Comisión de Presupuesto planea quitar 6 mil millones al INE para 2027

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que preside la morenista Merilyn Gómez Pozos, se instala este jueves 5 de noviembre de 2026 con una decisión ya perfilada: reasignar 6 mil millones de pesos que, según la propuesta en discusión, saldrían del Instituto Nacional Electoral (INE). El calendario aprieta: el límite legal para dejar listo el paquete económico de 2027 es el 14 de noviembre.

El dinero tendría tres destinos identificados: casi 2 mil millones para la comisión de búsqueda de desaparecidos de la Secretaría de Gobernación, al menos mil 400 millones para fortalecer a la Agencia Federal de Aviación Civil y evitar la degradación a categoría 2, y otro tanto para partidas de protección al medio ambiente. La operación no es un ajuste técnico menor: toca al organismo que organiza las elecciones y que, en 2027, tendrá bajo su responsabilidad el proceso federal concurrente con las gubernaturas y congresos locales.

El argumento que acompaña la reasignación, según la versión publicada, es que el INE arrastra "tanto escándalo y pruebas de corrupción". Esa formulación es una acusación política, no una resolución administrativa ni judicial: hasta ahora no existe en la evidencia disponible una determinación firme que cuantifique irregularidades en el instituto. La discusión presupuestal, sin embargo, no requiere sentencia para avanzar; basta mayoría en la comisión y en el pleno.

La lectura política

En la práctica, el movimiento funciona como un ajuste de cuentas presupuestal con efecto electoral: reduce margen operativo al árbitro un año antes de la elección de 2027 y manda una señal a gobernadores, partidos y aspirantes sobre quién decide los recursos. No es una candidatura ni una precandidatura de facto; es una decisión de mayoría legislativa que redistribuye poder entre instituciones.

El incentivo de la coalición gobernante es doble. Por un lado, financia partidas con alta visibilidad social —búsqueda de desaparecidos, aviación civil, medio ambiente— que le permiten presentar el recorte como priorización del gasto. Por otro, coloca al INE en posición defensiva justo cuando el instituto debe preparar el proceso concurrente de 2027, donde se renuevan gubernaturas y congresos locales.

El equilibrio interno también se mueve: la llegada de Federico Döring a la comisión para respaldar a Margarita Zavala y Héctor Saúl Téllez anticipa un agarrón entre bloques por las reasignaciones. La oposición no tiene votos suficientes para frenar el recorte por sí sola, pero sí para obligar a la mayoría a documentar cada partida y a fijar postura pública sobre el financiamiento del árbitro.

La señal rumbo a 2027 es clara: el presupuesto del INE deja de tratarse como un tema técnico y se convierte en moneda de negociación política. Quien controle la comisión controla el ritmo y el alcance del recorte. Y quien defienda al instituto deberá explicar por qué, en un año electoral, conviene mantener su capacidad operativa.

Qué sigue

La comisión se instala el jueves 5 de noviembre. A partir de ahí, el plazo legal corre hasta el 14 de noviembre para que el paquete económico de 2027 quede aprobado. En el intermedio se esperan comparecencias, reservas y votaciones en comisión; el punto decisivo será si el recorte al INE se mantiene íntegro, se negocia a la baja o se compensa con otras partidas. Cualquier modificación al financiamiento del árbitro deberá quedar reflejada en el dictamen y, después, en el Presupuesto de Egresos publicado en el Diario Oficial de la Federación.