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ASF detecta 100 millones sin comprobar en OPLE de Oaxaca, Chihuahua y Colima
Los organismos electorales locales pagaron material electoral sin actas de entrega ni evidencia de distribución. El hallazgo ocurre mientras la atención pública se concentra en los contratos del INE.
La Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños a la hacienda pública por unos 100 millones de pesos en los organismos electorales de Oaxaca, Chihuahua y Colima entre 2019 y 2024. En los tres casos se pagó material electoral sin comprobantes de entrega. El hallazgo importa rumbo a 2027 porque esos institutos organizarán comicios locales y la opacidad en sus compras anticipa un flanco
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles daños a la hacienda pública por alrededor de 100 millones de pesos en los organismos públicos locales electorales (OPLE) de Oaxaca, Chihuahua y Colima, según una revisión a los informes de fiscalización de las cuentas públicas 2019-2024. El dato aparece mientras la discusión pública sobre irregularidades electorales se ha concentrado en los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que deja en segundo plano a los institutos que organizan las elecciones locales.
En Oaxaca, el instituto electoral no pudo demostrar que recibió los objetos de una compra de materiales electorales. El posible daño al erario asciende a 64 millones 862 mil pesos, más los rendimientos financieros generados desde la disposición de los recursos hasta su reintegro a las participaciones federales. La cifra corresponde a dos contratos firmados el 29 de marzo de 2024, ambos sin número.
En Chihuahua, el instituto celebró contratos para impresión y producción de boletas y documentación electoral del proceso 2020-2021. Los pagos se hicieron, pero como comprobación solo se entregó el resguardo de los proveedores: sin acta de entrega, sin datos de programación de la distribución, sin listados por zona o casilla y sin evidencia fotográfica. A ello se suma la compra de equipos de cómputo y licencias por 504 mil pesos sin acta de entrega-recepción ni comprobantes de asignación. El posible daño en Chihuahua se estima en 25 millones 300 mil pesos.
En Colima, el instituto asignó dos contratos para impresión y producción de boletas del mismo proceso. Los auditores hallaron póliza, factura y transferencia por 8 millones de pesos, pero sin evidencia de entrega del material. El posible daño al erario en Colima se calcula en 26 millones 513 mil pesos.
Los tres casos comparten un patrón: se pagó por bienes y servicios electorales sin documentación que acredite que llegaron a su destino. No se trata de un faltante de comprobantes administrativos menores, sino de la imposibilidad de verificar que el material pagado con recursos federales se entregó conforme a lo contratado.
La lectura política
El hallazgo no es una acusación de corrupción comprobada: la ASF habla de posibles daños a la hacienda pública, una figura de fiscalización que abre plazos de aclaración y reintegro, no una sentencia. Pero políticamente funciona como un recordatorio de que la integridad electoral no se agota en el INE. Los OPLE son los árbitros y organizadores de las elecciones locales, y en 2027 buena parte de la renovación de gubernaturas, congresos y ayuntamientos pasará por sus manos.
El incentivo de los partidos es doble. Por un lado, pueden usar el informe como munición para exigir mayor escrutinio sobre los institutos locales, sobre todo en estados donde el control del organismo ha sido motivo de disputa. Por otro, el tema no es cómodo para nadie: los OPLE se integran por designación de los congresos locales, donde las mismas fuerzas que ahora podrían señalar irregularidades tienen responsabilidad en la conformación de esos órganos.
La concentración de la atención en el INE también tiene una función práctica: mientras el debate nacional se enfoca en los contratos del árbitro federal, las irregularidades en los organismos estatales avanzan por la vía administrativa sin la misma presión pública. Eso no exime al INE, pero sí explica por qué el flanco local queda desatendido.
Rumbo a 2027, el precedente relevante es que la fiscalización de los procesos electorales ya mostró que el dinero federal transferido a los estados puede quedar sin trazabilidad. Si los OPLE no corrigen sus mecanismos de comprobación, el próximo ciclo electoral podría repetir el patrón en compras de boletas, materiales y equipos, justo cuando la desconfianza en las instituciones electorales es un activo político rentable.
Qué sigue
La ASF tiene plazos para notificar a los entes fiscalizados y para que estos presenten aclaraciones o reintegren los recursos observados. Los congresos locales de Oaxaca, Chihuahua y Colima son los espacios donde podría discutirse la responsabilidad de los consejeros electorales, aunque no existe evidencia en el informe de que se haya iniciado un procedimiento de remoción. El siguiente dato verificable será la respuesta de cada OPLE a las observaciones y, en su caso, la judicialización de los reintegros.