IEEM frena manuales electorales tras señalamientos de favoritismo

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) suspendió este miércoles la aprobación de los manuales de producción y control de calidad del material electoral para la elección de 2027, en la que se renovarán diputaciones locales y ayuntamientos. La decisión ocurrió en la misma sesión en que el organismo debía validar los formatos únicos y las reglas de supervisión de la documentación electoral, y a unos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum hablara de presuntos actos de favoritismo hacia proveedores electorales en la entidad desde 1999.

El freno congela una licitación pública estimada en unos 20 millones de pesos para papelería e insumos electorales y deja sin reglas formales la producción del material que se usará en la jornada de 2027. La consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, había informado que ese mismo día se definirían los manuales para la licitación. El organismo no explicó públicamente el motivo del aplazamiento ni fijó una nueva fecha en la evidencia disponible.

El detonante inmediato es el caso de Cajas Graf, firma que recibió en 2025 un contrato por casi 17 millones de pesos para la organización de la elección judicial en el Estado de México. La empresa está vinculada a José Alfredo Hernández Casillas, un empresario que, según los señalamientos difundidos, es investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades y por recibir contratos millonarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos públicos locales electorales en distintas entidades.

Pulido Gómez había sostenido que las licitaciones y adjudicaciones estaban "completamente blindadas" y que el objetivo era impedir sobreprecios, favoritismos, conflictos de interés y colusión. Sobre el contrato a Cajas Graf, argumentó que se otorgó por excepción ante la falta de tiempo para una nueva licitación: el procedimiento debía iniciar el 11 de enero y la reforma constitucional del Poder Judicial se aprobó hasta el 14 de febrero. También señaló que el instituto es auditado cada año por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFEM) y la ASF, y que las licitaciones son públicas y supervisadas por un Comité de Adquisiciones.

La lectura política

La suspensión funciona, en la práctica, como una pausa defensiva: el IEEM gana tiempo para revisar sus procedimientos mientras intenta contener el costo político de un señalamiento que ya escaló al ámbito federal. No es una cancelación ni una revocación de contrato; es la interrupción de un acto administrativo que, de haberse aprobado, habría dejado al instituto con reglas de producción listas en medio del escrutinio público.

El movimiento tiene dos destinatarios. Hacia afuera, envía la señal de que el organismo reacciona ante la crítica y no avanza como si nada hubiera ocurrido. Hacia adentro, ordena el equilibrio entre consejeros: la presidenta había defendido la transparencia del proceso y ahora el propio órgano frena una de sus etapas, lo que sugiere que la confianza interna en la justificación del contrato por excepción no es unánime o que se busca no convertir el caso en un nuevo frente de conflicto.

El costo político recae sobre la presidencia del IEEM, que había construido un discurso de blindaje institucional y ahora debe explicar por qué se detiene precisamente la validación de los manuales. Para los partidos, el aplazamiento abre una ventana de escrutinio sobre el uso de recursos y sobre la relación con proveedores; para los aspirantes a las 1,291 cargas en disputa, la incertidumbre sobre el material electoral es un recordatorio de que el árbitro estatal llega a 2027 con una sombra de sospecha que no se disipa con declaraciones.

El precedente verificable es la elección judicial de 2025, cuando la premura del calendario llevó a adjudicaciones por excepción. Ese argumento de urgencia puede repetirse en 2027 si el calendario se comprime, lo que convierte la suspensión actual en una prueba de si el IEEM corrige el procedimiento o solo pospone la decisión.

Qué sigue

El IEEM deberá reprogramar la sesión en la que se aprueben los manuales de producción y control de calidad, sin que la evidencia disponible permita anticipar la fecha. La licitación de insumos, estimada en 20 millones de pesos, queda detenida hasta que existan esos formatos. En paralelo, las auditorías del OSFEM y la ASF sobre el contrato a Cajas Graf siguen su curso, y la investigación federal sobre Hernández Casillas podría arrojar nuevos elementos. El instituto también tendrá que definir si mantiene la adjudicación por excepción o si abre un procedimiento ordinario para 2027.