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IPS de Paraguay denuncia a Ueno Bank por 516 millones de jubilados

El organismo previsional acudió a la Fiscalía tras la intervención del banco. La denuncia también apunta a directivos del Banco Central y escala en plena crisis política que derivó en la destitución de Santiago Peña.

Ilustración editorial de Ruido Cero sobre seguridad pública
Ilustración editorial de Ruido Cero.
EN 30 SEGUNDOS

El Instituto de Previsión Social de Paraguay denunció ante la Fiscalía que Ueno Bank retuvo más de 516 millones de dólares de fondos de jubilados y de salud. La denuncia incluye a directivos del Banco Central. El banco fue intervenido por problemas de solvencia, el expresidente Santiago Peña fue destituido por juicio político y el nuevo gobierno promete devolver los ahorros cubiertos por el Fondo

El Instituto de Previsión Social de Paraguay (IPS) llevó este martes su conflicto con Ueno Bank a la Fiscalía especializada en delitos económicos y anticorrupción. La denuncia sostiene que la entidad financiera retuvo más de 516 millones de dólares pertenecientes al organismo previsional, en un caso que combina la quiebra de solvencia de un banco privado con la crisis institucional que terminó con la destitución del expresidente Santiago Peña.

La presentación la hizo el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, quien precisó que el total alojado en distintas cuentas asciende a 516.379.399,69 dólares. De esa suma, 358.719.147,86 dólares corresponden a depósitos y colocaciones de los fondos de jubilaciones y pensiones y de contingencia; el resto se distribuye en tres cuentas operativas que concentran 157.660.251,82 dólares destinados a los fondos de salud, jubilaciones y pensiones.

El IPS denunció ante la Fiscalía que Ueno Bank retuvo más de 516 millones de dólares de fondos de jubilados y de salud, una cifra que excede con creces la cobertura estatal por ahorrista.

La denuncia no se limita a los responsables del banco. También apunta a directivos del Banco Central del Paraguay (BCP), lo que amplía el perímetro del conflicto hacia la autoridad monetaria y hacia la supervisión que debía haber detectado la fragilidad de la entidad. La intervención del banco, dispuesta la semana pasada por dificultades de solvencia, desencadenó una cadena de consecuencias políticas e institucionales.

El episodio se inscribe en un escenario de incertidumbre sobre el destino de los fondos públicos depositados en la entidad. Se estima que instituciones públicas tienen cerca de 800 millones de dólares en Ueno Bank, incluidos recursos de cinco cajas previsionales. El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos, unos 228,3 millones de guaraníes (cerca de 38.622 dólares) por persona o empresa, pero una ley aprobada por el Congreso fijó en 40 salarios mínimos el anticipo de devolución, entre 19.787 y 20.353 dólares, un monto que queda lejos de las sumas institucionales denunciadas.

La crisis política que envuelve el caso

El conflicto financiero derivó en una crisis política de primer orden. El expresidente Santiago Peña fue destituido mediante un juicio político por "mal desempeño de funciones" y permanece detenido en el marco de la investigación, según la información difundida. En paralelo, Carlos Carvallo, extitular del BCP, dejó el cargo cuando se anunció el proceso contra el banco y se presentó ante las autoridades el viernes pasado. Este martes también renunció Liana Caballero, que había quedado al frente del Banco Central de manera interina tras la salida de Carvallo; la economista comunicó su decisión al directorio mediante una nota enviada al Senado, aunque no explicó públicamente los motivos.

La denuncia del IPS también alcanza a directivos del Banco Central del Paraguay, en medio de las consecuencias institucionales y políticas que generó la intervención de la entidad.

El nuevo presidente, Pedro Alliana, quien asumió el viernes pasado, afirmó que la recuperación del dinero de aportantes y jubilados del sector público será prioritaria. Informó además que ya se pagaron 330 millones de dólares del Fondo de Garantía de Depósitos a 1.740.000 ahorristas, cerca del 95 por ciento de los clientes alcanzados por la cobertura estatal. "Completamos el pago a casi el 95% de los ahorristas. El remanente será abonado hasta mañana, conforme a la ley del Congreso", escribió Alliana en redes sociales.

Ueno Bank declaraba unos 2,94 millones de clientes en Paraguay, un país de 6,1 millones de habitantes, lo que da escala al impacto social de la intervención. Los pagos se organizaron en dos tramos y debían completarse este miércoles 11 de noviembre. Todavía no se informó cómo se resolverán los casos que superen el límite de cobertura.

La lectura

El caso combina tres capas que conviene separar. Primero, una denuncia penal del principal organismo previsional contra un banco privado por fondos de jubilados y de salud. Segundo, una crisis de supervisión: la denuncia apunta al Banco Central, y las salidas de su titular y de su interina refuerzan la percepción de que la autoridad monetaria quedó en el centro de la disputa. Tercero, una crisis política: la destitución de Peña y su detención muestran que el conflicto financiero se tradujo en un reordenamiento del poder.

El nuevo gobierno de Pedro Alliana promete priorizar la devolución de los ahorros cubiertos, pero el mecanismo del Fondo de Garantía de Depósitos no está diseñado para restituir fondos institucionales de la magnitud denunciada.

Para México y sus lectores, el episodio es una advertencia sobre la arquitectura de protección de fondos previsionales cuando estos se colocan en entidades privadas con problemas de solvencia. La discusión sobre los límites de cobertura y sobre el rol del supervisor es relevante para cualquier sistema de pensiones que opera con depósitos en el sistema financiero. También lo es la dimensión política: una quiebra bancaria puede convertirse en una crisis de gobierno en cuestión de días.

Qué sigue

La Fiscalía especializada en delitos económicos y anticorrupción deberá decidir si imputa a autoridades de Ueno Bank y a directivos del Banco Central, y si solicita medidas cautelares sobre los activos de la entidad. El IPS, por su parte, enfrenta la pregunta de cómo cubrirá sus obligaciones con jubilados si los fondos retenidos no se recuperan en el corto plazo.

Queda pendiente saber cómo se resolverán los casos que superan el límite de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos y qué ocurrirá con los cerca de 800 millones de dólares de instituciones públicas, incluidos los de cinco cajas previsionales. La renuncia de la interina del Banco Central y el proceso contra Carvallo anticipan que la discusión sobre responsabilidades institucionales seguirá abierta. Falta información pública sobre el estado exacto de los activos de Ueno Bank y sobre el calendario de restitución de los fondos institucionales, un dato indispensable para medir el alcance real del daño.