Sheinbaum frena reforma electoral: cambios hasta después de 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existen restricciones constitucionales que impiden modificar las reglas electorales durante el desarrollo del proceso comicial de 2027, por lo que los cambios estructurales al modelo electoral tendrían que plantearse después de esa elección. La declaración no es un trámite: fija el calendario político de la reforma electoral y delimita qué puede hacerse desde ahora y qué queda diferido.

«No se puede ahora, porque ahí la Constitución establece claramente que mientras inicia el proceso electoral ya no puede haber modificaciones ni legales ni constitucionales relacionadas con la elección. Entonces, eso tiene que ocurrir pues ya después de la elección del 27», señaló la mandataria.

El artículo 105, fracción II, de la Constitución dispone que las leyes electorales federales y locales deben promulgarse y publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral en el que serán aplicadas, y que durante ese proceso no puede haber modificaciones fundamentales. La restricción no prohíbe cualquier ajuste normativo, sino los cambios sustanciales que alteren las reglas aplicables a la elección en marcha.

En el caso de los comicios de 2027, el proceso electoral federal arrancó en septiembre de 2026, por lo que cualquier cambio legal fundamental que pretenda aplicarse a esa elección enfrenta ya el límite constitucional. La lectura de Sheinbaum es consistente con esa disposición, aunque su alcance exacto se refiere a modificaciones fundamentales, no a toda la actividad normativa.

Revisión administrativa sin reforma

Aunque trasladó la reforma estructural al periodo postelectoral, Sheinbaum sostuvo que hay acciones administrativas que pueden impulsarse desde ahora. Mencionó la revisión de los procedimientos de contratación del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos electorales estatales, la transparencia en el uso de presupuestos y mecanismos para evitar la concentración de proveedores.

La mandataria pidió a los 10 consejeros electorales que acompañan la presidencia del INE revisar el funcionamiento administrativo del organismo y garantizar adquisiciones bajo criterios de transparencia. «Lo que nos corresponde a nosotros y al INE actual, los 10 consejeros que están hoy en el INE, es sanear, limpiar, garantizar que las contrataciones sean totalmente transparentes», afirmó.

También cuestionó el modelo que, desde su perspectiva, concentró en el Consejo General del INE la designación de consejeros estatales, y lo relacionó con los acuerdos del Pacto por México. Sostuvo que la mayoría de los actuales integrantes de los organismos electorales locales fueron nombrados durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE, cargo que ocupó entre 2014 y 2023.

De acuerdo con información presentada por el propio INE en agosto de 2022, desde 2014 se habían emitido 162 convocatorias para integrar consejos locales y realizado 463 designaciones entre presidencias y consejerías. La coincidencia temporal con la gestión de Córdova no constituye por sí misma una irregularidad: los nombramientos se hicieron mediante procedimientos de selección y evaluación previstos en la legislación.

La lectura política

El movimiento tiene dos tiempos y una función práctica: ordenar el calendario de la reforma electoral sin renunciar al diagnóstico. Al declarar que la Constitución impide cambios durante el proceso, Sheinbaum fija un límite verificable y traslada la discusión estructural al periodo posterior a 2027. Eso le permite preservar el tema en la agenda sin cargar el costo político de una reforma que, de otro modo, podría leerse como intervención en la elección en marcha.

En la práctica, la declaración funciona como una señal de contención: marca que el gobierno no pretende alterar las reglas de la elección de 2027, al tiempo que mantiene abierta la crítica al diseño del INE y a la concentración de facultades en su Consejo General. La revisión administrativa y de fiscalización opera como el canal disponible para sostener esa crítica sin tocar la norma electoral.

El incentivo es claro. Una reforma estructural en pleno proceso comicial habría abierto un frente de impugnación y desgaste; una revisión de contrataciones y transparencia permite al gobierno mantener la iniciativa política, presionar al árbitro electoral y responder a quienes cuestionan el uso de recursos públicos, sin cruzar la línea constitucional. Para los partidos y los organismos locales, la señal es que el ajuste de fondo queda en la agenda postelectoral, lo que deja abierta la negociación sobre su alcance.

El límite también es claro: no hay aún una iniciativa de reforma, ni un plazo definido para discutirla, ni una propuesta formal sobre el modelo de designación de consejeros estatales. Lo que existe es una declaración de intención y un diagnóstico. La diferencia entre el nombre formal de la revisión administrativa y su función política es relevante: la revisión puede operar como antesala de una discusión mayor, pero todavía no constituye una reforma ni un cambio de reglas.

Qué sigue

El proceso electoral federal de 2027 ya está en marcha, por lo que cualquier cambio legal fundamental que pretenda aplicarse a esa elección queda acotado por el artículo 105 constitucional. Los pasos verificables son la revisión de contrataciones y presupuestos que Sheinbaum pidió al INE, la respuesta de los consejeros electorales y la eventual discusión de una reforma estructural una vez concluida la elección de 2027. No hay fecha ni iniciativa formal para esa discusión.