Detenida por destruir pruebas del caso Ueno que salpica a Peña

Fiscales paraguayos llegaron el lunes a la sede de Ueno Casa de Bolsa, en Asunción, y encontraron algo que no esperaban: papeles rasgados en un basurero, impresos esa misma mañana minutos antes del operativo. Entre los fragmentos había direcciones de correo de personas con cargos relevantes en las empresas del Grupo Vázquez. La jefa de Operaciones de la casa de bolsa, Andrea Benítez, fue detenida en el lugar y quedó imputada por frustración de la ejecución penal.

El procedimiento no era aislado. Ese mismo lunes, fiscales allanaron las viviendas del expresidente Santiago Peña y del ex titular del Banco Central Carlos Carvallo, ambos imputados y en prisión preventiva por el colapso de Ueno Bank. La secuencia muestra que la investigación dejó de ser un expediente financiero para convertirse en una causa penal con detenciones, allanamientos simultáneos y una disputa abierta por el control de la evidencia.

El Ministerio Público confirmó la detención de Benítez y difundió un comunicado en el que sostuvo que el procedimiento forma parte de las actuaciones destinadas a "recabar y preservar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados". Los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta encabezaron el operativo.

El caso que llevó a Peña a prisión

Peña fue destituido por juicio político el 6 de noviembre, con el voto de los 44 senadores presentes. La condena le quitó el escaño vitalicio que la Constitución reserva a los expresidentes y, con él, los fueros. Minutos después fue detenido en su casa de Asunción. Es el segundo presidente paraguayo removido por esa vía desde Fernando Lugo, en 2012. Carvallo se entregó a la Policía el 7 de noviembre.

La imputación sostiene que entre 2023 y 2026 Ueno Bank captó depósitos de organismos públicos y entidades previsionales mientras prestaba a empresas de su propio grupo. Según el escrito fiscal, Peña, accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, intervino en decisiones sobre la colocación de fondos públicos en la entidad y se reunió con responsables del Instituto de Previsión Social para definir inversiones en títulos emitidos por el banco. Unos 32.000 jubilados del IPS tenían fondos relacionados con la institución. Entre los recursos comprometidos figuran cerca de USD 800 millones de instituciones estatales, en su mayoría destinados a fondos previsionales.

Peña está imputado por administración en provecho propio y lesión de confianza. Carvallo, quien dirigió la Financiera Ueno antes de asumir la presidencia del BCP en 2023, enfrenta cargos de lesión de confianza y producción mediata de documento público de contenido falso.

El hallazgo en la casa de bolsa introduce un elemento distinto: la sospecha de que el entorno del caso intentó borrar rastro documental mientras la Fiscalía avanzaba. La detención de una ejecutiva de alto rango en flagrancia, según la versión del Ministerio Público, sugiere que la investigación ya no solo mira operaciones bancarias, sino también la conducta de quienes administran los archivos del conglomerado.

La lectura

El caso Ueno combina tres crisis en una: un colapso bancario con fondos de jubilados, una destitución presidencial por juicio político y una investigación que ahora alcanza a ejecutivos en el momento de destruir pruebas. Para Paraguay, el impacto es institucional: la causa pone a prueba la capacidad del Ministerio Público y de la justicia para procesar a un expresidente sin fueros y a los directivos de un grupo empresarial con presencia en la banca, la bolsa y los fondos previsionales.

El alcance regional no es menor. La Fiscalía pidió colaboración a Luxemburgo y Argentina para localizar y repatriar bienes, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció su colaboración, según el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. La estructura corporativa incluye sociedades constituidas en Paraguay y en Luxemburgo: según información corporativa de marzo de 2026, U Paraguay S.A. concentraba el 91,2% del capital de Ueno Bank.

La Fiscalía identificó hasta ahora unas 37 compañías y alrededor de 35 personas vinculadas a la causa, y anticipó nuevas imputaciones. Ya dispuso embargos preventivos por más de USD 70 millones sobre bienes de directivos y de las sociedades accionistas U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez. El fiscal Francisco Cabrera precisó que el objetivo de rastrear ese patrimonio es que los ahorristas puedan cobrar la totalidad de sus depósitos. La fiscal adjunta Nancy Salomón, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, calificó la investigación como muy compleja y advirtió que las actuaciones son reservadas en esta etapa.

Para lectores en México, el expediente ofrece una referencia sobre cómo un sistema político puede procesar a un expresidente por una crisis financiera que afecta ahorros de trabajadores. No hay equivalencia automática: en Paraguay el mecanismo fue el juicio político y luego la prisión preventiva; en México esa ruta institucional no existe de la misma forma. Lo que sí es comparable es el patrón: fondos públicos canalizados a entidades privadas, supervisión regulatoria cuestionada y una investigación que debe reconstruir el rastro documental antes de que desaparezca.

Qué sigue

La causa permanece bajo reserva en esta etapa, según la Fiscalía. Quedan por delante nuevas imputaciones anunciadas, la apertura de la bóveda de seguridad hallada en la residencia de verano de Peña en San Bernardino —que permanece cerrada hasta que el Ministerio Público disponga del equipo técnico necesario— y la coordinación con Luxemburgo, Argentina y Estados Unidos para recuperar activos.

El elemento que falta para una lectura completa es el contenido íntegro de los documentos destruidos y el resultado de los peritajes sobre el material incautado. Sin eso, no es posible determinar el alcance real de la información que se intentó borrar ni si compromete a más actores del Grupo Vázquez. Lo que sí está confirmado es que la investigación sigue avanzando con detenciones y allanamientos, y que el caso ya no se limita a las operaciones de un banco: toca la responsabilidad de un expresidente, de un ex titular del Banco Central y de los ejecutivos que manejaban los archivos del conglomerado.