Téllez frena en seco el 86% que pide el INE para 2027

El diputado Héctor Saúl Téllez puso sobre la mesa un número incómodo en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027: el Instituto Nacional Electoral (INE) solicita 42 mil 274 millones de pesos, frente a los alrededor de 21 mil 800 millones que ejerce en 2026. Un incremento de 86% que, en pleno año electoral, deja de ser un detalle administrativo y se convierte en una disputa política sobre cuánto cuesta organizar la elección y quién paga la factura.

El cuestionamiento ocurrió durante la comparecencia de Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que aprobó un gasto neto total de 10.6 billones de pesos, 4.3% más que lo aprobado para 2026. El reclamo de Téllez no impugna la elección: impugna la cifra con la que el árbitro pretende organizarla.

“Entendemos que es un año electoral en el año 2027, pero sí resulta de suma relevancia que pudiera el propio Instituto Nacional Electoral explicar el presupuesto que han proyectado”, sostuvo el legislador del PAN. La petición es precisa: que el instituto detalle sus necesidades ante el Congreso, no solo ante Hacienda.

El contraste con el resto del proyecto presupuestal es notable. Salud recibiría 2.7 billones de pesos, 11.3% más; educación, 1.3 billones, 10.7% más; seguridad, 341 mil millones, 11.5% más; campo, 106 mil millones, 20% más. Ningún ramo del gasto programable crece al ritmo que el INE pide para 2027. Ese diferencial es el que da fuerza política al cuestionamiento: en un presupuesto de disciplina fiscal, con un costo financiero de la deuda estimado en 1.6 billones de pesos, el árbitro electoral aparece como el solicitante más ambicioso.

La lectura política

El movimiento de Téllez cumple una función que va más allá de la aritmética. Al exigir al INE explicar su anteproyecto, el panista coloca al instituto en posición de compareciente ante el Congreso en un año en que ese mismo Congreso deberá aprobarle recursos. Es una maniobra de posicionamiento legislativo: quien pide explicaciones hoy fija los términos de la negociación de mañana.

El incentivo partidista es claro. El PAN ha construido un perfil de vigilancia sobre la imparcialidad del proceso rumbo a 2027: el propio Téllez ha cuestionado en semanas recientes el uso de estructuras de programas sociales con fines electorales y la coacción del voto. La revisión presupuestal del INE se inscribe en esa misma línea, aunque con un matiz distinto: aquí no se acusa al árbitro de parcialidad, se le pide transparencia en el gasto. Es una crítica que puede ejercerse sin romper con el instituto y que, a la vez, envía señal a la base panista de que alguien vigila el costo de la elección.

Hay un límite que conviene precisar. Cuestionar el monto solicitado no equivale a una candidatura ni a una precandidatura de facto: es un posicionamiento legislativo en el debate presupuestal. Téllez no compite por un cargo en 2027 con este movimiento; lo que hace es construir un perfil de fiscalizador del gasto electoral que puede rendirle políticamente en el mediano plazo.

El equilibrio interno también importa. El PRI, por voz de Mario Zamora, llevó la discusión hacia la seguridad en Sinaloa, no hacia el INE. Esa división de énfasis entre los dos partidos de oposición sugiere que el frente común contra el presupuesto no es homogéneo: cada bancada elige el ángulo que más le conviene. El INE queda así en una posición delicada: debe justificar su gasto ante una Cámara donde la oposición tiene incentivos para exhibirlo y el oficialismo para contenerlo.

Qué sigue

El proyecto del PEF 2027 aprobado en comisiones deberá discutirse y votarse en el pleno de la Cámara de Diputados. En ese trayecto se definirá si la solicitud del INE se mantiene, se ajusta o se somete a una reducción. El instituto tiene pendiente explicar públicamente el desglose de sus 42 mil 274 millones de pesos, particularmente el componente asociado a la organización de la elección de 2027. La pregunta verificable es si esa explicación llega antes de la votación en el pleno o si el debate presupuestal se resuelve sin que el árbitro detalle su anteproyecto.