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Ecuador: tribunal de Chimborazo rechaza hábeas corpus de Luisa González

La excandidata presidencial permanecerá en prisión preventiva por el caso Laberinto; su defensa anunció que apelará el fallo.

Ilustración editorial de Ruido Cero sobre sistema penitenciario
Ilustración editorial de Ruido Cero.
EN 30 SEGUNDOS

Un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo rechazó el hábeas corpus de Luisa González, excandidata presidencial de Revolución Ciudadana, y la mantiene en prisión preventiva por el caso Laberinto, una investigación fiscal por presunto lavado de activos. El juez ponente Fabián Toscano consideró que no se demostró la falta de competencia de los jueces que ordenaron la detención. La

Un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo rechazó este lunes 9 de noviembre de 2026 el recurso de hábeas corpus presentado por Luisa González, excandidata presidencial de Revolución Ciudadana, y la mantiene en prisión preventiva en la cárcel de Riobamba por el caso Laberinto. La decisión, comunicada oralmente por el juez ponente Fabián Toscano, significa que la acción constitucional con la que la defensa buscaba declarar ilegal o arbitraria su privación de libertad no prosperó, y que González seguirá recluida mientras se tramitan las apelaciones anunciadas por su abogado, Diego Guarderas.

El tribunal consideró que no se demostró que los jueces que ordenaron la detención carecieran de competencia para hacerlo. Ese fue el eje del razonamiento expuesto por Toscano durante una audiencia que duró aproximadamente 20 minutos. La defensa había cuestionado tanto la competencia de los magistrados como la motivación de la orden de detención y las circunstancias de la aprehensión. El juez también revisó el parte policial sobre el lugar donde González permaneció tras su captura: indicó que no estuvo detenida en una instalación policial, sino en la Unidad Judicial de Flagrancia ubicada en el Cuartel Modelo, en Guayaquil. Con esos elementos, concluyó que la privación de libertad no podía calificarse como ilegal, arbitraria o ilegítima.

González siguió la diligencia por videoconferencia desde el centro penitenciario de Riobamba. Tras conocer el fallo, envió un mensaje a sus simpatizantes y llamó a mantener la movilización política: "A no soltar la bandera y seguir con la lucha que aquí nadie se da por vencido". En la audiencia participaron Gabriela Rivadeneira, Rodrigo Vallejo y Natasha Rojas como legitimados activos; Rivadeneira cuestionó al sistema judicial y pidió la libertad de quienes considera presos políticos.

La lectura

El caso Laberinto es una investigación de la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos. La hipótesis fiscal examina una posible estructura empresarial utilizada para ocultar el origen de recursos vinculados con el financiamiento de la campaña presidencial de Revolución Ciudadana en 2023. Según esa hipótesis, se habrían movilizado alrededor de 500.000 dólares mediante transferencias a proveedores de publicidad y cheques al portador. La Fiscalía investiga a cuatro personas; la prisión preventiva fue dictada para González y otros procesados, mientras que una de las investigadas recibió medidas alternativas.

El rechazo del hábeas corpus no es una sentencia sobre la responsabilidad penal de González ni determina si cometió el delito investigado. La resolución se refiere únicamente a la legalidad de su privación de libertad. Esa distinción es central para leer el episodio: el tribunal no absolvió ni condenó a la excandidata, sino que validó, en esta instancia, la forma en que se ordenó y ejecutó su detención. Cualquier lectura que presente el fallo como una condena o como una absolución excede lo que la evidencia permite sostener.

El anuncio de apelación no modifica por sí mismo la medida cautelar que pesa sobre González. Guarderas confirmó que recurrirán el pronunciamiento para intentar revertir la decisión, lo que abre una nueva etapa en la disputa judicial. Mientras esa apelación se tramita, la excandidata continuará en prisión preventiva. El elemento que falta para una lectura más amplia es el contenido y el calendario de esa apelación: la evidencia disponible no permite anticipar si una instancia superior revisará el fondo del hábeas corpus ni en qué plazo.

Para los lectores mexicanos, el caso ofrece una referencia sobre cómo se tensionan en América Latina los recursos constitucionales de libertad frente a procesos penales de alto perfil político. La figura de González, excandidata presidencial de un movimiento con proyección regional, convierte una decisión judicial provincial ecuatoriana en un episodio de interés continental: muestra que las garantías procesales se convierten en el terreno donde se dirimen disputas políticas más amplias, y que la prisión preventiva puede prolongarse mientras se agotan las vías de revisión.

Qué sigue

La defensa de González apelará el fallo ante una instancia superior, sin que el anuncio altere la medida cautelar vigente. La excandidata permanecerá en la cárcel de Riobamba mientras se tramitan esas acciones. El desenlace dependerá de lo que resuelva la instancia de alzada sobre los cuestionamientos de competencia y motivación planteados por la defensa, y de la evolución del propio caso Laberinto en la Fiscalía.