Bolivia registra 341 ataques a defensores ambientales y el acoso se intensifica

En Bolivia se registraron al menos 341 ataques y amenazas contra defensores ambientales y de derechos indígenas entre 2021 y agosto de 2026, según una base de datos del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib). La cifra, difundida esta semana, convierte el acoso a quienes defienden ríos, territorios y áreas protegidas en un patrón documentado y no en episodios aislados. El registro incluye 140 defensores agredidos y 68 organizaciones amedrentadas, y abarca desde amenazas de muerte hasta procesos judiciales usados como método de coerción.

El informe cuatrimestral del Cedib no se limita a contar casos. Traza un mapa de dónde ocurren. Dos ámbitos concentran las agresiones: la zona aurífera antigua y en expansión, y el área natural de Tariquía, en el departamento de Tarija, donde desde hace al menos cinco años comunidades resisten la actividad petrolera en territorio protegido. La mayoría de los defensores amenazados enfrenta los impactos socioambientales de la minería, el gas y el petróleo, es decir, de los sectores extractivos con mayor peso económico en el país.

Los casos concretos muestran cómo opera esa presión. Beatriz Bautista, defensora de los ríos que desembocan en el lago Titicaca, tuvo que escapar de su comunidad por los ataques de actores mineros y permaneció un tiempo escondida junto con su familia. Ruth Alipaz, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), relató que también tuvo que ocultarse por agresiones de mineros en la Amazonía boliviana. En los Yungas de La Paz, comunarios de Santa Bárbara, en el municipio de Coripata, denunciaron avasallamiento minero en el río Tamampaya; a finales de agosto de 2026, personas vinculadas a un proyecto minero los amenazaron con dinamitar sus casas después de que la comunidad hiciera pública la ocupación de su territorio sin consulta previa.

El repertorio de agresiones incluye hostigamiento, acoso administrativo y laboral, intimidación, espionaje, invasión de la privacidad y ataques a la integridad psicológica, además de la judicialización de defensores acusados de supuestos delitos. El Cedib subraya que los ataques tienen un componente colectivo: no solo se dirige contra individuos, sino contra organizaciones e instituciones que ejercen un rol de defensa territorial y ambiental. Un caso reciente es el de Javier Fernández Tuno, presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap), quien recibió amenazas de muerte por su actividad contra la minería aurífera ilegal en el río Madre de Dios. La Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Chaco, Oriente y Amazonía de Bolivia (Cidob) rechazó esos ataques.

La lectura

Miguel Miranda, investigador y coordinador del área de incidencia en Derechos Humanos del Cedib, explicó que la situación de los defensores está determinada por las políticas públicas sobre recursos naturales, ambiente, tierra y territorio. Según Miranda, el cambio de gobierno hace un año no trajo alivio a los defensores ambientales y, por el contrario, se incrementaron las líneas de violencia y ataques. El investigador sostuvo que las formas de violencia del periodo del Movimiento Al Socialismo (MAS) se repiten y aumentan, porque el gobierno de Rodrigo Paz reforzó la alianza público-privada en la minería con los cooperativistas. Las cooperativas mineras explotan el 95 % del oro boliviano, según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), y tienen peso político con legisladores y viceministros afines.

La lectura política es doble. Por un lado, el patrón de agresiones no desapareció con el cambio de gobierno: se transformó y, de acuerdo con el Cedib, se intensificó. Por otro, el informe llega en un momento de tensión entre el Ejecutivo y los cooperativistas mineros, que se oponen al proyecto de Código Minero impulsado por la administración de Paz. Esa disputa no ha reducido la presión sobre las comunidades: la expansión extractiva sigue siendo el eje de los conflictos documentados.

Para México y sus lectores, el caso boliviano no es lejano. Bolivia comparte con México la superposición de territorios indígenas y áreas naturales protegidas con proyectos extractivos, y la criminalización de defensores ha sido una preocupación recurrente en foros regionales. La diferencia que el propio Cedib destaca es que en Bolivia no se registran defensores asesinados, a diferencia de otros países de la región. Esa excepción relativa no elimina el riesgo: el hostigamiento, el espionaje y la judicialización pueden desplazar a las comunidades sin necesidad de violencia letal.

Qué sigue

El Cedib continuará publicando informes cuatrimestrales, por lo que la cifra de 341 registros podría crecer. La evolución dependerá de dos factores: la discusión del Código Minero y la capacidad de las organizaciones indígenas para sostener su defensa frente a los actores mineros y petroleros. El informe no permite determinar cuántos de los 341 casos derivaron en procesos judiciales formales ni cuántos siguen activos, un dato que falta para medir la magnitud real de la criminalización. Tampoco precisa cuántos de los ataques ocurrieron antes y después del cambio de gobierno, aunque el Cedib sostiene que el incremento se produjo bajo la administración de Paz. Sin esa desagregación, la comparación entre periodos queda como una afirmación de la institución, respaldada por su base de datos pero no detallada en la evidencia disponible.