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Argentina lleva a tribunal marítimo su pulso con Reino Unido por petróleo en Malvinas
El Gobierno argentino pide medidas cautelares contra el proyecto Sea Lion en una audiencia que podría marcar un precedente en la disputa de soberanía.
Argentina solicita al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas cautelares para detener el proyecto petrolero Sea Lion al norte de las Malvinas. Las audiencias inician el 10 de noviembre de 2026 en Hamburgo. Es la primera acción judicial argentina contra el Reino Unido por explotación de recursos en el archipiélago. El tribunal podría resolver a fines de noviembre, antes de las perforacio
Argentina presentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas cautelares para detener el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La audiencia, que se extenderá hasta el miércoles, marca la primera acción judicial del país sudamericano contra el Reino Unido por la explotación de recursos en el archipiélago, ocupado por Londres desde 1833. El caso llega en un momento de alta tensión en el Atlántico Sur y podría sentar un precedente sobre cómo se dirimen las disputas de soberanía y recursos marítimos.
La estrategia argentina evita centrarse en la soberanía y pone el acento en la protección del medio marino y en los derechos sobre la plataforma continental. Según trascendió, la presentación no pide al tribunal que se pronuncie sobre la soberanía de las islas, materia fuera de su jurisdicción, sino que se limite a evaluar si la explotación de hidrocarburos en aguas disputadas viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El argumento ambiental sostiene que los artículos 192 y 194 de la convención obligan a los Estados a proteger el medio marino, y señala que ni Navitas ni Rockhopper, las empresas involucradas, han operado antes un yacimiento offshore en producción. El área, además, registra tormentas con olas de hasta 30 metros y está a entre 700 y 860 kilómetros de los puertos más próximos.
El equipo jurídico argentino está liderado por María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, y el embajador Mario Oyarzábal como agente, con asesores como el jurista Marcelo Kohen. La defensa británica incluye al profesor Vaughan Lowe, designado juez ad hoc por Londres, mientras que Argentina nombró a Raúl Vinuesa en reemplazo de Frida Armas Pfirter, quien se apartó del caso. Las audiencias son presididas por el camerunés Maurice Kamga.
El Reino Unido intentará desviar el foco hacia la jurisdicción del tribunal y oponerse a que el proceso se use para resolver la soberanía, aunque adelantó que acatará las medidas que se dicten. Londres respaldó este año las licencias concedidas por el gobierno de las islas, que Argentina califica de ilegales. El académico australiano Donald Rothwell señaló que Argentina tendrá que persuadir al tribunal de que la disputa corresponde al derecho del mar.
El contexto regional añade complejidad. La visita de Ana, hermana del rey Carlos III, a las islas y las Georgias del Sur hasta el 20 de noviembre, coincide con el inicio de una ruta comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino a cargo de la naviera chilena Easter Island. En Argentina, el Congreso discute una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el oficialismo busca votar en Diputados en las próximas semanas.
La lectura
El caso Sea Lion es una prueba de fuego para la eficacia de los mecanismos de solución de controversias de la CONVEMAR cuando están involucrados territorios disputados. Argentina busca evitar la cuestión de soberanía para que el tribunal pueda pronunciarse sobre la explotación de recursos, pero el Reino Unido podría argumentar que sin definir la soberanía no hay jurisdicción. El tribunal ya mostró en 2012, con la Fragata Libertad, que puede ordenar medidas provisionales vinculantes, aunque entonces el caso era sobre inmunidad de un buque de guerra, no sobre recursos naturales en un área en disputa.
La decisión del TIDM, que se espera entre mediados y finales de noviembre, podría tener efectos limitados pero simbólicos: no resolverá la soberanía, pero sí enviaría una señal sobre los límites de la explotación unilateral en aguas disputadas. Fuentes de la Cancillería argentina citadas por medios locales señalaron que ninguno de los posibles resultados supondría reconocer la legalidad de la explotación británica. Para México, el caso es relevante porque sienta un precedente sobre cómo se pueden utilizar los tribunales internacionales para contener proyectos extractivos en zonas en disputa, un tema de interés para su propia política exterior y para su industria energética en el Golfo de México.
Qué sigue
Las audiencias continuarán el miércoles con una segunda ronda de exposiciones. Argentina intervendrá primero y el Reino Unido responderá. El tribunal podría anunciar su resolución antes de que comiencen las perforaciones en Sea Lion, programadas para principios de 2027. Si se conceden las medidas cautelares, se ordenaría detener la explotación hasta que concluya el arbitraje; si se desestiman, el proceso arbitral continuaría. En cualquier caso, la disputa por las Malvinas suma un nuevo capítulo judicial que difícilmente se cierre con esta decisión.