RUTA 27 · HIGH
INE abre auditoría a gestión de Taddei y redefine su control interno
Consejeros buscan revisar adjudicaciones directas y el desempeño de funcionarios designados por la expresidenta, mientras preparan cambios legales para acotar facultades discrecionales.
La consejera Carla Humphrey informó que se propuso un acuerdo para auditar de forma exhaustiva la gestión de Guadalupe Taddei entre 2023 y su renuncia, en 2026. Se revisarían adjudicaciones directas y a funcionarios designados por ella. El INE también analiza un sistema de denuncias anónimas y pedirá al Congreso reformar la ley electoral para eliminar facultades discrecionales, en pleno arranque d
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discute un proyecto de acuerdo para auditar de forma exhaustiva la gestión de Guadalupe Taddei al frente del organismo entre 2023 y su renuncia, ocurrida la semana pasada. La consejera Carla Humphrey Jordan confirmó la propuesta y explicó que el objetivo es revisar adjudicaciones directas y el desempeño de los funcionarios que Taddei designó en la Junta General Ejecutiva y en otros cargos clave.
La auditoría no es un trámite menor: toca el núcleo operativo del árbitro electoral a meses de que arranque formalmente la organización del proceso 2026-2027, en el que se renovarán más de 20 mil cargos, incluidos 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas. El INE busca auditar la gestión completa de Guadalupe Taddei, desde 2023 hasta su renuncia, con énfasis en adjudicaciones directas y en los funcionarios que ella nombró.
Humphrey describió un patrón de concentración de decisiones. Según su versión, Taddei designó directamente a toda la Junta General Ejecutiva y a otros mandos, y esas áreas respondían únicamente a la presidencia. La consejera también afirmó que hubo un bloqueo constante de información hacia las consejerías, que dificultó el acceso a datos y aclaraciones solicitadas por oficio o en el propio Consejo General. La consejera sostuvo que hubo un bloqueo sistemático de información hacia las consejerías durante la gestión anterior, lo que limitó su capacidad de supervisión.
Junto con la auditoría, el Consejo General contempla crear un sistema de denuncias anónimas para que el personal del instituto reporte irregularidades sin temor a represalias, con modelos de protección a informantes. También prevé solicitar formalmente al Congreso de la Unión una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para eliminar facultades discrecionales que, a juicio de los consejeros, rompían la colegialidad y la corresponsabilidad. El paquete incluye un sistema de denuncias anónimas y una solicitud al Congreso para eliminar facultades discrecionales de la presidencia del INE.
En paralelo, el instituto se coordina con los organismos públicos locales electorales y las juntas locales ejecutivas para vigilar el uso de recursos públicos en los procesos en curso. La preocupación declarada no es solo administrativa: Humphrey advirtió que no hay certeza de que la información del organismo no esté siendo sustraída o destruida, lo que añade un componente de resguardo documental a la revisión.
La lectura política
El movimiento cumple una función práctica de reordenamiento interno. La salida de Taddei deja una estructura directiva nombrada por ella y un Consejo General que busca recuperar capacidad de supervisión. Auditar su gestión es, en los hechos, una forma de fijar responsabilidades y de enviar una señal a los mandos medios: la lealtad operativa ya no se concentra en una sola persona.
También es una maniobra de posicionamiento institucional. Al proponer reformas legales y un sistema de denuncias, los consejeros buscan convertir el episodio en una oportunidad para rediseñar el equilibrio de poder dentro del INE. La eliminación de facultades discrecionales no solo corrige el pasado: cambia las reglas para quien ocupe la presidencia en el futuro, incluida la organización del proceso 2026-2027.
El límite es claro: no hay aún una candidatura ni una precandidatura en juego, sino una disputa por el control administrativo y por la narrativa de la transparencia. La auditoría puede derivar en responsabilidades administrativas, pero su efecto más inmediato es político: redefine quién manda en la operación cotidiana del árbitro electoral mientras se prepara la elección más grande de la historia reciente.
Qué sigue
El proyecto de acuerdo deberá discutirse y votarse en el Consejo General; no hay fecha confirmada en la evidencia disponible. Después se definirá el alcance de la auditoría, el órgano que la ejecutará y los plazos para revisar adjudicaciones y nombramientos. La propuesta de reforma legal deberá enviarse al Congreso de la Unión, donde su viabilidad depende de la negociación legislativa. El sistema de denuncias anónimas requiere diseño y aprobación interna. Mientras tanto, el INE debe sostener la organización del proceso 2026-2027 y la coordinación con los organismos locales.