43 mujeres denuncian al Opus Dei y alertan que la causa puede prescribir en 2027

El papa León XIV concluyó su visita a Argentina sin recibir a las 43 mujeres que denunciaron al Opus Dei por trata de personas, servidumbre y explotación laboral. La ausencia de ese encuentro no cerró el reclamo: lo reabrió en otro terreno, el judicial, donde la causa que investiga las denuncias podría prescribir en septiembre de 2027. Representantes de Ending Clergy Abuse (ECA Global) advirtieron sobre ese riesgo en una conferencia de prensa en Buenos Aires y cuestionaron la falta de respuesta de la Santa Sede.

La presentación estuvo encabezada por el abogado y director de ECA Global, Sergio Salinas Giordano, y por Mathias Katsch, sobreviviente alemán y directivo de la organización. La organización internacional que acompaña a sobrevivientes de abusos eclesiásticos sostiene que los casos del Opus Dei, el Instituto Próvolo y el Sodalicio de Vida Cristiana no son hechos aislados, sino expresiones de un problema estructural de encubrimiento e impunidad.

“No puede haber una verdadera transformación institucional mientras la protección de las estructuras de poder siga prevaleciendo sobre los derechos de las víctimas”, advirtió Katsch durante el encuentro con periodistas.

El encuentro que no ocurrió y la audiencia reservada

ECA Global y el colectivo de las 43 mujeres habían solicitado formalmente una audiencia privada con León XIV durante su visita a Argentina. No obtuvieron respuesta favorable. En cambio, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el pontífice conversó durante más de una hora, el 9 de noviembre en Buenos Aires, con cinco personas identificadas como víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas. El comunicado indicó que los participantes fueron “presentados por la iglesia local”, pero no precisó sus identidades, las causas que representaban ni los criterios de convocatoria.

La falta de transparencia sobre quiénes accedieron al papa y bajo qué criterios generó malestar entre los representantes de ECA, que señalaron contradicciones entre las explicaciones de Roma y las autoridades eclesiásticas argentinas. Según expusieron, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina sostuvo que la reunión había sido organizada directamente por la Secretaría de Estado del Vaticano, lo que para la organización evidencia la opacidad en un asunto sensible.

El antecedente inmediato pesa: en octubre de 2025, representantes de ECA Global fueron recibidos por León XIV en el Vaticano, en la primera audiencia formal entre un papa y una red internacional dedicada a combatir los abusos clericales. “El año pasado fuimos recibidos por León XIV en el Vaticano y nos pidió trabajar con él. Si ese es su real compromiso, debería recibir a las víctimas en su visita al país, reconocer los abusos y pedir perdón”, manifestó Katsch.

La causa en el juzgado de Rafecas

El expediente que investiga las denuncias contra integrantes de la conducción del Opus Dei en Argentina tramita ante el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, con intervención del fiscal federal Eduardo Taiano y de los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.

El caso tomó estado público en 2021, cuando 43 mujeres denunciaron haber sido captadas cuando eran adolescentes, en muchos casos provenientes de familias de escasos recursos económicos. De acuerdo con sus testimonios, bajo promesas de formación, educación y progreso personal habrían sido sometidas durante décadas a condiciones de servidumbre, aislamiento y trabajo doméstico no remunerado al servicio de sacerdotes y miembros de la institución.

El dato que ordena la urgencia es el calendario: según los representantes de ECA, la causa podría prescribir en septiembre de 2027, por lo que reclaman medidas urgentes para evitar la impunidad. La advertencia no es un detalle procesal menor: define si las denuncias llegan a juicio o se diluyen en el tiempo.

La lectura

El episodio combina dos frentes que se refuerzan. Por un lado, la Santa Sede mantuvo un gesto de apertura —la audiencia reservada con cinco víctimas y el antecedente de 2025— pero no respondió al pedido específico de las 43 denunciantes del Opus Dei. Por otro, la causa judicial argentina avanza contra un reloj que, según ECA, podría agotarse antes de que el expediente produzca consecuencias. La combinación de opacidad vaticana y riesgo de prescripción configura, para la organización, un escenario donde la protección institucional puede prevalecer sobre los derechos de las víctimas.

Para los lectores en México y América Latina, el caso importa por dos razones. Primero, porque el Opus Dei es una estructura con presencia continental y las denuncias argentinas se suman a las del Sodalicio en Perú y el Instituto Próvolo, lo que sugiere un patrón regional que ECA describe como estructural. Segundo, porque la prescripción es un mecanismo que también opera en jurisdicciones latinoamericanas: la lección argentina es que la voluntad de las víctimas no basta si los tiempos procesales y la falta de colaboración institucional juegan en contra.

Qué sigue

ECA Global reclama que la Santa Sede asuma responsabilidades, garantice acceso a la verdad, colabore con la justicia y repare integralmente a las víctimas. También exige medidas urgentes para que la causa en el juzgado de Rafecas no prescriba en septiembre de 2027. No está claro, con la evidencia disponible, qué decisión tomará el Vaticano frente al pedido pendiente ni si la justicia argentina acelerará el expediente. Lo que sí queda documentado es que la visita papal no cerró el reclamo: lo trasladó a los tribunales y al calendario.