Figueroa advierte que ataques de Sheinbaum a Somos podrían anular la elección

El exconsejero del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) Alfredo Figueroa Fernández advirtió que las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el partido Somos podrían vulnerar la equidad de la competencia electoral y, en un escenario extremo, derivar en la anulación de una elección. La advertencia no es un pronunciamiento judicial ni una resolución del árbitro: es la lectura de un exfuncionario electoral que coloca el foco en un problema verificable, si el gobierno federal está usando recursos y aparato público para favorecer a una fuerza y desacreditar a otra a semanas del arranque de precampañas.

En entrevista, Figueroa sostuvo que lo que está en juego no es la crítica presidencial, sino el uso del aparato del gobierno y de recursos públicos para afectar la equidad de la competencia política. Señaló como posibles disposiciones vulneradas el artículo 134 de la Constitución, que obliga a aplicar los recursos públicos con imparcialidad, y el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe). A partir de esa lectura, planteó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe investigar la actuación de la presidenta y determinar si intervino ilegalmente en la contienda.

El exconsejero también cuestionó que Sheinbaum y la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presenten como investigación los presuntos vínculos entre Somos, uno de sus militantes, empresarios y antiguos funcionarios electorales. Afirmó que ninguna de las dos tiene facultades para investigar al INE, y que esa tarea corresponde a la Contraloría del propio instituto y a la Auditoría Superior de la Federación. Calificó la explicación del gobierno federal como una "historieta" que, dijo, pretende relacionar a un partido de reciente creación con presuntos actos de corrupción a partir de antecedentes laborales de un militante y de personas que trabajaron como pasantes décadas atrás.

La acusación tiene un destinatario claro: el árbitro. Figueroa planteó que la respuesta del INE será una prueba de autonomía y que, si el organismo no investiga, podría confirmarse que perdió independencia y se convirtió en "una correa de transmisión de los intereses del gobierno", particularmente de Morena. Esa frase es una opinión del entrevistado, no un hecho acreditado; lo verificable es que la denuncia pública traslada al INE una decisión con costo político en ambos sentidos.

La lectura política

El movimiento de Figueroa funciona, en la práctica, como una presión pública sobre el árbitro en un momento delicado: el país se encuentra a unas semanas del inicio de los periodos de precampaña. La advertencia de anulación no es una predicción, es una herramienta de encuadre: obliga al INE a pronunciarse sobre si las declaraciones presidenciales contra un partido constituyen intervención indebida y, con ello, fija un estándar que después podría aplicarse a cualquier fuerza.

El incentivo del gobierno es claro: Somos aparece en el discurso oficial como adversario político y la embestida contra un partido de reciente creación puede leerse como parte de una disputa por el espacio opositor rumbo a 2027. El incentivo del INE es distinto: investigar lo expone a un conflicto con el Ejecutivo; no investigar lo deja expuesto a la acusación de pérdida de autonomía que Figueroa ya formuló en público. Quien gana margen de maniobra es el partido acusado, que puede convertir la embestida en agravio y capitalizarla ante el árbitro; quien lo pierde es la autoridad electoral, obligada a elegir entre dos costos.

Conviene distinguir los planos. No existe una candidatura formal en disputa ni una precandidatura de facto en este episodio; lo que hay es un posicionamiento político del gobierno frente a un adversario y una advertencia técnica sobre las consecuencias legales de ese posicionamiento. La anulación de una elección es una sanción extrema que requiere acreditar la conducta y su impacto, no basta con la sospecha. Ese límite debe decirse con claridad: la evidencia disponible sostiene la advertencia, no la conclusión de que la elección será anulada.

El episodio también envía una señal a los aliados y adversarios del gobierno: la contienda por el árbitro ya empezó. La mención de Figueroa a la necesidad de un acuerdo entre fuerzas políticas para elegir a quien encabece el INE anticipa que la integración del organismo será parte de la negociación rumbo a 2027.

Qué sigue

El primer paso verificable es si el INE abre una investigación o un procedimiento oficioso sobre las declaraciones presidenciales y el uso de recursos públicos. De ahí se desprenden plazos concretos: la eventual admisión de una queja, la solicitud de pruebas y la resolución del Consejo General. En paralelo, el partido Somos anunció que demandará a la presidenta por daño moral y difamación, lo que abre un segundo frente en tribunales. El arranque de las precampañas marcará el reloj: cualquier resolución del árbitro tendrá que producirse antes de que la contienda entre en su fase formal.