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INE revisa contrato de 277 mdp firmado por la red de Taddei
Los consejeros acordaron auditar las contrataciones vigentes, entre ellas la videovigilancia adjudicada sin licitación. El expediente toca a funcionarios que ya renunciaron y a una empresa sin contratos registrados en transparencia.
El INE revisa un contrato de 277 millones de pesos para cámaras y torniquetes, adjudicado directamente por funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei. Tras su renuncia, consejeros retiraron las cámaras y ordenaron auditar contrataciones vigentes. El caso mide la autonomía real del árbitro a meses de arrancar el proceso electoral 2026-2027, con 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados en juego.
El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió la revisión de un contrato de 277 millones de pesos para videovigilancia y torniquetes, adjudicado de forma directa por funcionarios de alto nivel de la gestión de Guadalupe Taddei. La decisión ocurre a días de su renuncia y convierte un asunto administrativo en una prueba pública sobre qué tan controlado estaba el aparato interno del árbitro electoral.
El contrato se firmó con Amps para la Integración y Articulación SAPI de CV para instalar cámaras —con capacidad de grabar audio— en las oficinas de las consejerías y en 40 sedes del Instituto, además de torniquetes de acceso. Lo firmó Jesús Octavio García González, entonces encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, quien renunció el 27 de abril tras ser señalado de haber representado a Cajas Graf y Corporativo Zeg entre 2021 y 2025. El dictamen técnico lo avaló José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y también firmó Mario Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios.
La revisión no es un trámite aislado: los consejeros acordaron revisar todas las contrataciones vigentes y ya retiraron las cámaras colocadas al exterior de sus oficinas, la del área de prensa y los torniquetes de acceso. Funcionarios del Instituto sostienen que la función de audio estaba desactivada, aunque las especificaciones del equipo Verkada permiten activarla. La información del contrato había sido reservada cinco años por la Unidad Técnica de Transparencia, que encabezaba José Arévalo Romo, cercano a Taddei; una autoridad garante del Órgano Interno de Control ordenó liberarla, con anexos aún bajo reserva.
El expediente se complica por la empresa. Amps no tiene contratos registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque aparece en el padrón de proveedores de siete gobiernos estatales. Uno de sus fundadores, Marco Antonio Novella Juárez, y Jorge Enrique Tello Luna fueron funcionarios de seguridad en la gestión de Genaro García Luna. La representante legal que firmó, Mateo Codinas Velten, también representa a Protectx MX, dedicada a limpieza de hongos y bacterias.
El contexto inmediato es la renuncia de Taddei, anunciada por el INE el 25 de octubre y efectiva el lunes siguiente. Trabajadores y consejeros han denunciado un ambiente de persecución y espionaje atribuido a cercanos a la expresidenta. El Instituto ya había aceptado el 24 de octubre colaborar con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en contrataciones.
La lectura política
El movimiento funciona como una operación de contención interna: retirar cámaras y auditar contratos permite a las consejerías restantes marcar distancia de la gestión anterior antes de que la ASF y el Órgano Interno de Control fijen responsabilidades. No es una candidatura ni una precandidatura de facto; es la reconstrucción de autoridad en un órgano cuya credibilidad es condición para el proceso 2026-2027.
El incentivo es doble. Hacia adentro, los consejeros necesitan demostrar que recuperan el control del edificio y de sus contratos. Hacia afuera, el INE debe llegar al arranque formal del proceso electoral con un relato de limpieza, porque de su desempeño dependen 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y los conteos rápidos ya aprobados. La sombra del caso Taddei ya tocó una designación local: el INE declaró desierta la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila al rechazar a una aspirante por conflicto de interés.
El límite de la lectura es claro: no hay resolución que acredite espionaje ni responsabilidad penal. Lo verificable es la adjudicación directa, la reserva de información y la salida de funcionarios señalados. La consecuencia electoral no está en el contrato, sino en la capacidad del árbitro para imponer disciplina interna y sostener su autonomía frente a los partidos.
Qué sigue
La revisión de contrataciones vigentes deberá traducirse en un dictamen del Órgano Interno de Control y en la liberación de los anexos reservados. La ASF mantiene abierta la investigación de oficio aceptada el 24 de octubre. En paralelo corre el calendario electoral: el registro de mexicanos en el exterior vence el 25 de febrero de 2027 y el proceso concurrente exige al INE operar sin sombra de sospecha sobre sus contratos.