Paraguay busca activos de Ueno Bank en Luxemburgo, Argentina y EE.UU.

El Ministerio Público de Paraguay confirmó que trabaja con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y con la colaboración ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para localizar y repatriar bienes vinculados al caso Ueno Bank, la entidad digital cuyo derrumbe desencadenó la caída del Gobierno de Santiago Peña. La información la dio Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, en una conferencia de prensa sobre las dos causas abiertas.

La cooperación internacional ya no es un trámite accesorio: es la vía para reconstruir un patrimonio disperso en al menos tres jurisdicciones. Según la información corporativa del banco de marzo de 2026, U Paraguay S.A. concentraba el 91,2% del capital de Ueno Bank dentro de una estructura que incluía sociedades constituidas en Paraguay y en Luxemburgo. Ese dato explica por qué la Fiscalía necesita asistencia jurídica de otros países para rastrear activos y por qué el caso dejó de ser un asunto exclusivamente doméstico.

La primera causa se centra en el banco y su red de empresas. El agente fiscal Francisco Cabrera explicó que hasta ahora se identificaron unas 37 compañías y alrededor de 35 personas vinculadas, y adelantó que habrá nuevas imputaciones y más medidas para asegurar bienes. La Fiscalía ya imputó a 27 personas el 4 de noviembre, un día después de las primeras órdenes de detención.

El objetivo declarado es que los ahorristas cobren la totalidad de sus depósitos, y para eso la Justicia dispuso embargos preventivos por más de 70 millones de dólares sobre bienes de directivos y de las sociedades accionistas U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez. Cabrera precisó que las medidas sobre las firmas con actividad real se levantarán cuando se confirme el origen de sus fondos, una decisión que busca proteger a sus empleados sin renunciar al aseguramiento patrimonial.

La fiscal adjunta Nancy Salomón, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, calificó la investigación como muy compleja y advirtió que las actuaciones son reservadas en esta etapa. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, sumó cuatro agentes de esa unidad al caso.

La segunda causa apunta a Peña y a Carlos Carvallo, ex presidente del Banco Central del Paraguay. Ueno Bank nació de Financiera Ueno, una entidad menor del Grupo Vázquez que Carvallo presidió desde marzo de 2022. Peña lo nombró al frente del BCP en septiembre de 2023 y, el 22 de noviembre de 2023, el organismo autorizó la conversión de la financiera en banco. El 3 de noviembre de 2026, el BCP abrió un procedimiento de resolución tras detectar que la entidad había caído por debajo de los mínimos de solvencia exigidos. Carvallo renunció ese mismo día.

Peña presentó su dimisión el 5 de noviembre, pero el Congreso no llegó a votarla por falta de cuórum y siguió adelante con el juicio político. El 6 de noviembre el Senado lo destituyó con el voto de los 44 senadores presentes. La condena le quitó el escaño vitalicio que el artículo 189 de la Constitución reserva a los expresidentes, y con él los fueros; minutos después fue detenido en su casa de Asunción. Es el segundo presidente paraguayo destituido por esta vía desde Fernando Lugo, en 2012.

Peña está imputado por administración en provecho propio y lesión de confianza, mientras Carvallo, que se entregó el 7 de noviembre, enfrenta cargos por lesión de confianza y producción mediata de documento público de contenido falso. De acuerdo con el escrito de imputación, entre 2023 y 2026 Ueno Bank captó depósitos y colocaciones de organismos públicos y entidades previsionales mientras prestaba a empresas de su propio grupo. La Fiscalía sostiene que Peña, accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, intervino en decisiones sobre la colocación y permanencia de fondos públicos en el banco y se reunió con responsables del Instituto de Previsión Social para definir inversiones en títulos emitidos por la entidad. Para ambos pidió prisión preventiva y la inhibición general de sus bienes.

La lectura

El caso combina una quiebra bancaria, una crisis política y una investigación penal con ramificaciones en Europa y América. La dimensión internacional del expediente convierte a Paraguay en un caso de prueba sobre cómo un Estado pequeño persigue activos transfronterizos cuando el principal implicado es un expresidente destituido. Luxemburgo aparece en la estructura societaria; Argentina y Estados Unidos, como jurisdicciones donde podrían ubicarse bienes o donde se ofrece cooperación judicial. La Fiscalía no ha detallado qué activos específicos busca en cada país, y ese es un elemento que falta para medir el alcance real de la repatriación.

Para México y sus lectores, el expediente ofrece una referencia concreta: muestra cómo la caída de una entidad financiera digital puede arrastrar fondos públicos y previsionales, y cómo la cooperación judicial internacional se vuelve condición para que los ahorristas recuperen su dinero. No se trata de un caso aislado de fraude corporativo, sino de una crisis que terminó por remover a un presidente y que ahora depende de la respuesta de tribunales extranjeros.

Qué sigue

La Fiscalía anticipó nuevas imputaciones y más medidas de aseguramiento de bienes. También queda pendiente la apertura de una bóveda de seguridad hallada en un allanamiento en San Bernardino, que los fiscales describieron como de gran complejidad y que permanece cerrada hasta contar con el equipo técnico necesario. En paralelo, la causa contra Peña y Carvallo avanza hacia la definición de la prisión preventiva y la inhibición de bienes. El resultado de la cooperación con Luxemburgo, Argentina y Estados Unidos determinará si la promesa de que los ahorristas cobren la totalidad de sus depósitos tiene sustento material.