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Aprobación de 66% con 11 protestas diarias: la paradoja que Morena llevará a 2027
Un análisis internacional contrastó el alza de 18% en manifestaciones en la capital con la estabilidad del respaldo presidencial. La explicación: no todas las protestas apuntan al Gobierno federal.
La capital registró 3 mil 277 protestas en 2026, 11 al día y 18% más que el año previo, mientras la aprobación presidencial se mantiene en 66%. Un análisis de la BBC atribuye la brecha a que muchas movilizaciones se dirigen a autoridades estatales, sindicatos o problemas heredados. La pregunta rumbo a 2027 es si ese respaldo se traduce en votos.
La capital del país acumuló 3 mil 277 protestas en lo que va de 2026, un promedio de 11 movilizaciones diarias y un incremento de 18% respecto del año anterior, según cifras de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México retomadas en un análisis de la BBC publicado este 24 de octubre. El dato, por sí solo, sugeriría un desgaste severo del Gobierno federal. Sin embargo, la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene alrededor de 66%, un nivel superior al de varios de sus antecesores y de otros mandatarios latinoamericanos. La contradicción aparente es el punto de partida del reportaje, que consultó a especialistas para explicar por qué el descontento social no se ha traducido en una caída del respaldo presidencial.
La respuesta que ofrece el análisis no es un misterio estadístico, sino una distinción política: no todas las protestas están dirigidas contra el Gobierno federal ni representan un rechazo generalizado a la presidenta. "Cada protesta es un mundo", resumieron las especialistas consultadas. La politóloga Luz María Cruz diferenció los movimientos ciudadanos de las manifestaciones organizadas en torno a demandas laborales: las movilizaciones de trabajadores de la salud responden a conflictos salariales y sindicales, mientras las protestas por la calidad del agua en Guadalajara se concentran en las autoridades estatales y en los responsables del suministro. La analista Viri Ríos añadió otro factor: muchas deficiencias del sector salud no se atribuyen directamente a Sheinbaum porque arrastran administraciones anteriores.
El reportaje identificó movilizaciones de personal sanitario, transportistas, agricultores, maestros, colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas. Las inconformidades abarcan desabasto de medicamentos, inseguridad en carreteras, dificultades de acceso al agua y violencia. La investigadora Alina Peña planteó que el respaldo electoral no impide cuestionar decisiones gubernamentales: son esferas que pueden coexistir. El texto también recordó que Sheinbaum inició su trayectoria vinculada a movimientos sociales y que Morena nació como organización de protesta antes de convertirse en partido gobernante, un origen que ayuda a entender tanto la sensibilidad del oficialismo ante la calle como su dificultad para administrarla.
La lectura política
El hallazgo central no es que Sheinbaum sea popular pese a las protestas, sino que la popularidad presidencial y la conflictividad social operan en registros distintos y con interlocutores distintos. Una marcha por desabasto de medicamentos en un hospital estatal, una protesta por agua en Jalisco o un bloqueo de transportistas en una carretera federal no necesariamente se leen en clave federal. Esa dispersión de responsabilidades protege al Ejecutivo federal en el corto plazo, pero también revela un límite: el respaldo de 66% se sostiene en buena medida por la continuidad de programas sociales, los incrementos al salario mínimo, las pensiones, la identificación de Morena con sectores populares y la respuesta presidencial frente a las políticas de Donald Trump, según el análisis. Son factores de identidad y de gestión simbólica, no de eficacia gubernamental verificada.
Ahí está la advertencia que las propias especialistas formularon: "La popularidad, que responde a una sociología del carisma y el liderazgo, no se traduce en representación o en acuerdos o en eficacia; son esferas distintas", dijo Cruz. La politóloga también cuestionó que Morena siga atribuyendo deficiencias a gobiernos anteriores después de varios años en el poder, un recurso que funciona mientras la marca presidencial conserve frescura, pero que se agota cuando el partido es el incumbent en la mayoría de los territorios.
Para 2027, el análisis plantea que los comicios legislativos y estatales serán el termómetro real de cómo se traduce el respaldo presidencial en preferencias electorales. Morena mantiene una posición dominante y la oposición sigue fragmentada, pero las protestas revelan demandas que no quedan reflejadas en los índices de aprobación. La distinción importa: una cosa es la aprobación de la presidenta, otra la intención de voto por su partido y otra la capacidad de sus candidatos para capitalizar ese respaldo en gubernaturas, congresos locales y alcaldías. La popularidad presidencial es un activo transferible solo si la estructura partidista y los aspirantes logran traducirlo en una oferta concreta. El riesgo para Morena no es una caída abrupta de aprobación, sino una erosión silenciosa en territorios donde las demandas locales —agua, salud, seguridad— tienen responsables identificables y nombres propios en la boleta.
Qué sigue
El calendario electoral marca la siguiente prueba: el proceso federal 2026-2027 definirá la renovación de la Cámara de Diputados y un número relevante de gubernaturas y congresos locales. Las cifras de conflictividad social seguirán actualizándose mes a mes, y la comparación entre aprobación presidencial e intención de voto por Morena será el indicador más útil para medir si el respaldo se transfiere. Falta, además, un elemento que la evidencia disponible no permite sostener: no hay datos desagregados por entidad que permitan saber si las protestas se concentran en territorios donde Morena es más vulnerable o en plazas donde su dominio es indiscutible. Esa ausencia es la pieza que impide una lectura más fina del riesgo electoral.