RUTA 27 · HIGH
Sheinbaum amplía el foco del caso INE a una red de 27 años
La investigación presentada en Palacio Nacional ubica a los hermanos Hernández Casillas como eje de contratos por más de 2 mil 600 millones de pesos, y desplaza la discusión sobre Taddei hacia los sexenios anteriores.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una investigación de la Secretaría Anticorrupción sobre empresas proveedoras de materiales electorales del INE: identificó a los hermanos Hernández Casillas como eje de una red con contratos por más de 2 mil 600 millones de pesos desde 1999. Sostuvo que el problema "no nació con Taddei" y propuso reforzar Talleres Gráficos de México rumbo a 2027.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves en Palacio Nacional los resultados de una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre las empresas que surten materiales electorales al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los organismos públicos locales. El hallazgo central no es un contrato irregular aislado: es un entramado de compañías que, según la funcionaria Raquel Buenrostro Sánchez, concentró contratos por más de 2 mil millones de pesos entre 2014 y 2023 en 23 de los 32 organismos electorales estatales, y otros 646 millones en 2024 y 2025, con antecedentes que se remontan a 1999 en el Estado de México.
En el centro del señalamiento están José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, identificados como los personajes que articulan la red. Ambos habrían trabajado antes en el Registro Nacional de Población (Renapo) y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Buenrostro habló de indicios de simulación de competencia entre empresas relacionadas y de operaciones financieras que, dijo, deberán investigar las autoridades competentes. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó cuentas vinculadas al caso.
Sheinbaum usó el dato para fijar una tesis política: "No nació con Taddei". Recordó que Guadalupe Taddei Zavala fue designada en 2014 al frente del organismo electoral de Sonora por un Consejo General del INE entonces presidido por Lorenzo Córdova, y sostuvo que las empresas señaladas mantuvieron contratos a lo largo de administraciones distintas. Con ello, la conferencia desplazó el eje del escándalo desde la actual presidenta del INE hacia una continuidad administrativa de casi tres décadas.
La mandataria también adelantó una propuesta institucional: fortalecer Talleres Gráficos de México para que amplíe su participación en la producción de materiales electorales, con cambios en su consejo de administración, vigilancia externa y procedimientos de contratación más transparentes. Y pidió al INE revisar sus lineamientos de adquisición ante la organización de los comicios de 2027.
La lectura política
El movimiento cumple una función precisa: trasladar el costo político del caso de una persona a un sistema. Mientras la presidenta del INE enfrenta cuestionamientos y el propio Morena se desmarca de ella —Ariadna Montiel la llamó "indefendible"—, el Ejecutivo coloca el problema en una red empresarial que atraviesa gobiernos del PAN, del PRI y de Morena. Es una operación de encuadre: si el origen es estructural, la responsabilidad individual se diluye y la discusión se corre hacia el diseño de las compras.
Hay un segundo incentivo, más operativo. La propuesta sobre Talleres Gráficos de México no es un ajuste menor: implica mover hacia una empresa del Estado un mercado de materiales electorales que hoy se reparte entre privados. En la práctica, eso da al gobierno una palanca sobre insumos sensibles del proceso electoral, aunque la decisión final de contratación siga en manos del INE. La señal a los proveedores y a los organismos locales es que el margen de intermediación está bajo escrutinio.
El equilibrio interno también cuenta. Sheinbaum no defendió a Taddei; tampoco la sepultó. Al remitir el caso a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR), conserva distancia política sin cerrar la puerta a una salida negociada en el INE. Para 2027, el mensaje a gobernadores y a los consejos locales es que las compras electorales serán un terreno vigilado.
El límite es claro: lo presentado son resultados de una investigación administrativa con indicios, no resoluciones firmes. No hay todavía responsables acreditados ni sentencias. La lectura política es sólida; la jurídica aún no.
Qué sigue
La ASF deberá pronunciarse sobre los contratos revisados y la FGR determinar si abre indagatorias penales por los indicios de simulación de competencia. La UIF ya inmovilizó cuentas, pero falta conocer el alcance de los bloqueos. En paralelo, el INE tendrá que responder al llamado presidencial de revisar sus lineamientos de adquisición antes del arranque del proceso de 2027, y la propuesta sobre Talleres Gráficos de México deberá concretarse en una iniciativa con cambios a su consejo de administración. El calendario electoral no espera: cada semana que pasa sin definición acerca la discusión al momento en que los organismos locales empiezan a comprar.