Morena abre revisión del INE, pero blinda la elección de 2027

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Óscar Cantón Zetina, pidió investigar "hasta las últimas consecuencias" las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que, si se comprueba responsabilidad de Guadalupe Taddei y otros funcionarios, deben recibir sanciones penales, incluida la prisión. En la misma intervención planteó revisar la reforma electoral que eliminó la colegialidad del instituto, con una precisión que ordena todo lo demás: cualquier modificación no aplicaría para las elecciones de 2027.

La declaración ocurre después de que Taddei renunciara a la presidencia del INE el 25 de octubre de 2026, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés. El Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional, y la Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio sobre los procedimientos de licitación. Hasta la información disponible no se había reportado una resolución definitiva que acreditara responsabilidades individuales.

Cantón Zetina rechazó que la renuncia de Taddei baste para cerrar el caso y pidió "un castigo verdaderamente ejemplar". Su argumento combina tres piezas: investigación de las presuntas irregularidades, determinación de responsabilidades individuales y revisión de la estructura interna del organismo y sus mecanismos de decisión. "Lo que tenemos que reconocer es que hay una verdadera crisis en el Instituto Nacional Electoral. Eso nadie puede ocultarlo", expresó.

El señalamiento no equivale a una determinación judicial de culpabilidad. La eventual imposición de sanciones depende de investigaciones y procedimientos que aún no concluyen, y el propio legislador las condicionó a que se acredite la participación de los funcionarios. La diferencia importa: una cosa es la acusación política y otra el expediente.

La revisión que no toca 2027

La parte más relevante no es la exigencia de cárcel, sino el calendario. Al proponer revisar la reforma que eliminó la colegialidad, Cantón Zetina fijó un límite explícito: el cambio no tendría efectos en las elecciones de 2027. Esa precisión separa dos discusiones que suelen confundirse. Una es el diseño institucional del árbitro; otra es la regla con la que se organizará la renovación de la Cámara de Diputados.

En la práctica, la declaración funciona como una válvula: abre la puerta a corregir el diseño del INE sin mover las reglas del proceso en curso. Para un partido en el gobierno, revisar la colegialidad es una forma de responder al desgaste por la crisis del instituto sin asumir el costo de cambiar las condiciones de una elección que ya está en preparativos. Para la oposición, el límite temporal confirma que la discusión sobre el árbitro seguirá siendo materia de disputa política y no de rediseño inmediato.

El equilibrio interno también se lee. Un vicecoordinador de Morena en el Senado no habla a título personal cuando pide depuración y castigos: coloca al grupo parlamentario en posición de exigir cuentas al INE mientras protege el calendario electoral. Es una postura que permite reclamar firmeza institucional y, al mismo tiempo, evitar que la revisión se convierta en un frente de negociación sobre 2027.

La lectura política

El movimiento tiene tres funciones verificables. Primero, traslada el costo de la crisis a la administración saliente de Taddei y no al diseño que la hizo posible. Segundo, mantiene vivo el tema de la colegialidad como agenda legislativa, pero sin abrir un flanco sobre la elección de 2027. Tercero, envía una señal a aliados y adversarios: el INE puede ser revisado, pero el proceso no se toca.

Queda una pregunta que la evidencia no resuelve: si la revisión de la colegialidad se plantea como evaluación de diseño o como antesala de una nueva reforma. El legislador habló de evaluar si los cambios permiten consolidar un organismo transparente y, en caso contrario, reconsiderar el diseño institucional. Eso es una aspiración, no una iniciativa presentada. No hay aún candidatura, precandidatura ni posicionamiento electoral en juego; hay un posicionamiento legislativo sobre el árbitro.

Qué sigue

La ruta verificable pasa por la Auditoría Superior de la Federación y sus resultados sobre las licitaciones; por la definición de la presidencia provisional del INE y la operación del Consejo General; por la eventual presentación de una iniciativa para revisar la colegialidad, que hasta ahora no existe formalmente; y por el avance de los preparativos del proceso federal 2026-2027, que no se modifica con lo dicho. La pregunta abierta es si la revisión se queda en evaluación o se convierte en reforma, y con qué mayoría se negociaría.