una llamada telefónica que después fue usada por la acusación para vincularla con el secuestro.
El episodio, documentado en la cobertura periodística del caso, muestra cómo una denuncia por robo puede derivar en una acusación por secuestro cuando las comunicaciones de la víctima se interpretan fuera de contexto. También expone la tensión entre la narrativa de resultados de la Fiscalía y la revisión judicial que revocó la condena.
La lectura
El dato del World Justice Project y el caso de Esquivel apuntan a un mismo problema: la distancia entre la producción de sentencias y la calidad argumentativa de las decisiones. La desconfianza ciudadana no es un prejuicio aislado: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública reporta que 63.7% de los veracruzanos percibe corruptos a los jueces y que solo 6.0% de los delitos se denuncia.
Esa combinación —baja denuncia, alta percepción de corrupción y un sistema que produce condenas de 80 años luego revocadas— sugiere un círculo en el que la ciudadanía evita acudir a las autoridades y los tribunales operan con escrutinio público mínimo. El informe del World Justice Project no mide intenciones, pero sí ubica a Veracruz en el extremo inferior de un ranking nacional que evalúa acceso, imparcialidad y efectividad.
El señalamiento de Mundo no es una acusación penal contra un juez específico, sino una lectura institucional: el sistema prioriza cifras de condenas sobre la motivación de las resoluciones. Esa distinción importa porque permite discutir el diseño de la carrera judicial y la evaluación de desempeño sin personalizar el debate.
Qué sigue
El caso de Marlen Esmeralda Esquivel Ríos dejó una investigación disciplinaria contra el magistrado que encabezó su absolución, según la cobertura del expediente. Esa indagatoria es un elemento que falta esclarecer: no se conoce su estado actual ni si derivó en una sanción. Tampoco hay evidencia pública de que el informe del World Justice Project haya producido una respuesta formal del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz o del Poder Judicial local.
Lo que queda sobre la mesa es una pregunta verificable: si la entidad ocupa el lugar 30 de 32 en impartición de justicia, ¿qué mecanismos de evaluación y corrección existen para revertir el rezago en materia penal y civil? La respuesta no está en el informe, sino en la capacidad institucional que el propio ranking cuestiona.