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INE lanza programa de reeducación contra violencia política de género
La iniciativa del Instituto Nacional Electoral busca transformar conductas patriarcales en el ámbito político, derivada de una sentencia del TEPJF, en un contexto de transición interna del órgano electoral.
El INE inauguró el Programa de Reeducación Integral para transformar conductas que generan violencia política contra las mujeres. La consejera Carla Humphrey destacó que la paridad no garantiza autonomía sin este cambio cultural. La medida responde a una orden judicial y busca prevenir agresiones en un proceso electoral clave rumbo a 2027.
El Instituto Nacional Electoral (INE) inauguró la primera edición institucional del Programa de Reeducación Integral para la Transformación de Conductas y Prácticas que Generan y Reproducen Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Esta iniciativa, presentada el 28 de octubre de 2026, no es un mero ejercicio administrativo, sino una respuesta directa a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena al órgano electoral implementar medidas de no repetición. La acción se inscribe en la Estrategia 2026-2031 y busca modificar patrones culturales que perpetúan la violencia en el ámbito político.
La consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, abrió los trabajos con un diagnóstico contundente: la paridad ha abierto puertas, pero no ha garantizado que las mujeres ejerzan el poder con autonomía. Humphrey subrayó que la democracia solo es plena cuando las mujeres participan sin discriminación ni presiones, advirtiendo que la violencia política persiste con mayor intensidad en los ámbitos locales, donde las estructuras de poder suelen ser más cerradas y la impunidad, más frecuente. El programa, por tanto, trasciende el cumplimiento normativo para plantearse como una apuesta por transformar las estructuras patriarcales y sexistas que históricamente han limitado la participación femenina.
Esmeralda Estrada Pérez, subdirectora de Vinculación y Difusión de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, explicó que el programa promueve la reflexión crítica y el reconocimiento de responsabilidades. Las conductas que generan desigualdad se aprenden socialmente, pero también pueden modificarse, afirmó Estrada, destacando que la meta es desarrollar habilidades para una convivencia democrática basada en el respeto. En esta primera edición participan hombres de nueve entidades federativas —Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz—, lo que sugiere un enfoque que busca involucrar a los actores tradicionalmente hegemónicos en la transformación de las dinámicas de poder.
Este anuncio se produce en un momento de alta tensión institucional para el INE. Apenas días antes, el Consejo General del INE formalizó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta interina tras la renuncia de Guadalupe Taddei, en medio de una crisis de confianza y dudas sobre la capacidad del organismo para organizar los comicios intermedios de junio de 2027. La iniciativa de género se presenta como una medida de estabilización y legitimidad, intentando demostrar que el INE, bajo su nueva dirigencia provisional, mantiene su capacidad técnica y su compromiso con los estándares democráticos, a pesar de las señalamientos legales y administrativos que han rodeado su gestión reciente.
La lectura política
La inauguración de este programa cumple una doble función política. Primero, cierra un ciclo de exigencia judicial: al implementar una medida ordenada por el TEPJF, el INE evita nuevas sanciones o declaratorias de inexequibilidad que podrían paralizar procesos electorales. Segundo, proyecta una imagen de institucionalidad responsable en un momento de vulnerabilidad interna. Con la presidencia interina de Blanca Cruz y la ausencia de una definición clara sobre la titularidad definitiva del órgano, lanzar una estrategia de largo plazo (2026-2031) envía una señal de continuidad y planificación a los partidos políticos y a la sociedad civil. No obstante, el éxito de esta medida dependerá de su implementación real y no solo de su declaratoria, especialmente en estados donde la violencia política de género tiene tasas alarmantes y donde los partidos locales tienen mayor autonomía operativa.
Qué sigue
El INE deberá reportar avances concretos sobre la implementación del programa en el marco de la Estrategia 2026-2031. Se espera que, en los próximos meses, se definan los criterios de selección de los participantes para las siguientes ediciones y se establezcan mecanismos de evaluación del impacto en las conductas de los funcionarios públicos y candidatos. Además, el organismo deberá mantener su capacidad operativa para los procesos electorales de 2027, demostrando que las medidas de protección a las mujeres no se ven comprometidas por la inestabilidad en su propia dirigencia.