Jacobo responde a señalamientos por contratos del INE y reta al gobierno

Edmundo Jacobo Molina, quien fuera secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral y después del Instituto Nacional Electoral, quedó en el centro de los cuestionamientos por su presunta participación en una red de proveedores que mantuvo relaciones comerciales con el organismo electoral durante casi 15 años. La investigación publicada por La Jornada —y retomada en el debate público— sitúa al exfuncionario en el manejo de los procedimientos de contratación del instituto, en un momento en que la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Interno de Control del INE y la Fiscalía General de la República revisan contratos celebrados desde la creación del organismo en 2014.

El dato que ordena la discusión es preciso: según la investigación, Jacobo habría realizado cerca del 80 por ciento de las adjudicaciones directas de contratos sin contar con el aval del Comité de Adquisiciones, además de posibles prácticas de colusión entre empresas, simulación de competencia y preferencia hacia un grupo reducido de proveedores. No se trata de un señalamiento menor: toca el corazón administrativo de la autoridad electoral, la misma que organiza las elecciones y administra recursos públicos para compras de materiales y servicios.

Jacobo ocupó la Secretaría Ejecutiva durante las presidencias de Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova. Desde esa posición participaba en la operación administrativa del organismo y en la coordinación de sus distintas áreas, por lo que los cuestionamientos no se dirigen a un área periférica sino a una de las posiciones de mayor responsabilidad operativa del instituto. El exfuncionario aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades y rechazó que se le pretenda atribuir responsabilidad sin revisar el desempeño de las distintas administraciones del instituto.

Su respuesta pública fue directa: “No me voy a esconder como Guadalupe Taddei. Aquí estoy y aquí voy a seguir”, declaró, al sostener que deben revisarse las condiciones en que se encuentra actualmente el organismo electoral. La frase tiene doble filo. Por un lado, marca distancia de la actual presidenta del INE y sugiere que el problema no es individual sino de gestión acumulada. Por otro, convierte la investigación en un pulso político entre el legado de las administraciones anteriores y la conducción actual del instituto.

La lectura política

El caso coloca al INE en una posición incómoda. Los señalamientos llegan en un contexto de acusaciones del gobierno federal sobre empresas que habrían usado distintas razones sociales para obtener contratos de materiales y servicios electorales mediante mecanismos que presuntamente simulaban competencia entre proveedores. Es decir, el asunto no es solo administrativo: se inserta en una disputa más amplia sobre la transparencia del árbitro electoral y sobre quién controla su narrativa.

Quien gana margen de maniobra es el gobierno federal, que puede usar la investigación para insistir en la necesidad de revisar el manejo de recursos del instituto. Quien lo pierde, al menos en el terreno de la percepción, es la propia estructura del INE, incluida su actual presidencia, que queda expuesta a la comparación que Jacobo lanzó en su declaración. El exfuncionario, en cambio, intenta reposicionarse como alguien que no evade la revisión, aunque su defensa depende de que las autoridades revisen a todas las administraciones y no solo la suya.

Institucionalmente, el caso pone a prueba la autonomía del Órgano Interno de Control y la capacidad de la ASF y la FGR para determinar si hubo irregularidades en las contrataciones y quiénes fueron los responsables de las decisiones administrativas. Los señalamientos publicados no constituyen por sí mismos una resolución judicial ni acreditan responsabilidad penal de Edmundo Jacobo o de los proveedores involucrados, pero sí obligan a las autoridades a pronunciarse con claridad sobre un periodo de casi 15 años.

Qué sigue

Las investigaciones deberán determinar si existieron irregularidades en las contrataciones y deslindar responsabilidades. El primer punto de verificación será si la ASF y el Órgano Interno de Control del INE hacen públicos sus hallazgos sobre las adjudicaciones directas sin aval del Comité de Adquisiciones. El segundo, si la FGR abre o confirma una línea de investigación penal que incluya a los proveedores señalados. El tercero, si el propio INE revisa las condiciones actuales de sus procedimientos de compra, como pidió Jacobo, o si la discusión se queda en el intercambio político.

Falta un elemento para sostener una lectura más contundente: no hay aún una resolución judicial ni un dictamen público que acredite responsabilidad penal. Mientras eso no ocurra, el caso permanece en el terreno de los señalamientos y de la disputa por la interpretación, con un actor que decidió no esconderse y con un instituto que deberá demostrar que puede revisarse a sí mismo.