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Paraguay: legisladores piden procesar a directores de Itaipú y Yacyretá por fondos en Ueno Bank
La ampliación de la denuncia ante el Ministerio Público alcanza a ministros, consejeros del IPS y autoridades del Banco Central por depositar dinero público en la entidad hoy desaparecida.
Un grupo de legisladores paraguayos amplió su denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue y procese a directores de las binacionales Itaipú y Yacyretá, ministros, consejeros del IPS y autoridades del Banco Central por depositar fondos públicos en Ueno Bank. Piden determinar si fueron engañados o actuaron en connivencia con Santiago Peña, ya imputado como instigador.
Un grupo de legisladores paraguayos presentó una ampliación de su denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue y eventualmente se procese a los directores de las binacionales Itaipú y Yacyretá, a ministros del Ejecutivo, a consejeros del Instituto de Previsión Social (IPS) y a autoridades del Banco Central del Paraguay por haber depositado fondos públicos en Ueno Bank, entidad hoy desaparecida. La solicitud, revelada esta semana, busca que la Fiscalía determine responsabilidades individuales por decisiones que, según los denunciantes, pudieron constituir desde engaño hasta connivencia con el poder político.
La lista de denunciados abarca desde directores de las binacionales hasta el ministro de Economía, Oscar Lovera, y consejeros del IPS y del Banco Central. En el caso de Itaipú, se menciona a su director Justo Zacarías Irún y a los integrantes del directorio Magnolia Mendoza, Rafael Lara Valenzuela, Hugo Zárate, Julio Rodrigo Paredes y Justino Caballero, además de miembros del Consejo de Administración como Carlos Fernández Valdovinos, Roberto Moreno Rodríguez, Félix Sosa y Miguel Ángel Báez Reyes. Por Yacyretá aparecen su director Luis Federico Benítez Cuevas, Federico Vergara, Eduardo González y Ramón Daniel Solis Maciel, junto con consejeros como Michel Patricio Flores Fernández, Germán Alfredo Gneiting y Fernando Alberto Ayala González.
La denuncia también incluye a autoridades del Banco Central, entre ellas el ex presidente Carlos Carvallo —ya detenido—, los miembros Liana Caballero y Miguel Mora, el exintegrante Marco González, el superintendente de Bancos Holger Insfrán y la gerente de supervisión Chiara Renna Pereira. Los legisladores sostienen que las autoridades del Banco Central conocieron desde abril de 2026 los problemas de Ueno y no activaron a tiempo las herramientas legales, y piden que se investigue en particular la aceptación de la venta de cartera como subsanación del exceso, la decisión de no elevar al directorio un documento del 10 de abril de 2026 y la supervisión de las campañas de captación de depósitos de octubre y noviembre de 2026.
En el IPS, la nómina incluye a Jorge Brítez, ex presidente, Carlos Pereira, Miguel Doldán, Víctor Insfrán Dietrich, José Jara Rojas, Aníbal de los Ríos, José Emilio Argaña, Gustavo González Maffiodo, Bettina Albertini, Ramón Zarza Pintos e Isaías Fretes, además del director de Inversiones Hugo Díaz y funcionarios que prepararon informes y propuestas de colocación. Los denunciantes aclaran que no se pretende atribuir responsabilidad por la sola pertenencia al órgano colegiado, sino que deberá establecerse en cada caso el periodo efectivo en el cargo, la información recibida, el voto, la firma, la instrucción o la omisión concreta.
La presentación es una ampliación de la denuncia del 22 de octubre de 2025 contra Santiago Peña, a quien la Fiscalía imputa el hecho de lesión de confianza en carácter de instigador de altos funcionarios públicos que, según la denuncia, habrían sido autores del saqueo al Estado al depositar dinero público en Ueno. El objeto de la investigación son las decisiones de colocar, renovar o mantener fondos públicos en Ueno desde agosto de 2023 y las modificaciones de reglas o requisitos que las hicieron posibles. También se pide individualizar a titulares de cajas de jubilaciones —incluidas las de ANDE, bancos y afines, y personal de Itaipú— que mantenían saldos en Ueno al 2 de noviembre de 2026.
La lectura
El caso Ueno Bank trasciende la quiebra de una entidad financiera: coloca en el centro de la disputa política paraguaya la cadena de decisiones que permitió que dinero de jubilados, empresas públicas y binacionales terminara en un banco que luego desapareció. La denuncia no apunta solo a los directores de las entidades que hicieron los depósitos, sino también a quienes debían supervisar: el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Al incluir a ministros, consejeros del IPS y autoridades monetarias, los legisladores opositores transforman una investigación financiera en un cuestionamiento directo a la cúpula del Ejecutivo y a los controles institucionales.
Para México y sus lectores, el caso ofrece una advertencia sobre la importancia de la supervisión bancaria y la gestión de fondos públicos de pensiones y empresas estatales. La discusión sobre si los funcionarios fueron engañados o actuaron en connivencia es relevante para cualquier país donde los ahorros de jubilados y los recursos de entes públicos se colocan en instrumentos financieros sin controles suficientes. Paraguay es socio comercial de México en el Mercosur y comparte desafíos de transparencia en la administración de recursos públicos, por lo que la evolución de este proceso puede influir en la percepción de riesgo institucional en la región.
Qué sigue
La Fiscalía deberá decidir si admite la ampliación y si cita a declarar a los denunciados. El caso contra Santiago Peña por instigación sigue su curso, mientras los legisladores piden que se individualicen responsabilidades por cada decisión. El elemento que falta para una lectura determinada es el contenido de las resoluciones judiciales y la respuesta del Ministerio Público a esta nueva lista de nombres. Hasta entonces, la denuncia es una acusación formal que no equivale a una condena.