RUTA 27 · HIGH
ASF auditará contratos del OPLE Veracruz por fraccionamiento
Una columna documenta que un solo proveedor concentró 6.7 millones de pesos en cinco contratos firmados por el secretario ejecutivo, ninguno de los cuales rebasa por sí solo el umbral de licitación.
Una columna periodística documentó que el OPLE Veracruz concentró 6.7 millones de pesos en un único proveedor entre 2023 y 2025, mediante cinco contratos fraccionados y firmados por el secretario ejecutivo Luis Fernando Reyes Rocha. La ASF auditará estas prácticas. El caso llega cuando el árbitro electoral veracruzano prepara los comicios de 2027 y ya opera con una integración incompleta.
La fiscalización de los contratos del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz volvió al centro del debate público luego de que una columna periodística documentara que un solo proveedor concentró 6 millones 706 mil pesos entre 2023 y 2025, en cinco contratos que, sumados, superan el umbral de licitación pública nacional pero que, revisados uno por uno, no lo rebasan. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará esas prácticas, según la propia columna.
El señalado es José Antonio Bernal Blásquez, persona física con domicilio en Xalapa, que aparece como proveedor de urnas electrónicas con software, renta de vehículos, equipo de cómputo, papelería e impresión de material didáctico. Todos los contratos fueron firmados por el secretario ejecutivo del OPLE, Luis Fernando Reyes Rocha, en funciones desde enero de 2023.
El patrón documentado combina fraccionamiento, concentración en un solo proveedor y coincidencia de firmante en cada adjudicación. El contrato de urnas electrónicas de noviembre de 2023 ascendió a 1.88 millones de pesos por adjudicación directa; el de renta de 12 vehículos durante la jornada electoral de 2024 sumó 540 mil pesos; el de cómputo llegó a 2.21 millones; el de papelería a 1.94 millones; y uno más de impresión por 112 mil pesos que, según la columna, no aparece completo en el portal de transparencia.
La columna, firmada por Oved Contreras, sostiene que ningún contrato supera por sí solo el umbral de licitación pública nacional, pero que la suma de los cinco objetos distintos evita la licitación consolidada, una práctica que la Ley de Adquisiciones contempla como infracción. También subraya que facturar como persona física con actividad empresarial permite operar sin acta constitutiva ni socios visibles, lo que dificulta el rastreo de redes empresariales.
El OPLE ha respondido por otra vía: difundió que el costo unitario de boleta bajó de 14.11 pesos en 2018 a 9.18 pesos en 2025, y atribuyó el ahorro a economías de escala por el mayor volumen de la elección concurrente. Esa defensa no responde al señalamiento central —el fraccionamiento y la concentración en un proveedor—, sino a un indicador distinto de eficiencia.
La lectura política
El caso coloca al árbitro electoral veracruzano en una posición incómoda justo cuando debe preparar el proceso de 2027. No se trata de una candidatura ni de una precandidatura de facto: es una decisión administrativa con consecuencia política, porque la credibilidad del organismo que organizará las elecciones locales y concurrentes queda atada a la transparencia de sus contratos.
El incentivo del OPLE es acotar el daño: la defensa por costo unitario de boleta sugiere que la institución busca desplazar la discusión del procedimiento de contratación al resultado financiero. Es una respuesta comprensible, pero insuficiente: la fiscalización no mide solo cuánto se gastó, sino cómo se adjudicó.
La coincidencia de que Reyes Rocha firme todos los contratos ocurre mientras la Fiscalía General de la República lo investiga por su vínculo como apoderado de Cajas Graf, según la propia columna. Ese dato no acredita irregularidad en los nuevos contratos, pero sí explica por qué el reemplazo del proveedor anterior se volvió un asunto de escrutinio público.
El equilibrio interno del OPLE también pesa: el INE declaró desierta la elección a consejero local, de modo que el organismo llegará incompleto a la preparación de 2027 si no se resuelve pronto una nueva convocatoria. Un árbitro con integración incompleta y contratos bajo auditoría tiene menos margen para exigir a partidos y candidatos lo que no puede garantizar de sí mismo.
Qué sigue
La ASF deberá pronunciarse sobre el fraccionamiento y la concentración de contratos. El OPLE enfrenta además la obligación de reponer la convocatoria para consejero local. La pregunta verificable es si la auditoría se limita a observar el gasto o si deriva en responsabilidades administrativas y en una revisión del portal de transparencia, donde la columna reporta contratos incompletos.