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ASF pide al INE en Sinaloa comprobar diez años de gasto
El requerimiento no se limita a las compras de la Junta Local: abarca todos los capítulos de gasto del instituto desde 2016. Llega en un año de señalamientos por contrataciones y renuncias en el órgano central.
La Auditoría Superior de la Federación pidió a la Junta Local del INE en Sinaloa documentar los gastos de todo el instituto entre 2016 y 2026. El vocal ejecutivo, Jorge Luis Ruelas Miranda, confirmó que la solicitud alcanza a las demás juntas y a oficinas centrales. La revisión ocurre mientras el INE enfrenta señalamientos por contrataciones y presión sobre su operación rumbo a 2027.
La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sinaloa recibió un requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para documentar los gastos del organismo electoral de 2016 a 2026. El alcance es lo relevante: no se trata de una revisión acotada a las compras de la oficina estatal, sino de un expediente que toca todos los capítulos de gasto del instituto en el país.
El vocal ejecutivo de la Junta Local, Jorge Luis Ruelas Miranda, confirmó que la solicitud llegó también a las demás juntas y que incluye información de oficinas centrales, locales y distritales. "Nos están solicitando información desde el año 2016 hasta ahora, todos los capítulos que se ejercen en todo el país, en todo el INE", dijo el funcionario.
Entre los documentos que deberán reunirse hay comprobantes de papelería, servicios, rentas de inmuebles y gastos de operación. Ruelas Miranda explicó que las juntas locales hacen compras de menor escala —gasolina, limpieza, vigilancia— y que algunas contrataciones se realizan directamente cuando son montos pequeños. También señaló que este año la mayoría de los distritos opera sin servicio de vigilancia por falta de recursos.
El funcionario reconoció que integrar los expedientes implicará trabajo adicional para el personal administrativo, porque parte de esa documentación ya se entregó en auditorías previas. Aun así, consideró justificado revisarla de nuevo ante los señalamientos públicos por presuntas irregularidades en contrataciones. "Creemos que vale la pena hacer un esfuerzo, aunque ya se haya revisado y ya esté sin observaciones", afirmó.
No precisó la fecha límite para responder: dijo que depende del área administrativa que concentra la documentación y coordina la respuesta de las distintas oficinas. Tampoco ofreció un monto estimado del universo auditado ni detalló si la ASF pidió muestras específicas o el universo completo de comprobantes.
Una revisión que toca al conjunto, no a una oficina
La diferencia entre una auditoría local y un requerimiento de alcance nacional importa porque el INE ejerce su presupuesto de forma concentrada: las juntas locales ejecutan gasto operativo, pero las reglas de contratación y los procedimientos de mayor monto se definen en oficinas centrales. Si la ASF pide a Sinaloa documentar "todos los capítulos" del instituto, el expediente deja de ser una revisión de compras estatales y se convierte en una reconstrucción documental del ejercicio presupuestal del árbitro electoral durante una década.
El momento no es neutral. El INE llega a esta revisión con señalamientos públicos sobre contrataciones y con renuncias de funcionarios centrales que ya obligaron a su representación en Sinaloa a salir a pedir confianza ciudadana. Ruelas Miranda sostuvo que la operación electoral local continúa, con la integración de consejos distritales y designaciones en marcha.
La lectura política
En la práctica, el requerimiento funciona como una revisión de integridad administrativa sobre el organismo que organiza las elecciones de 2027, no como una auditoría de rutina a una oficina periférica. Eso cambia el cálculo de todos los actores: para el INE, la carga no es solo documental, sino política, porque cada observación de la ASF puede convertirse en material de disputa sobre su autonomía y su manejo de recursos.
Para el gobierno federal y la mayoría legislativa, una auditoría amplia ofrece un argumento verificable si buscan cuestionar el desempeño del árbitro; para la oposición, cualquier hallazgo se leerá como evidencia de que la institución necesita defensa o reforma. Ninguno de esos escenarios está acreditado todavía: lo que existe es una solicitud de información, no una conclusión de la ASF ni una resolución sancionadora. La distinción importa porque en la conversación pública suele confundirse el requerimiento con el dictamen.
El incentivo inmediato de las juntas locales es responder con expedientes completos y sin huecos, porque un faltante documental puede leerse como opacidad aunque no haya desvío. El incentivo del órgano central es acotar el perímetro de la revisión y evitar que la auditoría se convierta en un frente de campaña. Y el incentivo de los partidos, rumbo a 2027, es medir cuánto desgaste tolera el INE antes de que la discusión sobre su presupuesto y su estructura vuelva al Congreso.
No hay aquí una candidatura ni una precandidatura de facto: el hecho pertenece al terreno de la fiscalización y la integridad institucional. Su consecuencia electoral es indirecta pero real: la capacidad del INE para organizar 2027 depende de que su gasto resista escrutinio y de que la revisión no derive en un cuestionamiento sostenido a su autonomía.
Qué sigue
La Junta Local deberá integrar la documentación de 2016 a 2026 y remitirla por conducto del área administrativa que coordina la respuesta; el funcionario no fijó fecha límite pública. La ASF definirá después si formula observaciones, promueve aclaraciones o turna el expediente a otra instancia. En paralelo, el INE deberá sostener la integración de consejos distritales y las designaciones locales, y explicar públicamente el alcance de la revisión para no dejar el terreno narrativo a sus adversarios. El dato que falta y que definirá la magnitud del caso es el monto auditado y el número de contratos revisados.