RUTA 27 · MEDIUM
PAN pide destituir a la presidenta del INE sin pruebas y sin ruta legal
Jorge Romero anunció que Acción Nacional exigirá la remoción de la consejera presidenta, revisará contrato por contrato y rediseñará la estructura administrativa del árbitro electoral a menos de un año del arranque formal de 2027. No presentó evidencia ni precisó el procedimiento
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anunció que su partido exigirá la destitución de la presidenta del INE, la revisión de todos los contratos y nombramientos y una reforma a la estructura administrativa del organismo. Acusó irregularidades en contrataciones sin presentar pruebas ni precisar la vía jurídica. El movimiento presiona al árbitro electoral rumbo a 2027, pero también ex
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció que su partido exigirá formalmente la destitución de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), además de revisar contrato por contrato y nombramiento por nombramiento del organismo, y de impulsar un rediseño de su estructura administrativa. Lo hizo con un argumento de alto voltaje: si se pueden "arreglar contrataciones", también se podrían "arreglar elecciones".
El anuncio no vino acompañado de un solo contrato señalado, de una evidencia documental ni de la ruta jurídica para remover a la consejera presidenta. Romero habló de "presuntas irregularidades" en las contrataciones y de la necesidad de garantizar la imparcialidad del árbitro antes de 2027, pero no detalló qué normas se habrían violado ni qué procedimiento promoverá. Esa ausencia no es un detalle menor: define el carácter del movimiento.
La propuesta tiene dos capas. La primera es la remoción de la presidenta del INE. La segunda, más ambiciosa, es una reforma a la organización interna para evitar que las facultades administrativas se concentren en una sola figura. "El INE necesita un cambio de fondo más allá de quien lo presida", dijo Romero. El PAN también quiere revisar individualmente los nombramientos para conocer quién ocupa cada cargo, cuáles son sus responsabilidades y si existen vínculos personales o políticos que deban examinarse.
La lectura política
En la práctica, el anuncio funciona como un posicionamiento de campaña antes que como una ruta de remoción: coloca al PAN como el partido que desconfía del árbitro y presiona por un cambio de dirección, sin haber acreditado todavía la falta que lo justificaría. La diferencia importa. Una exigencia de destitución es un acto político; una destitución es un procedimiento jurídico que requiere causa, prueba y autoridad competente. Hasta ahora solo existe lo primero.
El incentivo es reconocible. El PAN llega a 2027 sin el gobierno federal y con la necesidad de disputar cada voto en condiciones que percibe adversas. Instalar la idea de que el INE no es confiable le permite dos cosas: preparar el terreno para impugnar resultados si le son desfavorables y marcar distancia de un organismo cuya integración no controla. Es la lógica del jugador que, antes de que ruede el balón, cuestiona al árbitro.
Pero el cálculo tiene costo. Cuestionar la imparcialidad del INE sin evidencia verificable desgasta la misma institución que el PAN dice querer proteger, y le entrega a sus adversarios un argumento fácil: si el árbitro está contaminado, cualquier derrota se explica por la trampa y cualquier victoria queda bajo sospecha. La confianza electoral es un bien común; quien la erosiona sin sustento también paga.
El movimiento también tiene una lectura interna. Romero, dirigente nacional en un ciclo donde el PAN reparte coordinaciones y perfiles rumbo a 2027 —incluidos nombramientos recientes en Tamaulipas, Huixquilucan y conversaciones con el PRI en Zacatecas—, necesita marcar perfil propio y demostrar que su partido no será espectador. La ofensiva contra el INE le da visibilidad nacional y un tema de agenda que no depende de negociaciones territoriales.
Queda una pregunta que la evidencia no responde: qué procedimiento jurídico concretaría la remoción. La presidencia del INE no se remueve por exigencia partidista; requiere un cauce institucional específico. Mientras ese cauce no se nombre, la exigencia opera como presión política, no como amenaza legal verificable.
Qué sigue
El PAN deberá formalizar su solicitud y precisar ante qué instancia la presenta, con qué fundamento normativo y con qué documentos. Si no lo hace, el anuncio quedará como declaración política sin consecuencias jurídicas. Si lo hace, se abrirá un debate sobre los límites de la crítica partidista al árbitro electoral y sobre la capacidad del INE para responder sin erosionar su propia autoridad. El calendario electoral de 2027 avanza y cada semana de cuestionamiento sin prueba pesa en la percepción pública.
Actualización
El PAN había pedido la destitución de Taddei sin pruebas; la detección de una cuenta falsa que la suplanta constituye una forma de desinformación que intensifica el conflicto político y la presión sobre la presidenta del INE. Leer el nuevo desarrollo.