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La ONU examina ocho años de la 4T: derechos sociales sin garantía
Organizaciones civiles y el director de PIH advierten ante el Comité DESC un deterioro profundo de instituciones y políticas públicas. Las conclusiones de los expertos se conocerán el 13 de noviembre.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU revisó el séptimo informe de México sobre el PIDESC. Organizaciones civiles documentaron informalidad laboral del 54.6%, desabasto de medicamentos y 3.7 millones de menores en trabajo infantil. Luis Fernández, de PIH, sostiene que hay un deterioro profundo de instituciones y políticas que no garantizan esos derechos. Las conclusione
El gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación no ha traducido su llegada al poder federal en una mejora verificable de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esa es la conclusión que un bloque de organizaciones civiles y especialistas llevó a la sede de Naciones Unidas en Ginebra, donde el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) revisó el séptimo informe periódico de México sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en 1981 y cuyo último reporte se había presentado en marzo de 2018.
La advertencia tiene peso porque no se formula en un foro nacional cualquiera: se plantea ante el órgano que vigila el cumplimiento del tratado y que este 13 de noviembre dará a conocer sus conclusiones. Luis Fernández Fernández, director ejecutivo de Práctica Internacional en Derechos Humanos (PIH), sostiene que no hay una evolución positiva en la protección de esos derechos y que, pese al esfuerzo de las administraciones por proyectar algo distinto, el deterioro institucional y de políticas públicas es profundo.
"No hay una evolución positiva de la protección y garantía de derechos económicos, sociales y culturales, es muy claro cuando vas desagregando cada derecho (...)", declaró Fernández, quien acudió a las sesiones públicas del 4 y 5 de noviembre junto con activistas de PIH, el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESOH), Práctica Laboratorio para la Democracia, Disentir, Elementa DDHH, Prevencasa, la Red Humanum y la red nacional Constituyentes.
Los datos que sostienen la advertencia
El expediente que las organizaciones presentaron se apoya en cifras oficiales. Al cierre de 2025, el 54.6% de la población económicamente activa, unos 33 millones de personas, trabajaba en la informalidad; hasta 2024, el 48.2% carecía de seguridad social y 34.2%, equivalentes a 44.5 millones de personas, no tenía acceso a servicios de salud.
En medicamentos, el contraste entre el discurso y la gestión es el núcleo del reclamo. Mientras el Estado presumió ante el Comité la inauguración de la Megafarmacia del Bienestar en diciembre de 2023 como medida para garantizar el acceso, el desabasto se reconoce en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2040 y en el programa institucional de Birmex de enero de 2026. La Auditoría Superior de la Federación detectó en la cuenta pública 2023 que Birmex suministró 8 mil 060 piezas caducas al ISSSTE, y el Colectivo Cero Desabasto documentó más de 7.5 millones de recetas no surtidas en 2023, de las cuales 5.1 millones corresponden al IMSS.
En la niñez, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil reportaba en 2022 a 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en esas labores, 2.1 millones en ocupaciones peligrosas, mientras el presupuesto 2025 para combatir el trabajo infantil cayó 7.9% real a 93.7 millones de pesos, tras un subejercicio del 41.4% en 2024. Las organizaciones también advirtieron sobre la desatención a hijas e hijos de personas desaparecidas: frente a 135 mil 048 víctimas de desaparición al 16 de junio, estiman más de 165 mil menores con madre o padre desaparecido, mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sólo registraba 2 mil 265 víctimas indirectas en 2022.
El informe también cuestiona afirmaciones del propio Estado. Sobre vivienda y desplazamiento forzado, el reporte oficial invocó una ley general que, según las organizaciones, no existe: hasta el 2 de septiembre sólo había iniciativas inconclusas y leyes estatales en Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca y Sinaloa. En justiciabilidad, el Estado reportó que entre 2018 y 2024 sólo 47 mil 023 de 144 mil 089 amparos en derechos sociales fueron concedidos: dos de cada tres personas no obtuvieron protección.
La lectura política
El costo político se concentra en el Ejecutivo federal y en su narrativa de transformación social. La revisión ante el Comité DESC traslada la disputa por los programas sociales del terreno de la legitimidad electoral al de la verificación internacional de derechos, un espacio donde los datos oficiales, no los discursos, son la unidad de medida. El gobierno conserva margen para responder que sus programas insignia —como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con 451 mil 764 millones de pesos en 2024— sostienen ingresos, pero la ASF documentó pagos a personas fallecidas y 23 mil 043 registros con baja por defunción cuyo beneficiario seguía activo, lo que debilita ese argumento.
Ganan margen las organizaciones civiles y los organismos de supervisión: la ASF, el Colectivo Cero Desabasto y las redes que documentaron el desabasto y el subejercicio quedan como referencia obligada para cualquier evaluación posterior. Pierde margen la estrategia oficial de presentar la Megafarmacia y los programas sociales como prueba suficiente de cumplimiento. La representación mexicana en la audiencia estuvo a cargo de César Villanueva, director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE; Frasca Méndez, embajadora ante la ONU, y Héctor Figueroa Palafox, del Inegi, y enfrentó preguntas duras, entre ellas sobre la Reforma Judicial.
Falta un elemento para medir la magnitud completa del revés: el contenido literal de las conclusiones del Comité, que se conocerán el 13 de noviembre. Sin ellas no puede sostenerse todavía si el organismo emite observaciones críticas formales o recomendaciones específicas al Estado mexicano.
Qué sigue
El primer hito es la publicación de las conclusiones del Comité DESC el 13 de noviembre, que fijarán el lenguaje con el que la ONU describe el desempeño mexicano en estos ocho años. Después, la pregunta institucional es si el Ejecutivo responde con datos corregidos sobre desabasto, trabajo infantil y justiciabilidad, o si mantiene la defensa discursiva de sus programas. Para el Congreso, el expediente deja pendientes concretos: la ley general de desplazamiento forzado que las organizaciones dan por inexistente y la supervisión del gasto en niñez, que cayó de 15% del presupuesto en 2015 a 10.5% en 2026 con 46 programas reducidos en términos reales.