INE fija mínimo de nueve candidatas a gubernaturas rumbo a 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un procedimiento para supervisar y verificar el cumplimiento de la paridad de género en las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027. La determinación obliga a los partidos nacionales a postular al menos nueve mujeres y establece que la autoridad electoral revisará, antes de los registros, los criterios con los que cada instituto político decide en qué entidades coloca a sus candidatas.

La consejera Norma Irene De la Cruz destacó que el procedimiento permitirá revisar de manera preventiva los criterios de competitividad de los partidos, para evitar que las mujeres sean postuladas en entidades donde tengan pocas posibilidades de triunfo. Subrayó que esos criterios deberán ser transparentes, objetivos y verificables, y que la paridad debe acompañarse de medidas para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.

El acuerdo deja a cada partido la decisión de definir en cuáles entidades postulará mujeres y hombres, pero el INE verificará que se cumpla la postulación mínima de nueve candidatas y que se respeten los criterios de competitividad. Esa fórmula —autonomía partidista para distribuir, vigilancia externa para acreditar— es el punto donde se concentra la disputa política de las próximas semanas.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, explicó que la medida responde a la obligación constitucional de garantizar la paridad sustantiva y a la persistente subrepresentación histórica de las mujeres en los poderes ejecutivos estatales. Recordó que desde 2020 el INE ha aprobado cinco acuerdos para hacer efectivo este principio y que las determinaciones de la autoridad electoral y del Tribunal Electoral han permitido que 13 mujeres sean electas gobernadoras: seis en 2021, dos en 2022, una en 2023 y cuatro en 2024. Advirtió, sin embargo, que los avances son insuficientes: en el último ciclo en que se renovaron las 32 gubernaturas, sólo en 40 por ciento de las entidades fue electa una mujer.

"La paridad no es una concesión del Estado, ni de las autoridades electorales, ni de los partidos políticos, es una exigencia democrática sustentada en la dignidad humana, la igualdad sustantiva y el principio de no discriminación", sostuvo Humphrey.

Durante la discusión, representantes partidistas plantearon objeciones sobre los plazos para informar la distribución de candidaturas y las dificultades para definirla antes de formalizar coaliciones o candidaturas comunes. El PAN señaló que algunas decisiones internas podrían modificarse conforme a los calendarios legales; el Partido Verde consideró excesiva la documentación solicitada y pidió más tiempo; el Partido Paz advirtió sobre la premura del caso Guerrero, cuyas precampañas comienzan el 12 de noviembre. Humphrey respondió que los partidos deben informar sus métodos de selección y que el proyecto contempla requerimientos para completar documentación, así como la posibilidad de modificar posteriormente la distribución conforme a sus procedimientos estatutarios. El acuerdo fue aprobado por nueve votos a favor y uno en contra.

La lectura política

El movimiento del INE no crea candidaturas ni sustituye la negociación partidista: fija el marco en el que esa negociación deberá justificarse por escrito. En la práctica, funciona como un mecanismo de control anticipado sobre una maniobra conocida: postular mujeres en los estados donde el partido tiene menor competitividad y concentrar a los hombres en los bastiones. La revisión preventiva de los criterios de competitividad busca cerrar ese margen antes de que se convierta en registro formal.

El incentivo de los partidos es preservar libertad de reparto, sobre todo cuando las coaliciones y candidaturas comunes se definen en paralelo a los calendarios estatales. Por eso las objeciones se centraron en plazos y documentación, no en el principio de paridad: impugnar el fondo tiene costo público alto; discutir tiempos y formatos, no. El caso de Guerrero, con precampañas desde el 12 de noviembre, muestra dónde se concentra la presión: entre más corto el calendario, más difícil documentar criterios objetivos antes de decidir.

La señal rumbo a 2027 es que el árbitro electoral llega a la contienda con un instrumento de verificación ya activado, no con una declaración de buenas intenciones. Quien gane la disputa por la distribución de las 17 gubernaturas tendrá que hacerlo frente a un expediente auditable. El límite es claro: el INE no ha definido candidaturas ni ha impuesto nombres; ha establecido un piso de nueve postulaciones y un método de revisión. La candidatura formal sigue siendo facultad partidista; la precandidatura de facto y el posicionamiento se moverán en los estados, no en el Consejo General.

Qué sigue

Los partidos deberán informar sus métodos de selección y la distribución de candidaturas conforme a los requerimientos del acuerdo, con posibilidad de completar documentación y de modificar la distribución según sus procedimientos estatutarios. El calendario de Guerrero, con precampañas a partir del 12 de noviembre, será el primer examen práctico del procedimiento. El INE verificará el cumplimiento de la postulación mínima de nueve candidatas y la transparencia de los criterios de competitividad antes de los registros formales de 2027.