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660 asesinatos políticos en cuatro elecciones: la sombra que llega a 2027
El conteo abarca de 2017 a 2024 y concentra 220 casos en el ciclo 2023-2024, el más violento. Funcionarios municipales y aspirantes encabezan la lista de víctimas.
Una investigación documental contabilizó 660 asesinatos de actores políticos en México entre 2017 y 2024, a lo largo de cuatro procesos electorales. El ciclo 2023-2024 concentró 220, la cifra más alta. Funcionarios municipales y aspirantes fueron los más golpeados. El dato importa rumbo a 2027 porque la violencia ya no se limita a campañas: alcanza a quien gobierna y a quien aspira.
Una investigación publicada el 31 de octubre de 2026 contabilizó 660 asesinatos de actores políticos en México entre 2017 y 2024, distribuidos a lo largo de cuatro procesos electorales. El dato no es una fotografía del pasado reciente: es el mapa de un riesgo que se extiende hacia 2027, cuando el país volverá a renovar un bloque amplio de cargos federales y locales.
El periodo 2023-2024 fue el más violento de la serie, con 220 casos. Superó los 175 del ciclo 2017-2018 y los 143 de 2020-2021; el ciclo 2021-2022 sumó 122. La tendencia no es lineal, pero el pico más alto coincide con la elección presidencial más grande de la historia reciente, lo que sugiere que la competencia por el poder concentra la violencia en los momentos de mayor disputa.
El perfil de las víctimas desmiente la idea de que se trata solo de candidatos. Los funcionarios municipales encabezan la lista con 114 asesinatos; les siguen los aspirantes a cargos de elección popular, con 108, y una categoría de otros perfiles con 116. El registro incluye además 71 funcionarios federales y estatales, 64 exfuncionarios, 67 militantes de partidos, 57 activistas, 29 periodistas, 21 presidentes municipales y 13 excandidatos.
La violencia política en México golpea sobre todo el eslabón municipal, donde se concentra el control territorial y presupuestal. Ese patrón no es casual: el ayuntamiento es la instancia que administra obra, permisos, seguridad y recursos, y por eso se vuelve botín disputado por grupos armados y redes de poder local. Quien aspira a gobernar un municipio queda expuesto antes, durante y después de la campaña.
La lectura política
El conteo, elaborado con datos de Integralia Consultores, Etellekt, Data Cívica, Laboratorio Electoral y Under Attack in Mexico, no mide intenciones ni atribuye responsabilidades. Su valor político está en otra parte: fija un piso verificable para exigir que la seguridad de quienes compiten sea parte del diseño electoral, no un tema posterior.
Rumbo a 2027, el dato plantea tres incentivos claros. Para los partidos, encarece la selección de candidatos en territorios de riesgo y puede empujar a perfiles con menor arraigo o menor exposición, lo que a su vez debilita la competencia local. Para las autoridades electorales, amplía la discusión sobre protocolos de protección, mapas de riesgo y coordinación con fuerzas de seguridad, aunque su margen formal es limitado. Para los gobiernos estatales y municipales, la violencia contra funcionarios en funciones revela que la protección empieza por la propia casa.
El límite de la evidencia es importante: el conteo no distingue motivaciones ni permite atribuir cada caso a un actor específico. Tampoco sustituye una investigación judicial. Pero la acumulación de 660 casos en cuatro ciclos deja de ser anécdota y se convierte en patrón. La pregunta política ya no es si la violencia afectará 2027, sino qué se hará antes de que empiece.
Qué sigue
El siguiente paso verificable es la respuesta institucional: si las autoridades electorales y de seguridad actualizan sus mapas de riesgo con estos datos y si los partidos incorporan criterios de protección en sus procesos de selección. También queda por verse si el conteo se actualiza con los casos de 2025 y 2026, año en que arranca formalmente el calendario rumbo a 2027. Sin una actualización, el diagnóstico corre el riesgo de envejecer justo cuando más se necesita.