508 sancionados por violencia política de género; Edomex suma 23 rumbo a 2027

El registro nacional de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género acumula 508 casos, de los cuales 23 corresponden al Estado de México, informó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), Arlen Siu Jaime Merlos. El dato, presentado en un conversatorio municipal sobre mujeres y gobierno, no es una estadística menor: mide cuántos agresores fueron acreditados por la vía jurisdiccional y, con ello, cuánta capacidad real tienen las instituciones para frenar una conducta que el propio árbitro electoral identifica como obstáculo para la competencia de 2027.

La cifra adquiere peso porque 465 de los 508 registros se incorporaron entre 2025 y 2026, es decir, casi la totalidad del padrón se concentra en los dos años previos al proceso electoral en que el Estado de México renovará 125 ayuntamientos y 75 diputaciones locales. No se trata de un acumulado histórico inerte: es un registro que creció de golpe en la antesala de la contienda.

En el mismo encuentro, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, advirtió que estas agresiones provocan que numerosas mujeres abandonen aspiraciones o decidan no competir por temor a ataques personales, amenazas y campañas de desprestigio. Citó un estudio de ONU Mujeres de 2022 según el cual el 80 por ciento de las mujeres con presencia pública redujo su participación en redes sociales, el 40 por ciento recurrió a la autocensura y otro 80 por ciento manifestó temor por su integridad física. En campañas municipales, dijo, nueve de cada diez enfrentaron violencia psicológica, ocho de cada diez agresiones digitales y el 84 por ciento reportó violencia durante actividades proselitistas.

La especialista Leticia Victoria Tavira puso un límite a la eficacia del sistema: en el procedimiento promovido por la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, de 13 personas involucradas únicamente una recibió sanción. Esa proporción —un sancionado por cada trece señalados— ayuda a entender por qué el registro crece mientras la percepción de impunidad persiste.

La lectura política

El registro de sancionados funciona, en la práctica, como un termómetro de la competencia femenina y no solo como un archivo de castigos. Cada inscripción supone una resolución que acredita violencia, pero también una señal a quienes planean competir: el costo de participar puede incluir litigio, exposición digital y desgaste personal. Para los partidos, el dato es un insumo incómodo: si las agresiones desalientan candidaturas, las dirigencias enfrentan un problema de oferta política en un año con 200 posiciones en disputa en el Edomex.

El reparto importa. Que 23 de 508 casos ocurran en el Estado de México no mide necesariamente mayor violencia local, sino la capacidad de las víctimas para llevar casos al registro y la disposición del TEEM a resolverlos. La cifra es, a la vez, un indicador de denuncia y de respuesta institucional.

La advertencia del IEEM y del TEEM llega en un momento en que el propio tribunal reporta carga creciente: hasta el 14 de septiembre de 2026 había recibido 20 medios de impugnación por posibles actos anticipados de campaña o precampaña, con 11 resueltos y nueve pendientes. Ese antecedente sugiere que el árbitro electoral mexiquense entra a 2027 con expedientes acumulados y con un registro de violencia política en expansión, dos frentes que compiten por la misma capacidad institucional.

No hay aún candidaturas formalmente registradas para 2027; lo que existe es un calendario definido y un conjunto de aspiraciones en construcción. En ese contexto, el dato de los 508 sancionados envía una señal a aliados y adversarios: la violencia política ya no es solo un tema de discurso, sino un expediente que puede inhabilitar, condicionar o desgastar a quien la ejerza.

Qué sigue

El IEEM y el TEEM deberán traducir el diagnóstico en mecanismos operativos antes del arranque formal del proceso electoral de 2027: protocolos de atención, criterios de acreditación de violencia digital y mediática, y capacidad de resolución para los expedientes pendientes. La discusión sobre fortalecer las leyes y los mecanismos de protección quedó planteada en el encuentro, sin una fecha legislativa confirmada en la evidencia disponible. El indicador a seguir será si el registro de sancionados crece al mismo ritmo que las denuncias y si las sanciones dejan de ser excepcionales frente al número de señalados.