Paro en módulos del INE el 9 de noviembre pone en riesgo la credencialización

Trabajadores de los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron un paro nacional para el lunes 9 de noviembre si el Consejo General no abre una negociación sobre el incremento salarial. La protesta, de concretarse, suspendería la credencialización en unos 800 módulos del país y pondría a la autoridad electoral frente a un conflicto laboral en su área de mayor contacto con la ciudadanía.

El anuncio lo hizo Edgar Fernández, trabajador de los módulos, en entrevista radiofónica. "Hay un paro nacional el lunes... nuestros sueldos son raquíticos, no llegan ni siquiera al mínimo nacional", dijo Fernández, quien presentó la medida como una propuesta al Consejo General y un llamado a negociar para evitarla. Según su testimonio, los empleados de atención ciudadana ganan alrededor de 4 mil 800 pesos por quincena.

El conflicto no es nuevo. Fernández relató que en diciembre de 2025 hubo un primer acercamiento con la entonces consejera presidenta Guadalupe Taddei para pedir un aumento del 25 por ciento, sin respuesta. En mayo de 2026 volvieron a plantear el tema ante Claudia Espino, y el resultado fue un análisis que concluyó que no había presupuesto para el incremento. La falta de respuesta institucional en dos momentos distintos es el antecedente inmediato del ultimátum.

El trabajador describió condiciones laborales precarias: vacaciones otorgadas sin criterio claro, apenas 12 minutos para comer, insumos insuficientes, equipos en mal estado y ausencia de personal de seguridad, además de que los propios empleados realizan la limpieza del lugar. También vinculó el problema presupuestal con los recortes anuales de la Cámara de Diputados al INE y con el caso de presunta corrupción que involucra a Taddei y a los hermanos Hernández Casillas por contratos millonarios. "No es posible que nosotros, siendo la base operativa, no tengamos dinero... pero sí para presuntamente repartirse contratos millonarios", sostuvo.

La lectura política

El paro funciona, en la práctica, como una medida de presión sindical sin estructura formal reconocida: no hay un sindicato de módulos que haya convocado, sino un trabajador que habla ante medios y fija una fecha. Eso le da velocidad al anuncio, pero también fragilidad organizativa. El movimiento coloca al Consejo General en una disyuntiva con costo político inmediato: negociar bajo amenaza de paro o dejar que la credencialización se detenga a menos de un año del arranque del proceso electoral federal de 2027.

El cálculo institucional es delicado. El INE llega al conflicto con dos frentes abiertos: el recorte presupuestal que año con año aplica la Cámara de Diputados y el desgaste por las investigaciones que involucran a la anterior presidencia. Un paro en módulos no solo afecta trámites: expone la incapacidad del árbitro para sostener su operación cotidiana justo cuando debe preparar el proceso electoral más grande del país.

Para los partidos, el conflicto es una señal de vulnerabilidad administrativa del INE que puede usarse en el debate presupuestal de 2027. Para los trabajadores, la fecha del 9 de noviembre es una apuesta: si el Consejo no responde, el paro ocurre; si responde, el movimiento se desactiva sin haber construido una organización permanente. La evidencia disponible no permite afirmar que exista una negociación en curso ni una oferta concreta del INE; solo consta la petición y la amenaza.

Qué sigue

El lunes 9 de noviembre es la fecha fijada para el paro. Antes de ese día, la pregunta verificable es si el Consejo General emite una respuesta formal o convoca a una mesa de negociación. También queda por verse si la Cámara de Diputados, en el debate presupuestal, modifica la partida del INE para 2027. Sin una de esas dos señales, el escenario base es la suspensión de actividades en los módulos y el consecuente freno a la credencialización.