ASENL dicta cuenta adversa en El Carmen por 188 mdp

La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) emitió un dictamen adverso sobre la cuenta pública 2024 de El Carmen, con irregularidades por 187 millones 976 mil 309 pesos. De ese monto, 101 millones 305 mil 548 pesos corresponden a gestión financiera y 86 millones 661 mil 186 pesos a obra pública, según el resumen ejecutivo del organismo que encabeza Alejandro Reynoso Gil. La cifra no es un detalle contable: es el tamaño del desorden financiero que heredó la administración municipal y que ahora deberá procesar el Congreso local.

El dictamen reporta 98 observaciones no solventadas porque las aclaraciones del municipio no desvirtuaron los señalamientos. La ASENL detectó operaciones por 100 millones 410 mil 244 pesos sin comprobantes fiscales vigentes que acreditaran la autenticidad de la documentación, y los originales tampoco estaban en los archivos municipales. En obra pública faltó evidencia para verificar 86 millones 661 mil 186 pesos, así como documentos de planeación, adjudicación, contratación y ejecución, entre ellos facturas, estimaciones y fotografías.

El expediente también incluye irregularidades en retenciones del Impuesto sobre la Renta: no se acreditaron declaraciones de enero a septiembre de 2024 por seis millones 616 mil 585 pesos ni saldos anteriores por 21 millones 506 mil 888 pesos, un monto conjunto de 28 millones 123 mil 473 pesos. La auditoría advirtió que la omisión en el entero de contribuciones podría generar sanciones y actualizaciones. Con esos elementos, el organismo concluyó que los estados financieros no presentan razonablemente la situación municipal al cierre de 2024.

La lectura política

El dictamen adverso coloca al Congreso de Nuevo León ante una decisión con efectos institucionales. La cuenta pública está disponible en el Congreso local, donde continúa su análisis, y de ese proceso depende si el expediente se traduce en sanciones, fincamiento de responsabilidades o simplemente en una revisión archivada. El margen de maniobra del municipio es limitado: la administración actual, encabezada por Gerardo de la Maza Villarreal, no se ha pronunciado sobre las observaciones detectadas durante la gestión de su antecesor, Humberto Medina Quiroga, quien está inhabilitado por un año por incumplir la Ley de Transparencia.

El caso tiene una arista política adicional. Francisco del Bosque Ramos, diputado de Movimiento Ciudadano, fue tesorero municipal durante la administración 2021-2024 y llegó al Congreso como suplente tras la licencia indefinida de Mario Soto, aprobada el 2 de agosto. Que un ex tesorero de la administración observada ocupe una curul en el mismo Congreso que revisa la cuenta pública introduce un conflicto de interés que la evidencia permite señalar, aunque no permite concluir cómo votará ni qué posición adoptará. Del Bosque también ha sido señalado en una denuncia por presunto fraude con empresas fantasma junto a su esposa, vinculada a proceso penal, según la información periodística disponible.

El dictamen no imputa responsabilidades individuales: es un instrumento técnico que califica la cuenta pública. Pero su contenido político es claro. La ASENL documenta un patrón de opacidad financiera en El Carmen que abarca gestión, obra y contribuciones, y ese patrón ocurrió durante el periodo en que Del Bosque fue tesorero. La lectura partidista queda abierta: MC tendrá que explicar la convivencia de su discurso anticorrupción con un expediente de esta magnitud en su propio grupo parlamentario.

Qué sigue

El Congreso local debe resolver el análisis de la cuenta pública 2024. La evidencia no permite anticipar el sentido de esa resolución ni si derivará en procedimientos administrativos, penales o de responsabilidad política. Lo que sí puede afirmarse es que el expediente está documentado y que la ASENL ya fijó una posición técnica: los estados financieros no son razonables.

El municipio de El Carmen tiene pendiente aclarar las 98 observaciones y, en su caso, solventar los montos ante las instancias correspondientes. La administración de De la Maza no se ha pronunciado, y ese silencio deja sin respuesta pública cómo piensa enfrentar el pasivo heredado. El Congreso, por su parte, carga con la decisión de si el dictamen adverso se convierte en consecuencia institucional o queda como un registro documental sin efecto.