RUTA 27 · HIGH
Sheinbaum convierte TGM en empresa pública para fabricar material electoral
La imprenta estatal que en 2024 imprimió 317 millones de boletas pero no pudo fabricar urnas ni mamparas vuelve al centro de la organización comicial a un año de la elección de 2027.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Talleres Gráficos de México pasará de organismo descentralizado a empresa pública del Estado para producir papelería y materiales electorales sin intermediarios. El movimiento responde al escándalo por contrataciones del INE concentradas en pocas empresas y busca que la imprenta estatal llegue con capacidad propia a la elección de 2027.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Talleres Gráficos de México (TGM) dejará de ser un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación para convertirse en empresa pública del Estado, con consejo de administración y auditorías permanentes, facultada para fabricar papelería y materiales electorales sin intermediarios. El cambio no es un ajuste administrativo menor: toca la cadena de suministro de la organización electoral a un año de los comicios de 2027 y responde a un cuestionamiento sobre por qué el Estado paga a particulares por insumos que alguna vez produjo por sí mismo.
TGM nació en 1883 para imprimir mapas, estadísticas, reglamentos e informes; después vinieron la Constitución de 1917 y los libros de texto. Desde 1999 opera como organismo descentralizado. En 2024 imprimió 317 millones de boletas federales, pero no fue capaz de fabricar urnas ni mamparas, lo que dejó esos insumos en manos de licitaciones privadas. La asimetría es el corazón del problema: la imprenta estatal conservó la parte gráfica del proceso y perdió la producción física del mobiliario electoral.
El deslinde no ocurrió de golpe. En 2018, Jesús George Zamora —entonces titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) y hoy consejero jurídico de Delfina Gómez— cuestionó la capacidad de TGM para cumplir ciertos contratos. En 2020, el Consejo General del INE abrió a licitación los materiales de plástico y cartón y reservó a TGM las boletas y actas federales. A eso se sumó una decisión legislativa: la autonomía de los 32 organismos electorales locales fragmentó las compras y, en 2024, 19 de ellos no suscribieron el convenio marco con TGM.
La presidenta ha sostenido que dos empresas concentran los contratos de material electoral del INE, señalamiento que formuló el 30 de octubre junto con la exigencia de auditar las contrataciones del árbitro antes de fincar responsabilidades. La conversión de TGM en empresa pública se inscribe en esa misma línea argumental: si el Estado recupera capacidad productiva, reduce la dependencia de un puñado de proveedores y puede fijar condiciones propias de precio, volumen y plazo.
La lectura política
El movimiento cumple una función práctica antes que simbólica: coloca al Estado en posición de disputar al mercado un segmento estratégico de la organización electoral, justo cuando el INE atraviesa una transición de liderazgo tras la renuncia de Guadalupe Taddei y la Cámara de Diputados debe designar a su relevo. En ese contexto, la conversión de TGM funciona como una señal de orden: el Ejecutivo se presenta como garante de que habrá boletas, urnas y mamparas en 2027, sin depender de la capacidad de reacción de un árbitro en reacomodo.
También redistribuye márgenes de maniobra. Gana el Ejecutivo, que suma una palanca de producción y un argumento de transparencia; gana la Secretaría de Gobernación, que conserva la sectorización mientras se define la nueva figura; pierden espacio los proveedores privados que hoy concentran contratos. El INE, en cambio, queda ante una disyuntiva: usar la capacidad estatal o mantener licitaciones abiertas, decisión que su nuevo Consejo General tendrá que tomar con el calendario de 2027 encima.
La conversión es, por ahora, un anuncio presidencial; no equivale a una reforma legal consumada ni a un cambio estatutario publicado. Falta definir el instrumento jurídico, el patrimonio de la nueva empresa, su régimen de contratación y la fecha en que estaría en condiciones de producir mobiliario electoral. Sin esos elementos, la lectura más sólida es que se trata de una decisión de alto impacto en la cadena de suministro comicial, no de una candidatura ni de un posicionamiento partidista: el actor que se beneficia es el Estado como productor, no una fuerza política específica.
El precedente verificable es la propia trayectoria de TGM: cada vez que perdió capacidad técnica, el argumento de la eficiencia privada justificó la externalización. La apuesta de Sheinbaum invierte la secuencia —reconstruir capacidad pública primero— y envía a aliados y adversarios un mensaje sobre dónde debe estar la frontera entre lo público y lo privado en materia electoral.
Qué sigue
El primer paso verificable es la definición jurídica de la nueva empresa pública: si requerirá iniciativa de ley, decreto o modificación de su decreto de creación, y en qué plazo. En paralelo, el INE deberá resolver su esquema de contratación para 2027 y la Cámara de Diputados designar a la nueva presidencia del árbitro. La prueba de fuego será operativa: si TGM puede fabricar urnas y mamparas con producción interna suficiente antes del arranque del proceso electoral, la conversión habrá cambiado algo real; si no, quedará como anuncio sin consecuencia material.