IECM suelta reglas de propaganda y deja el retiro en manos del Gobierno capitalino

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ajustó sus reglas de imparcialidad rumbo a 2027, pero no para endurecerlas: para retirar del reglamento varias disposiciones que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) consideró fuera de sus facultades. El Consejo General aprobó los cambios el 28 de octubre, en cumplimiento de una sentencia del 22 de octubre. El resultado es un árbitro local con las mismas atribuciones legales para investigar y sancionar, pero con menos reglas escritas para anticipar cuándo una conducta de gobierno o de funcionario cruza la línea.

La modificación deja sin efecto disposiciones sobre programas sociales y acciones institucionales, propaganda gubernamental, comunicación social, redes sociales privadas de personas servidoras públicas e informes de labores y gestión. Es decir, buena parte del catálogo que el IECM había construido para vigilar el uso de recursos públicos y la promoción personalizada durante el proceso electoral local 2026-2027. El Instituto sostiene que retirar esas disposiciones no equivale a permitir conductas que vulneren las reglas electorales: el uso indebido de recursos públicos, la promoción personalizada y los actos anticipados de campaña seguirán sujetos a revisión conforme a la Constitución, las leyes y los criterios de los tribunales.

El punto más visible del ajuste está en la vía pública. El Consejo General determinó que la Secretaría Ejecutiva podrá solicitar la colaboración del Gobierno capitalino y de las alcaldías para gestionar el retiro de propaganda antes del inicio de las precampañas y, posteriormente, de las campañas. La redacción importa: el IECM no retira por sí mismo; pide, gestiona, coordina. Y lo hace con autoridades que en la Ciudad de México son, a la vez, reguladoras del espacio público y actores políticos con interés directo en el resultado de 2027.

La lectura política

El movimiento tiene dos capas. La primera es jurídica y obligada: el IECM perdió ante el TECDMX y acató. La segunda es política y más relevante para 2027. Al anularse las disposiciones reglamentarias, la frontera entre propaganda gubernamental legítima y promoción personalizada queda menos definida de antemano y más dependiente del análisis caso por caso. Eso no legaliza el uso electoral de recursos públicos, pero sí desplaza la carga de la prueba hacia el momento de la denuncia y de la resolución jurisdiccional, no hacia la prevención.

Para el Gobierno capitalino y las alcaldías, el cambio les devuelve margen de maniobra sobre el mobiliario urbano y la comunicación institucional en el año previo a la elección. Para el IECM, reduce el riesgo de que sus lineamientos vuelvan a ser revocados, pero también le quita herramientas de disuasión temprana. La solicitud de retiro de propaganda antes de precampañas funciona en la práctica como un mecanismo de coordinación política, no como una orden vinculante: su eficacia dependerá de la disposición de las autoridades locales a colaborar.

El equilibrio interno del Instituto también queda expuesto. El Consejo General conserva la facultad de recibir denuncias, investigar y sustanciar procedimientos especiales sancionadores, además de dar vista a autoridades administrativas o penales. Pero sin reglas específicas sobre redes sociales privadas de servidores públicos o informes de labores, cada caso deberá construirse desde los criterios generales. Eso exige un árbitro con capacidad técnica y voluntad política de aplicar el mismo estándar a todas las fuerzas, incluida la que gobierna la ciudad.

La señal rumbo a 2027 es de contención, no de apertura. El IECM evita un nuevo choque con el tribunal y se concentra en sobrevivir al proceso con sus atribuciones intactas. Los partidos y aspirantes que operan en la capital ganan un terreno menos reglado para la propaganda y la comunicación de gobierno, pero no una autorización. La diferencia entre posicionamiento, aspiración y precandidatura de facto seguirá dirimiéndose en denuncias concretas, no en el reglamento.

Qué sigue

El IECM deberá aplicar los lineamientos modificados en el proceso electoral local 2026-2027 y resolver las denuncias que se presenten con los criterios generales. La Secretaría Ejecutiva tendrá que definir cuándo y cómo formula las solicitudes de retiro de propaganda al Gobierno capitalino y a las alcaldías, y qué hace si la colaboración no llega. El TECDMX conserva la última palabra sobre las impugnaciones que surjan de esas gestiones. Y queda por ver si el Instituto emite criterios operativos que sustituyan, sin exceder sus facultades, las disposiciones anuladas.