INE abre la puerta a auditoría interna en plena crisis por Taddei

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, afirmó que el organismo está dispuesto a cualquier investigación que permita delimitar responsabilidades por la presunta red de corrupción laboral, acoso y cobro de cuotas denunciada por la periodista Aurora Zepeda. La declaración ocurre a un día de que Cruz asumiera la presidencia tras la renuncia de Guadalupe Taddei, y convierte la crisis interna del árbitro electoral en un asunto de credibilidad pública, no de trámite administrativo.

La denuncia de Zepeda describe descuentos salariales obligatorios, cobro de cuotas para conservar plazas y presiones a aspirantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), con testimonios recogidos desde 2023. La periodista también documentó, entre abril y diciembre de ese año, al menos 900 renuncias y el despido del 27 por ciento de la plantilla directiva central tras la llegada de Taddei. Frente a ese cuadro, Cruz respondió con una fórmula de apertura: "estamos abiertos y dispuestos a cualquier tipo de investigación" para que el INE "recupere su confianza en la propia estructura".

El gesto no es menor porque la presidenta provisional no llegó al cargo por un proceso ordinario, sino por una designación de emergencia del Consejo General el 27 de octubre, luego de la salida de Taddei. Cruz hereda una estructura que ella no nombró y sobre la que pesan señalamientos que van desde nóminas paralelas hasta desvío de recursos a cuentas privadas. Su margen para investigar sin tocar a quienes la sostuvieron en el Consejo es estrecho, y ahí está la primera prueba de fuego.

La lectura política

En la práctica, la declaración de Cruz funciona como un escudo preventivo: si el INE no investiga, la sospecha se traslada de la administración anterior a la actual. La presidenta provisional necesita distinguir su gestión de la de Taddei sin romper la coalición interna que la eligió, y esa tensión explica por qué habla de "delimitar responsabilidades" en lugar de anunciar auditorías concretas.

El incentivo es doble. Hacia adentro, debe contener una posible fractura en el servicio profesional electoral, donde las cuotas y presiones laborales erosionan la lealtad de mandos medios y técnicos que operan las casillas en 2027. Hacia afuera, el INE enfrenta un entorno donde la confianza en el árbitro es condición para que los resultados de la elección presidencial sean aceptados por todas las fuerzas. Una red de corrupción laboral no es un asunto de recursos humanos: es una señal de que el control interno del organismo puede ser capturado por intereses ajenos a su función constitucional.

También hay un costo para Cruz: ella misma arrastra señalamientos por contrataciones dudosas a una empresa que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusó de cobrar servicios fantasmas. Investigar a fondo implica revisar convenios y oficinas que pudieron pasar por sus manos, lo que convierte la apertura declarada en una prueba de consistencia, no en una simple cortesía.

El equilibrio interno del Consejo General es frágil. La presidencia provisional tiene fecha de caducidad: el proceso de selección de un nuevo consejero para el periodo 2026-2027 sigue en curso, y cualquier hallazgo de corrupción puede reordenar las alianzas que definieron la salida de Taddei. Quien controle la narrativa de la investigación tendrá ventaja en la negociación por la presidencia definitiva y por la conducción del proceso electoral.

Qué sigue

El primer paso verificable es si el Consejo General formaliza una auditoría externa o se limita a la revisión administrativa ya anunciada, que incluyó la separación de tres funcionarios. Después, el calendario de selección del nuevo consejero electoral definirá si Cruz se consolida o si su gestión queda como un interinato de transición. La denuncia de Zepeda también deja abierta la pregunta de si la Fiscalía General de la República (FGR) o la ASF abren una investigación propia, lo que sacaría el caso del control interno del INE. Sin esos pasos, la apertura declarada quedará como una promesa sin consecuencia verificable.