Investigan al Impepac de Gally por compras irregulares con vínculo a Taddei

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y su consejera presidenta, Mireya Gally Jordá, están bajo investigación federal por un presunto esquema de compras irregulares y triangulación de recursos durante el proceso electoral de 2024. El expediente no se limita a Morelos: la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) rastrean una red que involucraría a 16 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a exmandos del Instituto Nacional Electoral (INE), con presuntos vínculos a la expresidenta Guadalupe Taddei.

La indagatoria sostiene que el Impepac habría adjudicado contratos multimillonarios sin licitación pública ni criterios de transparencia. Entre las adquisiciones bajo la lupa aparecen la papelería electoral, insumos digitales y la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cuyos costos se habrían triplicado frente a los precios de mercado. Según los reportes de la UIF, los contratos se habrían asignado a un grupo reducido de personas físicas y empresas con características de simuladoras o "fantasma", entre ellas firmas vinculadas a la red de los hermanos Hernández Casillas y conectadas con recomendaciones atribuidas a Taddei.

El caso importa porque toca la infraestructura que organiza y cuenta los votos. Un OPLE no es una oficina administrativa cualquiera: es la autoridad que instala casillas, imprime boletas y opera el PREP, es decir, el mecanismo que produce los resultados preliminares la noche de la elección. Si el dinero de esas compras se desvió o se infló, el daño no es sólo patrimonial; es una pérdida de confianza en la cadena operativa del sufragio.

La UIF alista medidas cautelares para tomar control operacional de las cuentas bancarias del Impepac en los próximos días, con el fin de fiscalizar directamente el flujo de recursos del órgano local. Esa es la parte que puede cambiar la vida institucional del instituto en el corto plazo: un bloqueo o intervención de cuentas afecta nómina, proveedores y la capacidad de operar el próximo calendario electoral.

El expediente en integración apunta a la existencia de un presunto "cártel de licitaciones electorales" que operaba de manera sistemática tanto en el ámbito central del INE como en diversos estados para monopolizar la provisión de material y servicios en los comicios. La mención a Taddei es la arista políticamente más sensible: se trata de la expresidenta del árbitro nacional, y cualquier señalamiento que la roce ocurre en un terreno donde la autoridad electoral ya carga con una discusión pública sobre su autonomía y su desempeño.

La lectura política

El movimiento de la UIF funciona, en la práctica, como una señal de que la fiscalización financiera de los organismos electorales deja de ser un asunto administrativo y se convierte en un instrumento de control. No es una candidatura ni una precandidatura: es una intervención sobre la autonomía operativa de un OPLE. Pero su efecto político es equivalente al de una jugada de poder, porque define quién puede gastar, a quién se le paga y bajo qué reglas se organiza la siguiente elección.

Los incentivos son claros. Para el gobierno federal y las autoridades financieras, exhibir una red de corrupción electoral permite reclamar un mandato de limpieza en un terreno donde la oposición suele acusar complicidad. Para los partidos, el caso ofrece munición: quien controle la narrativa del "cártel de licitaciones" puede exigir la salida de consejeros o condicionar la integración de los organismos locales rumbo a 2027. Para el Impepac, el margen de maniobra se reduce a defenderse del bloqueo de cuentas mientras intenta sostener su operación.

El vínculo con Taddei envía una señal a aliados y adversarios: la expresidenta del INE queda colocada en posición de tener que explicar recomendaciones y nombramientos, aunque no exista aún imputación formal en su contra. Es importante distinguir: una investigación en integración no equivale a una acusación resuelta ni a una responsabilidad penal determinada. Lo que sí ocurre es que su nombre entra al debate público en un momento en que el sistema electoral busca reordenar lealtades y credenciales de cara al siguiente ciclo.

El equilibrio interno del árbitro electoral también se mueve. Si la indagatoria alcanza a 16 OPLE, el INE queda ante la disyuntiva de supervisar a sus pares locales o de quedar señalado por omisión. Esa tensión puede traducirse en una revisión más dura de los presupuestos locales, en la exigencia de auditorías externas o en una discusión sobre el modelo de compras centralizadas.

Qué sigue

La UIF tiene en preparación medidas cautelares sobre las cuentas del Impepac, que podrían concretarse en los próximos días. La FGR debe definir si el expediente se amplía a imputaciones formales y si cita a declarar a Gally Jordá y a otros integrantes del Consejo General. La ASF, por su parte, tiene pendiente la fiscalización de los ejercicios correspondientes al proceso electoral 2024, cuyos resultados pueden alimentar la carpeta federal. En el plano político, el Congreso de Morelos y el INE enfrentan la pregunta de si el instituto local puede operar con normalidad mientras sus finanzas están bajo control federal.