Venezuela extiende plazo para postular magistrados del TSJ en medio de acuerdo político

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela anunció este miércoles la extensión del plazo para las postulaciones a los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hasta el próximo 18 de noviembre. La medida, difundida mediante un aviso oficial del Comité de Postulaciones Judiciales, busca ampliar la ventana para que los aspirantes entreguen sus documentos en el Museo Boliviano del Legislativo, en Caracas, hasta las 16:00 hora local (20:00 GMT).

La renovación total del TSJ fue uno de los primeros acuerdos anunciados por el chavismo y un sector de la oposición en la mesa de diálogo, un espacio que no incluye al partido de María Corina Machado. El proceso forma parte de un entendimiento político más amplio que se gestó tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado, según el contexto difundido por medios internacionales.

El actual Tribunal Supremo está conformado por jueces acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral. Esa percepción de parcialidad ha sido un obstáculo para la legitimidad de las instituciones judiciales venezolanas, tanto dentro como fuera del país.

El pasado 4 de noviembre, la mesa de diálogo informó sobre la instalación formal del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos, un órgano técnico asesor compuesto por siete juristas que deberá constatar que los postulados cumplen estrictamente con los requisitos constitucionales y legales. Este consejo trabaja de la mano con el Comité de Postulaciones Judiciales del Parlamento, integrado por once diputados y doce miembros de la sociedad civil, que recibe las candidaturas y realiza las evaluaciones correspondientes.

Los requisitos para los aspirantes son estrictos: deben ser venezolanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad, según una publicación en Telegram del Parlamento. Además, los candidatos se comprometen a renunciar a cualquier militancia político-partidista y a no tener vínculo, hasta el segundo grado de consanguinidad o el tercer grado de afinidad, con magistrados del TSJ, así como con la presidenta, los ministros, el fiscal general, la defensora del pueblo, el controlador general, los rectores del Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría.

Se prevé que la designación de los nuevos jueces se concrete el próximo 11 de diciembre, lo que marcaría un hito en el proceso de renovación judicial acordado en la mesa de diálogo. Sin embargo, la ausencia del sector opositor liderado por Machado en esas conversaciones plantea dudas sobre la representatividad y el alcance real de los acuerdos.

La lectura

El proceso de renovación del TSJ ocurre en un contexto de profunda crisis institucional en Venezuela. La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado precipitó una reconfiguración política interna, con un chavismo que busca recomponer la legitimidad de sus instituciones y un sector opositor dispuesto a negociar sin la participación del ala más radical. La extensión del plazo para postulaciones sugiere que el proceso no ha fluido con la celeridad esperada, posiblemente por la complejidad de los requisitos o por la falta de candidatos idóneos dispuestos a someterse a un escrutinio tan detallado.

Para México y sus lectores, este proceso es relevante porque Venezuela ha sido un socio comercial y político de larga data, y la estabilidad de sus instituciones judiciales afecta la confianza de los inversionistas y la cooperación bilateral. Además, la experiencia venezolana de renovación judicial a través del diálogo político ofrece lecciones sobre los límites y posibilidades de estos mecanismos en contextos de polarización. La comunidad internacional, incluida América Latina, observa con atención si este proceso logra dotar de independencia al TSJ o si se trata de un cambio cosmético.

Qué sigue

Con el plazo extendido hasta el 18 de noviembre, el Comité de Postulaciones Judiciales y el Consejo de Revisión de Credenciales deberán acelerar la evaluación de los candidatos para cumplir con la fecha de designación prevista para el 11 de diciembre. La incógnita principal es si el proceso logrará concitar el respaldo de los sectores opositores no representados en la mesa de diálogo y si los nuevos magistrados serán percibidos como independientes. El gobierno de Maduro, ahora depuesto, enfrenta el desafío de demostrar que la renovación no es un simple recambio de jueces afines, sino un paso hacia la reconstrucción de la confianza en el sistema de justicia. Mientras tanto, la comunidad internacional seguirá de cerca la evolución de este acuerdo, que podría convertirse en un modelo para otras crisis institucionales en la región.