ASF halla adjudicación directa de 427 millones en material electoral

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que Talleres Gráficos de México (TGM) adjudicó de forma directa a la empresa Gráficas Corona JE más de 427 millones de pesos para imprimir materiales electorales del proceso de 2024, sin acreditar los fundamentos normativos que justificaran prescindir de una licitación pública. El hallazgo, divulgado el 6 de noviembre de 2026 en la fiscalización de la Cuenta Pública, no es un detalle contable: toca la cadena de producción de boletas y documentos con los que se organizó la elección que llevó a Claudia Sheinbaum a la Presidencia.

El contrato TGM/GA/024/2024 contempló servicios integrales de maquinaria, operadores y espacios de almacenamiento. La ASF también revisó un segundo instrumento, TGM/GA/162/2024, por unos 233 millones de pesos, con lo que la relación con Gráficas Corona JE en 2024 sumó 660.4 millones de pesos. En ambos casos la auditoría observó que no se acreditaron los requisitos para exceptuar la licitación.

La ASF promovió acciones legales contra Maribel Aguilera Cháirez, entonces directora de Talleres Gráficos, por las anomalías detectadas durante su administración. Aguilera llegó al cargo en mayo de 2022, tras ser diputada federal de Morena y delegada de programas federales en Durango; dejó la dirección en septiembre de 2025, cuando fue sustituida por Arturo Chávez López, hoy consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

El volumen de trabajo de TGM en 2024 fue inusual. El organismo firmó un convenio marco con el INE por alrededor de 580 millones de pesos —suscrito por la entonces consejera presidenta Guadalupe Taddei— para más de 300 millones de boletas de Presidencia, Senado y Diputados, y acuerdos con 13 institutos electorales locales que en conjunto superaron los 600 millones. Además, se recomendó a los OPLE privilegiar la contratación de Talleres Gráficos.

La ASF también detectó que los pagos a Gráficas Corona JE se registraron en una cuenta de deudores asociada a un servidor público, no en la cuenta del proveedor, pese a que existían cuatro comprobantes fiscales por 427.4 millones. Esa inconsistencia contable es la que sostiene parte de las acciones legales, más allá de la falta de justificación para la adjudicación directa.

El antecedente no se agota en 2024. En noviembre de ese año TGM firmó con la Comisión Federal de Electricidad un contrato por más de mil 700 millones para imprimir recibos hasta 2027 y volvió a recurrir a Gráficas Corona, con una adjudicación directa superior a 800 millones, según información periodística. El patrón —capacidad insuficiente, proveedor recurrente, adjudicación directa— excede el ciclo electoral.

La lectura política

El hallazgo llega en un momento incómodo para el gobierno federal. La presidenta Sheinbaum propone fortalecer a Talleres Gráficos para que asuma la impresión de la mayor parte de los materiales electorales rumbo a 2027, y la ASF acaba de documentar que ese mismo organismo no acreditó por qué se saltó la licitación cuando ya tuvo la carga. La coincidencia no prueba irregularidades futuras, pero sí debilita el argumento de capacidad institucional con el que se justificaría concentrar más producción electoral en TGM.

Hay un segundo flanco. La ASF realiza además una auditoría integral al INE y a los OPLE, y ha identificado conexiones entre proveedores del instituto y personas relacionadas con él. El caso TGM se suma a un patrón de fiscalización que coloca al árbitro electoral y a sus proveedores bajo escrutinio en el arranque del ciclo 2027. Para el INE, el riesgo no es solo reputacional: si la ASF cuestiona la cadena de contratación de materiales, la discusión sobre quién imprime las boletas se vuelve también una discusión sobre quién controla un eslabón crítico del proceso.

El movimiento también envía una señal interna: la gestión de Aguilera, cuadro de Morena, queda bajo observación legal mientras su sucesor se incorpora al Consejo General del INE. No hay resolución que declare responsabilidad administrativa firme; lo que existe es una promoción de acciones legales. La diferencia importa: en términos formales no hay sanción, pero en la práctica el expediente ya funciona como argumento político disponible para aliados y adversarios.

Qué sigue

La ASF debe notificar el pliego de observaciones y dar el plazo legal para que TGM y los involucrados presenten aclaraciones; después vendrá la determinación de si hay responsabilidades administrativas o resarcitorias. En paralelo, la auditoría integral al INE y a los OPLE seguirá arrojando resultados durante el arranque del proceso 2027. El punto verificable será si la propuesta de fortalecer a Talleres Gráficos avanza en el Presupuesto o en reformas secundarias sin que antes se aclare este expediente.