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PAN exige investigar a Taddei y condiciona la nueva presidencia del INE
Jorge Romero Herrera sostuvo que la salida de Guadalupe Taddei no cierra los señalamientos por contrataciones y recursos públicos. Acción Nacional propone devolver al Consejo General la facultad de nombrar direcciones ejecutivas.
El PAN, por medio de Jorge Romero Herrera, exigió investigar las presuntas irregularidades de la gestión de Guadalupe Taddei en el INE y sancionar a los responsables, porque su salida no basta. También propone una contrarreforma para que las designaciones administrativas vuelvan al Consejo General y pide un proceso ciudadano para elegir a la próxima presidencia rumbo a 2027.
El PAN convirtió la salida de Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral (INE) en una exigencia de rendición de cuentas. En un boletín fechado el 1 de noviembre de 2026, su presidente nacional, Jorge Romero Herrera, sostuvo que la renuncia no basta para resolver los señalamientos sobre presunta corrupción, conflictos de interés y contrataciones irregulares durante su administración, y pidió investigar y sancionar a quienes resulten responsables, sin importar el cargo que hayan ocupado.
La demanda no se limita al caso individual. El PAN también pidió que la próxima titularidad del INE sea independiente de los partidos y que la Cámara de Diputados garantice un procedimiento transparente y ciudadano para elegirla. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, el partido busca colocar el tema de la imparcialidad del árbitro electoral en el centro del debate público.
Romero Herrera afirmó que Morena no puede deslindarse de Taddei, pues recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador celebró su nombramiento en 2023 y reconoció su cercanía con integrantes de la familia de la entonces consejera presidenta. Es una acusación política, no una resolución judicial: hasta ahora no existe sentencia que acredite delitos atribuidos a la exconsejera presidenta.
El partido vinculó además la gestión de Taddei con una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) promovida por Morena en 2024. Según el PAN, ese cambio permitió que la presidencia del INE designara directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin aprobación del Consejo General. Acción Nacional impulsa una contrarreforma al artículo 45 de la LGIPE para que esas designaciones vuelvan a decidirse de manera colegiada, con al menos ocho de los 11 votos del Consejo General.
El argumento es que una sola persona no debe concentrar nombramientos y administración de recursos, y que los contrapesos internos previenen conflictos de interés. La propuesta llega después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abriera una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en el INE y sus proveedores, que abarca contratos y operaciones de dos grupos empresariales con 8 mil 870 millones de pesos acumulados con entidades públicas entre 2014 y 2026. La ASF informó que 3 mil 790 millones de pesos de ese monto fueron ejercidos por organismos electorales locales.
La lectura política
La exigencia del PAN cumple una función práctica: mantener abierto el costo político del caso Taddei y evitar que la salida de la presidenta funcione como cierre administrativo del expediente. Si la renuncia se presenta como solución, el partido pierde el tema; si se presenta como insuficiente, conserva la iniciativa y presiona por una investigación que puede alcanzar a funcionarios y proveedores.
El movimiento también ordena el terreno de la sucesión en el INE. Al pedir un proceso ciudadano y advertir que nombrar a alguien vinculado al mismo grupo político no atendería los cuestionamientos, el PAN intenta condicionar la elección de la próxima presidencia. No es una candidatura formal ni una precandidatura: es un posicionamiento que busca fijar criterios de elegibilidad y desgastar cualquier designación percibida como afín a Morena.
La contrarreforma al artículo 45 es la parte más institucional. De aprobarse, redistribuiría poder dentro del INE: quitaría a la presidencia la facultad de nombrar direcciones ejecutivas y la devolvería al Consejo General. Eso cambia incentivos internos y obliga a negociar mayorías de ocho votos, lo que reduce el margen de una sola persona para colocar aliados en áreas administrativas clave.
El límite de la lectura es claro: el PAN controla la narrativa, no la investigación. La ASF y la Fiscalía General de la República (FGR) son las instancias que pueden acreditar responsabilidades, y el partido no tiene capacidad de resolución sobre ellas. Su denuncia ante la FGR, presentada días antes, es una pieza de presión política, no una sentencia.
Qué sigue
La Cámara de Diputados debe publicar la convocatoria para elegir a la nueva presidencia del INE, proceso que el PAN exige transparente y ciudadano. La contrarreforma al artículo 45 de la LGIPE requiere dictamen y votación en el Congreso, donde Morena y sus aliados tienen mayoría. La ASF continúa su revisión de contratos y proveedores, y la FGR debe definir el curso de la denuncia presentada por el PAN. El calendario electoral de 2027 presiona para que la nueva titularidad quede definida antes de que arranquen formalmente las precampañas.