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Defensa de Cilia Flores reactiva inmunidad soberana ante corte de Nueva York
La moción vuelve al tribunal tras las nuevas imputaciones por narcoterrorismo y torturas, y se apoya en que Venezuela no ha declarado formalmente la vacante presidencial.

La defensa de Cilia Flores pidió de nuevo a un tribunal de Nueva York desestimar el caso invocando inmunidad soberana, luego de que la Fiscalía estadounidense sumara cargos de narcoterrorismo y torturas. El argumento central: Washington reconoce al Gobierno de Delcy Rodríguez, pero la vacante presidencial no se ha declarado, por lo que Maduro conservaría el cargo y su inmunidad. Ambos siguen deten
La defensa de Cilia Flores volvió este lunes a pedir a un tribunal de Nueva York que desestime su caso al amparo de la inmunidad soberana. La moción no es un trámite menor: llega después de que la Fiscalía estadounidense imputara el 15 de octubre a Flores y a Nicolás Maduro por torturas y sumara a ella el cargo de conspiración por narcoterrorismo. El abogado Andrés Sánchez entregó al tribunal la moción, una declaración y un memorando en los que sostiene que la condición de la que deriva la inmunidad no ha terminado.
El primer intento había sido el 2 de septiembre. Ahora la defensa renueva el argumento con un elemento político de fondo: Washington reconoce el Gobierno de Delcy Rodríguez, pero un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó el 26 de octubre que Rodríguez «tendrá que declarar» una «vacante permanente» de la presidencia, algo que aún no ha ocurrido. De ahí se desprende la tesis de Sánchez: si el cargo no ha sido oficialmente vacado, Maduro conserva la titularidad y, con ella, la inmunidad que Venezuela invoca.
El escrito lleva la lógica hasta el detalle procedimental. «Se declara vacante un cargo que alguien ocupa», señala la defensa, para luego afirmar que el cargo cuya inmunidad invoca Venezuela pertenecía a Maduro el 3 de enero de 2026 y que su titular está hoy ausente «por una única razón: se encuentra bajo custodia de EE.UU.». La defensa sostiene que Venezuela no ha renunciado a nada y que su orden constitucional considera forzada la ausencia de Maduro, con la vicepresidenta actuando en su lugar. Es una lectura que traslada al tribunal neoyorquino una disputa política venezolana que sigue abierta.
La lectura
El caso combina dos relojes que no avanzan al mismo ritmo. El judicial estadounidense tiene fechas: nuevas imputaciones en octubre, una moción de inmunidad renovada y un juicio previsto para el 14 de junio de 2027, con Maduro y Flores detenidos en Nueva York mientras tanto. El político venezolano, en cambio, depende de una declaración de vacante que el propio Ejecutivo estadounidense describe como pendiente. Esa asimetría es el corazón del argumento defensivo: mientras la vacante no se formalice, la defensa puede afirmar que el cargo existe y que su titular no ha sido removido por Venezuela, sino retenido por Washington.
La consecuencia pública es doble. Para Venezuela, el expediente en Nueva York se convierte en un espejo de su crisis institucional: cada paso procesal obliga a mirar quién ejerce la Presidencia y bajo qué reconocimiento internacional. Para Estados Unidos, la moción expone una tensión entre su reconocimiento político a Delcy Rodríguez y la ausencia de un acto formal que cierre la sucesión. No hay en la evidencia una decisión del tribunal sobre el fondo; lo que hay es una defensa que intenta convertir esa ambigüedad en un escudo jurídico.
Para México y sus lectores, el caso importa por varias razones. Primero, porque América Latina sigue de cerca cualquier precedente sobre inmunidad soberana y cargos de narcoterrorismo contra líderes políticos: lo que un tribunal de Nueva York resuelva sobre la inmunidad de Flores puede influir en cómo se litigan casos similares y en cómo se leen las acusaciones estadounidenses contra gobiernos de la región. Segundo, porque la migración venezolana y la relación comercial energética dependen de la estabilidad institucional del país, y un proceso que se extiende hasta 2027 mantiene la incertidumbre. Tercero, porque México ha defendido históricamente la no intervención y la solución política en Venezuela; un caso que mezcla justicia penal, reconocimiento diplomático y sucesión presidencial obliga a precisar esa postura.
Qué sigue
El tribunal deberá pronunciarse sobre la moción de inmunidad. La defensa necesitará que se mantenga la lectura de que la vacante no ha sido declarada; la Fiscalía, en cambio, ya ha ampliado cargos y buscará que el proceso avance hacia el juicio de junio de 2027. El elemento que falta para una lectura concluyente es una decisión judicial sobre el fondo de la inmunidad y una declaración formal venezolana sobre la vacante presidencial. Mientras ambos no ocurran, el caso seguirá siendo un pulso entre la política venezolana y la justicia estadounidense, con Maduro y Flores detenidos en Nueva York como telón de fondo.
