Fondo Milagro gasta más de $1.000 millones al mes y abre flanco político

El Fondo Milagro cuesta más de $1.000 millones mensuales solo en funcionamiento. Así lo reveló su gerente, Jaime Andrés Uribe, al detallar que la nómina y la comisión de fiducia con Fiducoldex superan esa cifra cada mes, en medio de la reconstrucción por el sismo que golpeó al Eje Cafetero. La confesión, hecha ante el Congreso, convierte una discusión técnica sobre contratación en un problema político de primera línea para el Gobierno: el Fondo Milagro funciona con una estructura salarial que, por sí sola, supera los $1.000 millones mensuales entre nómina y comisión de fiducia.

Los números que entregó Uribe son precisos. El gerente devenga $39,4 millones al mes. Le siguen cinco cargos con $36 millones: secretario privado y los directores Jurídico y de Contratación, Financiero y Presupuestal, de Planeación y PMO, y de Ingeniería y Reconstrucción. El grueso de la planta son coordinadores: 13 ganan $33 millones y el coordinador regional, $30 millones. Los siete profesionales técnicos ganan entre $18,9 y $5,8 millones. En total, la tabla tiene 27 personas y 20 de ellas ganan $30 millones o más al mes. Todos tienen contrato a término indefinido con la fiduciaria y prestan servicios en Pereira.

A la nómina se suma la comisión de Fiducoldex: 142 salarios mínimos mensuales, unos $248,6 millones sin IVA, que se pagan con rendimientos financieros y, si no alcanzan, con recursos del Fondo. Entre salarios y comisión, el funcionamiento del Fondo supera los $1.000 millones mensuales, una cifra que contrasta con la austeridad que el Gobierno invoca como bandera.

El otro flanco son los contratos. Las demoliciones suman $7.440 millones y a ellas se añade una consultoría integral adjudicada a Cortes y Mora Ingenieros Asociados S.A.S. por un valor indeterminado: el 10 % del valor de los contratos adjudicados. El Fondo asegura que pidió cotizaciones a varios oferentes para garantizar la competencia y que los procesos iniciados en la transición quedarán publicados en el Secop II a más tardar el 20 de noviembre.

La lectura política

El costo de operación del Fondo no es un dato administrativo menor: define quién gana y quién pierde margen de maniobra. El Gobierno pierde margen para presentar el Fondo Milagro como un instrumento austero y eficiente, mientras la oposición gana un argumento verificable para exigir controles. La senadora Kamelia Zuluaga (Pacto Histórico) ya recibió la tabla de cargos con salarios, y el senador Duvalier Sánchez (Partido Verde) calificó la estructura de "miserables y desalmados" y cuestionó que "la tal austeridad es una falacia". Que el cuestionamiento venga de ambos flancos del espectro es la señal más clara de que el asunto no se agota en la crítica opositora.

Institucionalmente, el hecho cambia el terreno de la discusión: desplaza el debate de la reconstrucción hacia la arquitectura de contratación y la escala salarial del patrimonio autónomo. El Fondo queda obligado a demostrar que su estructura de 27 cargos y sus contratos de demolición resisten el escrutinio público y el control fiscal. También expone una tensión de diseño: el contrato de fiducia se firmó el 5 de octubre, casi dos meses después del sismo; Uribe está vinculado desde el 9 de octubre y el manual de contratación se aprobó el 19 de octubre. De los 130 cargos previstos, hay 26 personas vinculadas. Esa secuencia sugiere una operación montada con rapidez, pero la evidencia no permite concluir si hubo improvisación o si el ritmo respondió a la urgencia; para sostenerlo faltaría el detalle de los estudios técnicos que fijaron esa escala salarial.

Qué sigue

El primer examen será la publicación en el Secop II de los procesos iniciados en la transición, comprometida para el 20 de noviembre. La publicación oportuna y completa de esos procesos será la primera prueba de si el Fondo puede sostener su relato de competencia y transparencia. Después vienen las preguntas de control político en el Congreso, donde ya hay dos senadores con la tabla salarial en la mano, y la eventual revisión de la Contraloría sobre la relación entre costo de operación y recursos ejecutados en reconstrucción. El Fondo también deberá explicar cómo se financia la comisión de fiducia cuando los rendimientos no alcancen y qué criterio técnico justifica 20 salarios por encima de $30 millones en una entidad que apenas comienza a operar. Mientras la reconstrucción avanza lento —154 beneficios de vivienda suscritos y 283 familias en verificación—, el costo mensual del aparato que la administra se convierte en el indicador que la opinión pública va a mirar.