Blanca Cruz niega vínculo con contratista y busca blindar al INE rumbo a 2027

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, negó que la empresa contratada durante su gestión al frente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Puebla esté vinculada con José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado por su relación con proveedores del INE durante la administración de Guadalupe Taddei. "Esa empresa no es del famoso señor Alfredo Hernández. Sus representantes legales son otros", afirmó en entrevista, sin ofrecer los nombres de esos representantes ni el registro que lo acredite.

La declaración ocurre a un día de que Cruz García rindiera protesta como presidenta interina del INE, el 27 de octubre, tras la renuncia de Taddei. La funcionaria explicó que el OPLE poblano contrató a una empresa para imprimir boletas, actas y otros materiales electorales mediante una licitación pública nacional en la que participaron varias compañías, y que la adjudicación siguió las etapas del procedimiento, incluida la junta de aclaraciones y el fallo. Sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no emitió observaciones a la cuenta pública 2024 del organismo electoral de Puebla, aunque la periodista Azucena Uresti citó un reporte de auditoría de abril de 2026 sobre una compra de material electoral por 129 millones de pesos en la que no se habría proporcionado un oficio de autorización de suficiencia presupuestal.

La presidenta del INE atribuyó el tamaño de los montos a la naturaleza del proceso electoral: Puebla es el quinto estado con más padrón y lista nominal, y por tanto con más casillas y documentación por producir. "Las cuentas están ahí, la información es pública, es transparente", dijo. La negación es puntual —la titularidad de una empresa— y no responde al conjunto de los señalamientos sobre contrataciones millonarias ni a la observación específica que la periodista puso en pantalla.

La lectura política

El episodio no es un trámite: es la primera prueba de fuego de la nueva presidencia del INE y ocurre en el peor momento posible. Cruz García llega al cargo con un doble lastre: su paso por el OPLE de Puebla, que ahora se revisa, y la sombra de los proveedores que rodearon a Taddei, cuya salida dejó al instituto en crisis. Cada contrato de su gestión anterior se convierte en material de escrutinio público y, previsiblemente, en argumento de partidos y consejeros que exigen limpieza institucional.

En la práctica, la entrevista funciona como una operación de contención: fija una versión —la empresa no es de Hernández Casillas— antes de que exista una resolución administrativa o judicial que la confirme o la desmienta. El problema es que la negación se apoya en la palabra de la funcionaria, no en un documento público exhibido en la misma conversación. Mientras no se conozcan los representantes legales y el acta constitutiva, la afirmación queda como declaración, no como hecho verificado.

El incentivo de Cruz García es claro: preservar la autoridad del árbitro a un año del arranque formal del proceso 2026-2027. Un INE cuestionado en sus compras pierde margen para sancionar, fiscalizar y organizar sin que cada decisión sea leída como conflicto de interés. Para los partidos, en cambio, el tema es una palanca de negociación: quien controle la narrativa de la contratación puede condicionar su respaldo a la presidencia provisional y a la futura designación de consejeros.

El equilibrio interno del Consejo General también está en juego. La presidencia interina no tiene la legitimidad de origen de un nombramiento de la Cámara de Diputados, y su margen depende de que la colegialidad acordada no se rompa. Si la ASF confirma observaciones o si la empresa resulta vinculada a la red de proveedores de Taddei, la presidencia de Cruz García quedará atada a la misma sospecha que buscó dejar atrás.

Qué sigue

La ruta verificable pasa por tres frentes. Primero, la difusión pública de los representantes legales y el acta constitutiva de la empresa contratada por el OPLE de Puebla, que es el dato que la propia presidenta puso sobre la mesa. Segundo, la respuesta formal de la ASF sobre la cuenta pública 2024 del organismo poblano y el estatus del reporte de abril de 2026 citado en la entrevista. Tercero, la ruta interna del INE: el Consejo General acordó revisar puestos de toma de decisiones y promover investigaciones sobre posibles conductas indebidas, además de confirmar tres renuncias al interior del instituto. El plazo relevante es el calendario del proceso 2026-2027: cualquier sombra sobre las contrataciones se resolverá, o se agravará, antes de que arranquen formalmente las precampañas.

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