SEGURIDAD · MEDIUM
Fiscal de Jalisco defiende detenciones del 11 de octubre ante el Congreso
Salvador González de los Santos compareció tras la suspensión de la sesión por falta de quórum y reconoció omisiones en el resguardo del Rancho Izaguirre, sin dar cifras.
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, compareció ante el Congreso estatal para explicar el manejo de desapariciones, feminicidios, el Rancho Izaguirre y las detenciones de la protesta del 11 de octubre. Reconoció omisiones en el resguardo del rancho y defendió que un juez, no la Fiscalía, determine responsabilidades de los detenidos. No ofreció cifras sobre el caso Teuchitlán.
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, compareció este miércoles ante el Congreso del Estado para rendir cuentas sobre el manejo de casos de seguridad, entre ellos desapariciones, feminicidios, la investigación del Rancho Izaguirre y las detenciones derivadas de la protesta por la mala calidad del agua del 11 de octubre. La sesión, que había sido cancelada por falta de quórum, comenzó cerca de las 10:30 horas, con una hora de retraso, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.
La comparecencia colocó en el centro del debate público dos expedientes sensibles: el resguardo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, y las indagatorias contra manifestantes, sobre las que legisladores pidieron explicaciones por presuntos actos de tortura y detenciones ilegales.
El resguardo del rancho y las omisiones reconocidas
El legislador Enrique Velázquez, presidente de la Mesa Directiva, cuestionó que el gobierno estatal anterior negó el reclutamiento forzado y criticó la situación de las fosas y las indagatorias en el Rancho Izaguirre. La priista Alondra Fausto reclamó que van dos años desde que el rancho fue desmantelado, en septiembre de 2024, y pidió cifras objetivas.
El fiscal no ofreció esas cifras, pero reconoció que la Fiscalía Anticorrupción lleva indagatorias por posibles omisiones. "En cuanto al Rancho Izaguirre, tengo información de que ya fueron judicializadas algunas carpetas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se está a la espera, tengo entendido, de que se fijen las fechas para las imputaciones", declaró. Y añadió: "desde luego que hubo omisiones, particularmente en lo que refiere respecto al resguardo debido del rancho y de las cosas que se encontraron".
El reconocimiento de omisiones en el resguardo del rancho es el dato institucional más relevante de la comparecencia, porque desplaza la discusión del hallazgo hacia la cadena de custodia y la actuación de las autoridades.
La protesta del 11 de octubre
Sobre las detenciones durante la protesta por la mala calidad del agua, legisladores preguntaron por qué la dependencia no se desiste de las indagatorias contra los detenidos. El fiscal respondió que la decisión se toma caso por caso y con base en los datos disponibles al momento de la detención.
"¿Por qué no se solicita el desistimiento del ejercicio de la acción? Tiene que ver en relación a los datos, información proporcionada al momento de la detención, con base a lo manifestado por los policías en el IPH y el Ministerio Público consideró que había elementos para un eventual ejercicio de la acción penal, que así resultó y posteriormente remitidos al juzgado. No nos ponemos en una decisión de ser o no responsables, esto lo tiene que determinar un juez", dijo.
La respuesta del fiscal traslada la responsabilidad sobre la situación jurídica de los manifestantes al Poder Judicial, sin abordar las acusaciones de tortura que legisladores plantearon en la sesión.
La lectura
La comparecencia deja tres elementos verificables. Primero, la Fiscalía reconoce omisiones en el resguardo del Rancho Izaguirre y confirma que hay carpetas judicializadas por la Fiscalía Anticorrupción, aunque sin fechas de imputación ni cifras. Segundo, el fiscal sostiene que las detenciones de manifestantes se basaron en el informe policial homologado y que la responsabilidad penal la definirá un juez. Tercero, la sesión misma estuvo marcada por la ausencia de diputados que obligó a reprogramarla.
El contraste entre el reconocimiento de omisiones y la falta de cifras sobre el caso Teuchitlán es el punto que legisladores de oposición subrayaron. También quedó sin respuesta puntual el cuestionamiento sobre posibles infiltraciones de grupos criminales, planteado por la morenista Itzul Barrera.
En materia de desapariciones, el fiscal afirmó que las investigaciones son complejas y con alto tecnicismo, y señaló que este año suman entre 38 y 40 sentencias condenatorias por desaparición, además de 22 casos de feminicidios con personas detenidas. Destacó un aumento en detenciones, vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias, así como una baja en el rezago.
Qué sigue
Queda por esclarecer cuántas carpetas por omisiones en el Rancho Izaguirre están judicializadas, cuándo se fijarán las fechas de imputación y qué autoridades serían señaladas. También falta precisar el estado procesal de cada detenido en la protesta del 11 de octubre y si las acusaciones de tortura serán investigadas por un órgano independiente de la Fiscalía. Sin esos datos, la rendición de cuentas ante el Congreso queda incompleta.