Bloque de países presiona para retrasar informe climático del IPCC

La COP31 arrancó el 9 de noviembre en Antalya con un conflicto que no aparece en las fotos oficiales: un bloque de países liderado por Arabia Saudita, Rusia e India, junto con China y Kenia, presiona para retrasar de 2028 a 2029 la publicación de los informes del Grupo de Trabajo del IPCC, el panel científico de referencia de la ONU sobre cambio climático. La maniobra, confirmada en la reunión plenaria de octubre de 2026 en Adís Abeba, dejó a los 195 Estados miembros sin consenso sobre el calendario del Séptimo Informe de Evaluación (AR7).

El asunto no es burocrático. El AR7 debe entregar la base científica actualizada sobre calentamiento, impactos y vías de mitigación justo antes del Segundo Balance Global de 2028, la revisión en la que los países deben endurecer sus compromisos bajo el Acuerdo de París. Si los informes no están listos a tiempo, los gobiernos podrían fijar sus nuevas metas climáticas con datos obsoletos o con fuentes menos rigurosas.

El bloque que pide el retraso alega que el calendario actual es demasiado ajustado y que los científicos y revisores de países en desarrollo necesitan más tiempo para investigar y publicar, en aras de la "inclusividad". La UE, naciones latinoamericanas y pequeños Estados insulares rechazan ese argumento y lo describen como una cortina de humo para frenar la ambición climática. Analistas de organizaciones como Climate Analytics advierten que postergar la ciencia supondría una "ruptura histórica" en el mecanismo de ambición del acuerdo.

La lectura

El patrón político es reconocible: los principales productores de combustibles fósiles y varias economías emergentes coinciden en que el informe científico llegue tarde a la cita donde se les pedirá más recortes de emisiones. No hace falta atribuirles intenciones privadas; basta con mirar el calendario. Retrasar el AR7 un año coloca la evidencia más incómoda después del momento en que los países deben presentar sus nuevas metas. Es obstrucción por cronograma, no por veto.

La presión no es solo diplomática. El presidente del IPCC, Jim Skea, advirtió en la apertura en Antalya que las propuestas "comienzan a divergir en 2027" y que el organismo necesita una decisión antes de finales de 2026 para tener certeza; de lo contrario, dijo, la falta de consenso genera "pérdida de confianza" entre grupos de países. Esa fecha límite técnica es ahora el verdadero termómetro de la COP31.

El anfitrión añade una contradicción propia. Turquía promueve la iniciativa "35 para el 35", que busca que la electricidad cubra el 35% de la demanda energética mundial en 2035 con renovables, pero sus planes nacionales solo proyectan un 25% para ese año y mantienen la expansión del carbón, según el Climate Action Tracker. La retórica y la acción vuelven a separarse.

Para México, la disputa tiene consecuencia directa. El país presenta sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) en un contexto de sequías, estrés hídrico y una transición energética en disputa. Un AR7 retrasado dejaría a la diplomacia mexicana sin el insumo científico que legitima metas más exigentes frente a socios comerciales y bloques como la UE. También debilita la posición de los países vulnerables, entre ellos los pequeños Estados insulares, que usan el informe para exigir financiamiento y adaptación.

Qué sigue

La presidencia turca, compartida con Australia, debe facilitar una "propuesta de puente" antes de que termine 2026. Si no hay acuerdo, el IPCC entrará en 2027 sin presupuesto ni calendario definitivo, y el Segundo Balance Global de 2028 podría celebrarse con la ciencia climática más autorizada aún en el horno. La incertidumbre no es menor: no está claro si el bloque aceptará un compromiso intermedio ni si la UE mantendrá el pulso. Lo que sí está confirmado es que la decisión sobre el calendario científico se ha convertido en una prueba de fuerza política en la COP31.