IEPC Durango abre proceso electoral 2026-2027 con advertencia a presiones

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) declaró formalmente iniciado el Proceso Electoral Local 2026-2027 durante una Sesión Especial celebrada el domingo 1 de noviembre. La declaratoria no es un trámite menor: activa el calendario, los plazos de registro, las reglas de fiscalización y el marco de competencia en el que se renovará la totalidad del Congreso local el 6 de junio de 2027.

El consejero presidente, Roberto Herrera Hernández, fijó el tono de la sesión con una advertencia: «No permitiremos la intimidación ni las presiones ante la pretensión de imponer voluntades contrarias a la constitucionalidad y legalidad». La frase, dirigida a las representaciones partidistas y a las autoridades presentes, anticipa que el árbitro electoral duranguense se prepara para un proceso con fricción, no para una jornada plácida.

En Durango se elegirán 29 cargos: cuatro diputaciones federales y las 25 del Congreso estatal, integrado por 15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional. La consejera Perla Lucero Arreola Escobedo informó que el instituto trabaja desde junio en la aprobación del calendario, la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los lineamientos de registro de candidaturas, los criterios de paridad y los bloques de competitividad. El consejero Honorio Mendía Soto precisó que se trata de la décima segunda elección para renovar el Congreso que organiza el organismo desde su creación en 1994, con más de un millón 466 mil duranguenses en la lista nominal al 22 de octubre.

La secretaria ejecutiva, Paola Aguilar Álvarez Almodóvar, llamó a que el proceso transcurra en paz y sin violencia contra quienes ejerzan sus derechos político-electorales. El consejero Ernesto Saucedo Ruiz pidió no minimizar los cuestionamientos al sistema electoral y exigió que cualquier conducta irregular sea esclarecida por la autoridad competente. La declaratoria ocurre, además, en un contexto en el que el propio IEPC contempla en su anteproyecto de presupuesto para 2027 unos 154 millones de pesos para prerrogativas de partidos con registro, cerca de 100 millones para gasto operativo y el resto para actividades del proceso.

La lectura política

La declaratoria formal de un proceso electoral suele leerse como acto administrativo. En la práctica, funciona como el punto de partida de una negociación política que se extiende hasta la jornada. Lo que cambia el 1 de noviembre no es el ánimo de los partidos, sino el régimen de restricciones: a partir de aquí, las precampañas, el financiamiento, la propaganda y el uso de recursos públicos quedan sujetos a plazos y a la vigilancia del instituto.

El énfasis de Herrera Hernández en intimidaciones y presiones envía una señal a dos audiencias. A los partidos, advierte que el árbitro no cederá ante intentos de imponer candidaturas o condiciones fuera de la ley. A los actores locales —gobiernos, dirigentes, aspirantes—, recuerda que el proceso estará bajo escrutinio. No es una acusación contra nadie en particular; es una advertencia preventiva que, en un estado donde el Congreso se renueva por completo, adquiere peso porque cada diputación cuenta para la gobernabilidad y para la relación con el Ejecutivo estatal.

El equilibrio interno del Consejo General también importa. Saucedo Ruiz pidió colegialidad y transparencia; De la Cruz convocó a las juventudes; Mendía Soto subrayó la experiencia institucional. Esa diversidad de énfasis sugiere un consejo que busca blindar su legitimidad ante un sistema electoral nacional cuestionado, sin que ello implique una ruptura interna.

Los partidos fijaron posiciones que anticipan el tono de la contienda. El representante de Somos, Gamaliel Ochoa Serrano, acusó a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, de actuación irregular y cuestionó a empresas proveedoras; se trata de señalamientos formulados en su intervención, sin resolución que los respalde. El panista Germán Campos exigió imparcialidad y advirtió que los programas sociales no deben condicionarse al apoyo partidista. El Verde pidió autonomía y recursos equitativos; Morena expresó confianza en el instituto; el PRI consideró que la confianza en las instituciones debe recuperarse con transparencia. Ninguna de esas intervenciones constituye una candidatura formal: son posicionamientos de partido en la antesala de la definición de reglas.

La distinción es clave rumbo a 2027. La declaratoria no define candidaturas ni coaliciones; define el terreno. Quien gane margen de maniobra en esta etapa —en la interpretación de la paridad, en los bloques de competitividad, en la fiscalización— llegará con ventaja a la definición de las listas. Quien pierda ese margen enfrentará restricciones cuando las candidaturas ya estén en juego.

Qué sigue

El IEPC deberá publicar y ejecutar el calendario electoral aprobado, con las fechas de registro de candidaturas y de precampañas. El anteproyecto de presupuesto 2027, que incluye las prerrogativas partidistas, deberá discutirse y aprobarse en el Congreso local. El Tribunal Electoral de Durango tendrá que resolver las controversias que surjan durante el proceso. La jornada electoral está fijada para el 6 de junio de 2027.

Actualización

El IEEQ firma un convenio específico para agilizar trámites de candidaturas independientes, desarrollando el proceso electoral local 2026-2027 declarado formalmente en esta historia previa. Leer el nuevo desarrollo.