IEPAC pide 631.5 mdp para 2027 sin licitar material electoral

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) de Yucatán ya tiene sobre la mesa su proyecto de presupuesto para 2027: 631.5 millones de pesos para organizar la renovación del Congreso local y los 106 ayuntamientos. El dato relevante no es solo la cifra, sino el contraste: a menos de un año de la jornada del 6 de junio de 2027, el proceso de licitación del material electoral todavía no ha comenzado.

El proyecto presupuestal, aprobado por el órgano electoral estatal, contempla 212.8 millones de pesos para financiamiento público de partidos y candidaturas independientes, y 161 millones para la organización de los comicios. El resto se distribuye entre las demás atribuciones del instituto. La cifra global convierte a Yucatán en uno de los estados que ya cuantificaron el costo de su elección concurrente, en un ciclo donde las autoridades locales deberán justificar cada peso ante el Congreso y la opinión pública.

Pero el calendario de compras es el que empieza a generar ruido. La licitación del material electoral —boletas, actas, documentación y útiles— es una de las decisiones más sensibles de cualquier proceso, porque de ella depende la cadena de custodia y la confianza en el conteo. Que no haya iniciado no es, por sí mismo, una irregularidad: los tiempos legales permiten cierta holgura. Sin embargo, el antecedente inmediato del IEPAC obliga a mirar con lupa ese proceso.

En los procesos de 2018, 2021 y 2024, el instituto contrató a empresas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga por presuntas irregularidades en materia electoral. Las compañías Cajas Graf, Formas Finas y Comercializadora JVLY recibieron contratos por cerca de 58 millones de pesos, y dos de ellas también son parte de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por supuesta simulación de competencia en sus licitaciones. El patrón no es menor: se trata de proveedores que ya operaron en el estado y que ahora aparecen en auditorías federales.

La lectura política

El movimiento del IEPAC tiene una función práctica: ordenar el presupuesto antes de que arranque el año electoral y, con ello, fijar el marco de negociación con el Congreso local y con los partidos. Aprobar un proyecto de 631.5 millones de pesos no es un trámite menor; es una señal de que el árbitro estatal quiere llegar con recursos definidos a la contienda donde se renuevan el Legislativo y los 106 ayuntamientos, el mayor número de cargos en disputa en el estado.

El incentivo del instituto es claro: presupuestar temprano le da margen para negociar con el Ejecutivo y el Congreso, y le permite justificar el gasto frente a un electorado que suele desconfiar de los costos electorales. Pero el calendario de licitación es la otra cara de la moneda. Si el proceso de compra del material se retrasa, el IEPAC queda expuesto a dos riesgos: uno operativo, por la premura en la producción y distribución; otro político, porque cualquier falla en la cadena de custodia se leerá como consecuencia de una decisión administrativa, no como un accidente.

El antecedente de proveedores investigados por la ASF y la UIF funciona como una advertencia sobre el diseño de la licitación. No implica que las empresas estén impedidas de contratar —no hay resolución que las inhabilite—, pero sí coloca al IEPAC en la posición de tener que demostrar que el próximo proceso será competitivo y transparente. En términos políticos, el instituto gana margen si abre la licitación con tiempo y pierde credibilidad si la opacidad se repite.

El equilibrio interno del árbitro también está a prueba. La protesta registrada en sus instalaciones contra el nombramiento de Citlali Leticia Chan Carrillo como titular de la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales, con demandas de personal capacitado en lengua maya, muestra que la legitimidad del IEPAC no se juega solo en el presupuesto, sino en cómo atiende a las comunidades indígenas que representan una parte sustancial del electorado yucateco.

Rumbo a 2027, la señal que envía el instituto es mixta: por un lado, planea con anticipación; por otro, deja pendiente la decisión más delicada, la del material electoral. Ese contraste es el que los partidos y los aspirantes van a explotar si algo falla en la jornada.

Qué sigue

El proyecto de presupuesto deberá ser enviado al Congreso de Yucatán para su análisis y eventual aprobación como parte del paquete fiscal estatal. En paralelo, el IEPAC tendrá que definir la fecha de inicio de la licitación del material electoral y publicar las bases que regirán la compra. La jornada está programada para el 6 de junio de 2027, y el calendario electoral local deberá arrancar en los primeros meses de ese año. La pregunta verificable es cuándo se publica la convocatoria y bajo qué criterios se evaluará a los proveedores.